22 may 2015
Cautelar por uso de glifosato en Agricultura
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (22/05/2015)
Presentan cautelar por uso de glifosato ante la Secretaría de Agricultura
Se trata de un proceso administrativo ante el Gobierno provincial para detener de manera paulatina el uso de plaguicidas y herbicidas catalogados cancerígenos por la OMS. La autoría es de Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados formalizó una presentación administrativa ante la Secretaría de Agricultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a cargo de Juan Cruz Molina Hafford, en la que solicitan “iniciar de manera inmediata y urgente las gestiones ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para obtener la exclusión del glifosato (principio activo y formulado) de la nómina de productos autorizados».
Asimismo y hasta tanto el reclamo no sea resuelto, la ONG requirió como medida cautelar administrativa la suspensión de las aplicaciones aéreas y terrestres de glifosato a una distancia inferior a los 5.000 metros de las zonas urbanas de los municipios, asentamientos poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, como así de pozos de extracción de agua para consumo humano.
Los requerimientos se sustentan técnica y científicamente, según Red de Médicos, en la reciente reclasificación realizada por el “Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Iarc)”, que tras evaluar la carcinogenicidad de los plaguicidas organofosforados tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón, y el glifosato concluyó que “hay evidencias para clasificar al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
En ese sentido, consultado por LA MAÑANA, el médico Medardo Ávila Vázquez indicó que se adjuntó al pedido original un anexo de 400 páginas con 120 letters (artículos académicos para trabajos científicos) que apoyan el pedido de “toma de conciencia por parte de las autoridades provinciales sobre la problemática sanitaria que Córdoba enfrenta”.
Asimismo, agregó que el pedido “no intenta producir una crisis económica en la producción agrícola, sino avanzar de manera paulatina en el retiro de este tipo de productos alejándolos de los centros urbanos, retirar de las poblaciones los depósitos de glifosato y defender el derecho a la salud”.
Ávila Vázquez señaló que hay ejemplos como los de las provincias de Santa Fe y Tucumán donde las autoridades provinciales prohibieron el uso de 2,4 D (ácido 2,4-diclorofenoxiacétic) como un primer paso en un proceso que “se debe lograr paulatinamente y desde un diálogo maduro y reponsable”.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados señaló que se acerca al período del año en el que se produce el mayor aplicación de este tipo de productos químicos y que buscará acentuar la presión sobre las autoridades, hasta que den respuestas.
6,5 millones de hectáreas, 800 mil afectados
En la provincia de Córdoba actualmente existen 6.500.000 hectáreas sembradas con maíz y soja RR, con una tasa de uso de glifosato de 10 litros equivalentes kilos/has/año, lo que se traduce en un total utilizado de glifosato por año: 65.000.000 l-k (65 millones de litros-kilos).
Dentro de la superficie señalada, viven poblaciones de pequeña y mediana densidad, representada en aproximadamente 800.000 personas que se encuentran expuestas en forma directa a las fumigaciones. Es decir, existe una carga de exposición al glifosato de 81,25 l-k/habitante/año.
Por otra parte, si se considera una población total de 3.500.000 habitantes, los profesionales señalaron que la carga de exposición anual de glifosato de todos los cordobeses, es de 18,7 l-k/habitante/año. Una tasa mucho mayor a la de cualquier otra región del país si se tiene en cuenta que el total de aplicaciones en Argentina es de 200 millones de litros.
Lo peticionado encuentra su fundamento legal en las previsiones contenidas en el artículo 25 del documento reglamentario N° 132/05 de la Ley Provincial 9164 de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, donde señala que la autoridades provinciales deberán gestionar ante el Senasa la exclusión de la nómina de productos autorizados cuando existen pruebas e investigaciones que indican su peligrosidad. Algo sobre lo que la Secretaría de Agricultura de la Provincia aún no responde, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ver Noticia On Line
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Presentan cautelar por uso de glifosato ante la Secretaría de Agricultura
Se trata de un proceso administrativo ante el Gobierno provincial para detener de manera paulatina el uso de plaguicidas y herbicidas catalogados cancerígenos por la OMS. La autoría es de Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados formalizó una presentación administrativa ante la Secretaría de Agricultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a cargo de Juan Cruz Molina Hafford, en la que solicitan “iniciar de manera inmediata y urgente las gestiones ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para obtener la exclusión del glifosato (principio activo y formulado) de la nómina de productos autorizados».
Asimismo y hasta tanto el reclamo no sea resuelto, la ONG requirió como medida cautelar administrativa la suspensión de las aplicaciones aéreas y terrestres de glifosato a una distancia inferior a los 5.000 metros de las zonas urbanas de los municipios, asentamientos poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, como así de pozos de extracción de agua para consumo humano.
Los requerimientos se sustentan técnica y científicamente, según Red de Médicos, en la reciente reclasificación realizada por el “Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Iarc)”, que tras evaluar la carcinogenicidad de los plaguicidas organofosforados tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón, y el glifosato concluyó que “hay evidencias para clasificar al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
En ese sentido, consultado por LA MAÑANA, el médico Medardo Ávila Vázquez indicó que se adjuntó al pedido original un anexo de 400 páginas con 120 letters (artículos académicos para trabajos científicos) que apoyan el pedido de “toma de conciencia por parte de las autoridades provinciales sobre la problemática sanitaria que Córdoba enfrenta”.
Asimismo, agregó que el pedido “no intenta producir una crisis económica en la producción agrícola, sino avanzar de manera paulatina en el retiro de este tipo de productos alejándolos de los centros urbanos, retirar de las poblaciones los depósitos de glifosato y defender el derecho a la salud”.
Ávila Vázquez señaló que hay ejemplos como los de las provincias de Santa Fe y Tucumán donde las autoridades provinciales prohibieron el uso de 2,4 D (ácido 2,4-diclorofenoxiacétic) como un primer paso en un proceso que “se debe lograr paulatinamente y desde un diálogo maduro y reponsable”.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados señaló que se acerca al período del año en el que se produce el mayor aplicación de este tipo de productos químicos y que buscará acentuar la presión sobre las autoridades, hasta que den respuestas.
6,5 millones de hectáreas, 800 mil afectados
En la provincia de Córdoba actualmente existen 6.500.000 hectáreas sembradas con maíz y soja RR, con una tasa de uso de glifosato de 10 litros equivalentes kilos/has/año, lo que se traduce en un total utilizado de glifosato por año: 65.000.000 l-k (65 millones de litros-kilos).
Dentro de la superficie señalada, viven poblaciones de pequeña y mediana densidad, representada en aproximadamente 800.000 personas que se encuentran expuestas en forma directa a las fumigaciones. Es decir, existe una carga de exposición al glifosato de 81,25 l-k/habitante/año.
Por otra parte, si se considera una población total de 3.500.000 habitantes, los profesionales señalaron que la carga de exposición anual de glifosato de todos los cordobeses, es de 18,7 l-k/habitante/año. Una tasa mucho mayor a la de cualquier otra región del país si se tiene en cuenta que el total de aplicaciones en Argentina es de 200 millones de litros.
Lo peticionado encuentra su fundamento legal en las previsiones contenidas en el artículo 25 del documento reglamentario N° 132/05 de la Ley Provincial 9164 de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, donde señala que la autoridades provinciales deberán gestionar ante el Senasa la exclusión de la nómina de productos autorizados cuando existen pruebas e investigaciones que indican su peligrosidad. Algo sobre lo que la Secretaría de Agricultura de la Provincia aún no responde, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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