29 may 2015

Provincia rechaza los amparos por crecidas



La Voz del Interior (29/05/2015)
Provincia rechaza amparos por crecidas

El Gobierno de Córdoba pidió a la Justicia no hacer lugar a medidas cautelares solicitadas por vecinos de Jesús María sobre reclamos de obras.
Jesús María. El Gobierno de Córdoba rechazó en la Justicia el recurso de amparo ambiental colectivo que iniciaron 80 vecinos de Jesús María tras los daños causados en esa ciudad por las crecidas de febrero y marzo pasados. Ahora, la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba, que entiende en el caso, debe resolver si hace lugar al pedido de los amparistas o lo archiva, como solicitó la Provincia.
A través del procurador del Tesoro, Pablo Reyna, la Provincia argumentó que las acciones que se le reclaman por esa vía judicial no son competencia provincial sino municipal, que el amparo fue presentado fuera de tiempo, y que no hubo omisión de obras sobre el cauce del río Jesús María. Además, cuestionó que el Poder Judicial pueda ordenar al Ejecutivo la realización de obras que son de su competencia exclusiva, y amenazó con llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación si la Justicia de Córdoba avala la pretensión de los amparistas.
“No ha existido ni omisión, ni desidia ni arbitrariedad, toda vez que mi representada llevó a cabo y sigue llevando a cabo una serie de acciones oficiales tendientes a prevenir y morigerar los efectos derivados de la situación planteada por la crecida del río, a lo que hay que agregar que el cauce citado está volviendo a la normalidad y ya no hay un peligro inminente”, expuso el procurador.
En 25 párrafos, encabezándolos con la palabra “niego”, el Gobierno rechazó el recurso patrocinado por un abogado de Jesús María. Además, la Provincia argumenta que hay obras en marcha y licitadas en el sector pretendido.

El pedido
El amparo, presentado ante la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba, solicitó que la Justicia exigiera a la Provincia, a través de medidas cautelares, acciones y obras concretas, y en un plazo determinado, que eviten nuevos daños por crecidas en la ciudad, además del montaje de un sistema de alertas tempranas del que esta cuenca hídrica carece. Se argumentó, en ese caso, que es la Provincia y no los municipios y comunas quien tiene jurisdicción sobre los ríos y arroyos. Los 80 vecinos firmantes no reclaman acciones judiciales individuales ni indemnizatorias por daños, sino un compromiso de obras públicas a ejecutar.
El amparo ambiental es un tipo de recurso novedoso que en los últimos años ha sumado varios antecedente en Córdoba y en el país. El más relevante fue el que terminó con una orden de la Corte Suprema de Justicia que obligó a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense a acordar y ejecutar, en un determinado plazo, medidas de saneamiento de la contaminada cuenca del río Riachuelo.

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