16 jun 2015
Alegatos en el juicio a campesinos en Deán Funes
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (16/06/2015)
“Pareciera que para la Justicia haber nacido en el campo es hoy un delito”
Mañana se leerán los alegatos en el juicio que se desarrolla en la Cámara del Crimen de Deán Funes, que podría llevar a prisión a dos miembros de la comunidad rural de Los Pozos por la usurpación de la que dicen ser sus propias tierras. Mario Barcena y Javier González (campo comunitario La Libertad) y Estela Heredia (de La Cumbre) relataron sus experiencias y alertaron acerca del avance de los empresarios desarrollistas sobre terrenos con posesión ancestral.
a lectura de los alegatos de partes, en el juicio presidido por el juez de Deán Funes, Abraham Elías, prevista para mañana a las 9, genera gran expectativa en los integrantes del Movimiento Campesino Córdoba, que ven con preocupación que la Justicia esté evaluando llevar a prisión a dos miembros de la comunidad rural de Los Pozos, a 87 kilómetros de Sebastián Elcano, por la usurpación de la que dicen ser sus propias tierras.
Ya la experiencia del remate de los campos de la comunidad campesina de La Libertad, donde residen unas 50 familias, había sentado un precedente.
En esta oportunidad, hay 30 nucleos familiares en jaque, entre los cuales dos personas fueron imputadas por usurpar terrenos de los cuales aseguran tener posesión ancestral.
Mario Barcena (en representación de Los Pozos), Javier González (campo comunitario La Libertad) y Estela Heredia (de La Cumbre) relataron su preocupación por el avance de los empresarios desarrollistas sobre sus campos.
Impotencia
“Hemos ido con los jueces, los fiscales, a mostrarle donde vivimos los campesinos. Han ido al campo La Libertad, a Los Pozos, a La Cumbre, y así con todo, hoy dos compañeros de Los Pozos corren riesgo de quedar presos. Es lamentable porque los imputaron por usurpación a pesar de que ellos nacieron allí, sus padres, sus hijos y sus nietos también. Pareciera que para la Justicia haber nacido en el campo hoy es un delito. Es inaudito”, señaló Mario Barcena en diálogo con LA MAÑANA.
Según explicó en esas tierras hay aproximadamente 30 familias distribuidas en 9 mil hectáreas. Los imputados son Miguel Rojas, y Sebastián Ramírez.
“Hoy los acusan porque el que se dice dueño de ese terreno -que hace más de 30 años se fue, cuando estos compañeros ya vivían y producían ahí- ahora aparece porque está pasando una situación difícil, y aparentemente fue tentado por empresarios con mucho dinero que le deben haber hecho una buena oferta”, explicó.
Por su parte, Javier González, uno de los poseedores del campo La Libertad, recordó que tras la decisión de la Justicia en diciembre pasado de rematar esas tierras, las 50 familias originarias del lugar, siguen resistiendo.
“Hace dos meses se paró una camioneta con cuatro personas, entre ellas la oficial de Justicia, y nos dijeron que venían a poner en posesión a los señores que ganaron el remate. Le dijimos que los dueños de las tierras somos nosotros. Sólo hay dos lotes, según se leyó claramente en el remate, que son La Marsellesa y La Salvación, que figuran como desocupados y que sí podían ser puestos en posesión, pero no los nuestros”, afirmó.
González aseguró que las familias viven “con mucha impotencia” el accionar de la Justicia: “Seguiremos resistiendo allí hasta las últimas consecuencias”.
Apelación
En tanto, Estela Heredia, de La Cumbre, relató que en su caso “surgió una sociedad anónima reclamando el lugar rompiendo alambrados con máquinas. En nuestros terrenos viven cuatro familias y somos personas trabajadoras. Logramos frenar en su momento ese avance pero en el 2005 se presentó un señor y nos inició un juicio reclamando una usurpación. Nos reclama la tierra que nunca cuidó ni trabajó como hicimos nosotros. Hoy yo estoy impedida de trabajar, no puedo producir allí, por orden de la fiscalía de Cosquín, que me privó de mi fuente laboral”, señaló Estela.
Según dijo, su familia ha dado “pruebas fehacientes de que estas tierras son nuestras, porque hay derechos ancestrales en el lugar, hay papeles e impuestos, y un montón de documentos que prueban que es así. ¿Cómo funciona entonces la Justicia? ¡A nosotros nos dejaron casi sin identidad y sin poder trabajar!”, comentó.
Según adelantaron los campesinos, si la sentencia confirma prisión a los campesinos, se apelará la medida. “Sería lamentable van presos. Por eso, el Movimiento Campesino está convocando a las organizaciones sociales y barriales a que acompañen este reclamo porque nuestra vida ha sido, es y será en el campo y ahí resistiremos”, sentenció Mario Bárcena.
