19 ene 2016

Increíble: pide millones por no contaminar



La Voz del Interior - Edición Electrónica (19/01/2016)
Provincia tomó el caso de posible contaminación del Río Dolores

El intendente de La Cumbre, Rubén Ovelar, se reunió con el Secretario de Ambiente de la Provincia, Javier Bricth, para tratar la denuncia de vecinos de Punilla que advirtieron la posibilidad de contaminación con pesticidas.
Hoy en horas de la mañana el intendente de La Cumbre, Rubén Ovelar, se reunió con el Secretario de Ambiente de la Provincia, Javier Bricth, para tratar la denuncia de vecinos de Punilla que advirtieron la posibilidad de contaminación con pesticidas del río Dolores, ubicado cerca de la mencionada localidad.
Ayer La Voz del Interior informó sobre la negociación donde un productor de papa que arrendó un campo cercano a esa cuenca hídrica pidió 4,9 millones de pesos a moradores de la zona para no fumigar y evitar la pérdida de la plantación.
Tras el encuentro, Provincia decidió enviar la patrulla ambiental al inmueble rural y verificar si el río ya fue contaminado. También tomará parte del asunto el Ministerio de Agricultura, autoridad de aplicación de la ley de Agroquímicos, que establece una serie de requisitos que deben cumplir todos aquellos que utilicen productos de fumigación para el campo.

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La Voz del Interior (19/01/2016)
Pide $ 4,9 millones para no fumigar en las Sierras

Un productor de papas solicitó esa cifra para no utilizar agroquímicos a la vera del río Dolores. Un grupo de vecinos, con intermediación del intendente, le ofreció un millón de pesos, pero sin éxito. Hoy la Secretaría de Ambiente trata el tema.
Una negociación entre un productor de papa y un grupo de vecinos del valle de Punilla –mediada por un intendente de la zona–, concluyó con una singular propuesta: 4,9 millones de pesos a cambio de no fumigar.
El conflicto, aún no resuelto, se ancla en la petición de moradores de zonas cercanas a las nacientes del río Dolores, en el camino a Cuchi Corral al oeste de la ciudad de La Cumbre, para que el arrendador de la propiedad rural, Jorge Rochetti, no utilice agroquímicos.
Los reclamantes argumentan que el uso de estos productos contaminarían el cauce, utilizado tanto para consumo humano como para fines turísticos. Uno de ellos, Fernando Farré Plá, sostuvo que “no sólo perjudicaría la salud de las personas cercanas a las plantaciones, sino la de todos los habitantes de los pueblos por los que pasa el río Dolores, como San Esteban y Dolores”. Señaló que la contaminación podría diseminarse hasta el dique El Cajón de Capilla del Monte, bajar por San Marcos Sierras y terminar en el dique Cruz del Eje.
Durante una extensa reunión entre las partes, donde estuvo presente el intendente de La Cumbre, Rubén Ovelar, Rochetti habría ofrecido retirarse de su labor a cambio de que le aseguraran económicamente la inversión con los casi cinco millones de pesos. La propuesta del privado fue confirmada tanto por el intendente como por los vecinos autoconvocados, no así por el productor quien telefónicamente declaró no saber nada de la negociación.
Previamente, los vecinos habían pedido al arrendador que cuantificase la pérdida de producción en caso de no fumigar y habían ofrecido pagar un millón de pesos que iban a intentar juntar realizando una colecta en las localidades cercanas.

Punto muerto
Las conversaciones se estancaron y los moradores convocaron a las poblacio­nes aleda­ñas a participar del fes­tival “Aten­tos al Agua, Punilla” el domingo 31 de enero en San Esteban, como forma de protesta­ pa­ra frenar el uso de pesticidas.
Según explicó Farré Plá, se trata de una acción pacífica que busca también una solución ­para los productores: “Nuestro deseo es detener en paz esta y todas las fumigaciones que ­afectan a la salud y limpieza de nues­tro río Dolores. Necesitamos con­seguir el apoyo de los vecinos para tener ordenanzas en cada municipio de Punilla que pueden ofrecer a los pro­ductores soluciones limpias para plantar y cosechar. Acá no hay partidos políticos en la organización”.

Normativas
La Cumbre sancionó la ordenanza 3.011 que instaura la prohibición del uso de agroquímicos en su ejido urbano.
Sin embargo, la propiedad arrendada por Rochetti se encuentra fuera del límite de la ciudad, a escasos metros, aunque muy cerca del nacimiento del río Dolores.
La discusión entonces se encuadra en el ámbito provincial, donde el área competente deberá determinar si el productor se adecúa o no a la Ley de Agroquímicos 9.164, que establece en su artículo octavo las medidas fitosanitarias a cumplirse.
Sin embargo, lo complejo de la situación es que podría existir un gris normativo, ya que el uso de pesticidas es apto en zonas rurales y el campo en cuestión estaría ubicado apenas fuera del límite de una zona ­turística.

Cómo continúa el conflicto
Jurisdicción. Ayer los vecinos autoconvocados ingresaron una nota para que la Provincia tome cartas en el asunto debido a que el campo en cuestión se encuentra apenas fuera del ejido municipal de La Cumbre.
Reunión. El intendente de esa localidad, Rubén Ovelar, informó que hoy a las 8 se reúne con las autoridades de la Secretaría de Ambiente.

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Buscan soluciones de fondo para el futuro

El contrato entre la sociedad propietaria del campo y el productor Jorge Rochetti caducaría este año.
Coincide con la cosecha de papas prevista para esta temporada.
De acuerdo con los vecinos y luego de algunas conversaciones en los últimos meses, se habría forjado un compromiso por parte de los dueños para que en el futuro las tierras se arrienden para producciones que garanticen la no utilización de agroquímicos.
La idea es, además, posi­cionar esta parte del valle de Punilla como generadora de producciones orgánicas y sustentables.
También existe la posibilidad, más compleja, de que el ejido urbano de La Cumbre se amplíe, incluyendo este inmueble rural.
De esa manera, las tierras querían alcanzadas por la ordenanza 3.011 y se anularía por completo la chance de fumigaciones.
No obstante, ambas situaciones no son inmediatas, sino de mediano plazo. Aunque plantean soluciones de fondo, no resuelven el caso del productor actual, razón por la cual será el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía la autoridad que arbitrará en el conflicto.

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