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“Pareciera que para la Justicia haber nacido en el campo es hoy un delito”
Mañana se leerán los alegatos en el juicio que se desarrolla en la Cámara del Crimen de Deán Funes, que podría llevar a prisión a dos miembros de la comunidad rural de Los Pozos por la usurpación de la que dicen ser sus propias tierras. Mario Barcena y Javier González (campo comunitario La Libertad) y Estela Heredia (de La Cumbre) relataron sus experiencias y alertaron acerca del avance de los empresarios desarrollistas sobre terrenos con posesión ancestral.
a lectura de los alegatos de partes, en el juicio presidido por el juez de Deán Funes, Abraham Elías, prevista para mañana a las 9, genera gran expectativa en los integrantes del Movimiento Campesino Córdoba, que ven con preocupación que la Justicia esté evaluando llevar a prisión a dos miembros de la comunidad rural de Los Pozos, a 87 kilómetros de Sebastián Elcano, por la usurpación de la que dicen ser sus propias tierras.
Ya la experiencia del remate de los campos de la comunidad campesina de La Libertad, donde residen unas 50 familias, había sentado un precedente.
En esta oportunidad, hay 30 nucleos familiares en jaque, entre los cuales dos personas fueron imputadas por usurpar terrenos de los cuales aseguran tener posesión ancestral.
Mario Barcena (en representación de Los Pozos), Javier González (campo comunitario La Libertad) y Estela Heredia (de La Cumbre) relataron su preocupación por el avance de los empresarios desarrollistas sobre sus campos.
Impotencia
“Hemos ido con los jueces, los fiscales, a mostrarle donde vivimos los campesinos. Han ido al campo La Libertad, a Los Pozos, a La Cumbre, y así con todo, hoy dos compañeros de Los Pozos corren riesgo de quedar presos. Es lamentable porque los imputaron por usurpación a pesar de que ellos nacieron allí, sus padres, sus hijos y sus nietos también. Pareciera que para la Justicia haber nacido en el campo hoy es un delito. Es inaudito”, señaló Mario Barcena en diálogo con LA MAÑANA.
Según explicó en esas tierras hay aproximadamente 30 familias distribuidas en 9 mil hectáreas. Los imputados son Miguel Rojas, y Sebastián Ramírez.
“Hoy los acusan porque el que se dice dueño de ese terreno -que hace más de 30 años se fue, cuando estos compañeros ya vivían y producían ahí- ahora aparece porque está pasando una situación difícil, y aparentemente fue tentado por empresarios con mucho dinero que le deben haber hecho una buena oferta”, explicó.
Por su parte, Javier González, uno de los poseedores del campo La Libertad, recordó que tras la decisión de la Justicia en diciembre pasado de rematar esas tierras, las 50 familias originarias del lugar, siguen resistiendo.
“Hace dos meses se paró una camioneta con cuatro personas, entre ellas la oficial de Justicia, y nos dijeron que venían a poner en posesión a los señores que ganaron el remate. Le dijimos que los dueños de las tierras somos nosotros. Sólo hay dos lotes, según se leyó claramente en el remate, que son La Marsellesa y La Salvación, que figuran como desocupados y que sí podían ser puestos en posesión, pero no los nuestros”, afirmó.
González aseguró que las familias viven “con mucha impotencia” el accionar de la Justicia: “Seguiremos resistiendo allí hasta las últimas consecuencias”.
Apelación
En tanto, Estela Heredia, de La Cumbre, relató que en su caso “surgió una sociedad anónima reclamando el lugar rompiendo alambrados con máquinas. En nuestros terrenos viven cuatro familias y somos personas trabajadoras. Logramos frenar en su momento ese avance pero en el 2005 se presentó un señor y nos inició un juicio reclamando una usurpación. Nos reclama la tierra que nunca cuidó ni trabajó como hicimos nosotros. Hoy yo estoy impedida de trabajar, no puedo producir allí, por orden de la fiscalía de Cosquín, que me privó de mi fuente laboral”, señaló Estela.
Según dijo, su familia ha dado “pruebas fehacientes de que estas tierras son nuestras, porque hay derechos ancestrales en el lugar, hay papeles e impuestos, y un montón de documentos que prueban que es así. ¿Cómo funciona entonces la Justicia? ¡A nosotros nos dejaron casi sin identidad y sin poder trabajar!”, comentó.
Según adelantaron los campesinos, si la sentencia confirma prisión a los campesinos, se apelará la medida. “Sería lamentable van presos. Por eso, el Movimiento Campesino está convocando a las organizaciones sociales y barriales a que acompañen este reclamo porque nuestra vida ha sido, es y será en el campo y ahí resistiremos”, sentenció Mario Bárcena.
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