18 abr 2015
Río Cuarto: el juez junta a Cotreco y la Muni
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (18/04/2015)
Cotreco: el juez junta a Jure y al dueño de la empresa
A pedido de la firma de higiene urbana, que espera rescindir el contrato sin costo, Guadagna convocó al intendente y a Horacio Busso, CEO de Cotreco. Buscan una salida no traumática al conflicto
El gobierno municipal tiene actualmente dos grandes frentes de conflicto: por un lado, está el paro por tiempo indeterminado que lanzó el sindicato en reclamo del aumento salarial para este año; pero, además, Cotreco, la empresa encargada de los servicios de recolección de residuos y alumbrado público, eligió la vía judicial para tratar de que le suban considerablemente el canon -pide 6 millones de pesos adicionales por mes- o para que, en su defecto, le permitan rescindir el contrato sin pagar las multas correspondientes.
Ahora, el juez Rolando Guadagna, que debe definir la acción declarativa de certeza presentada por la empresa, tomó una nueva decisión que apunta a juntar a las partes, después de que hubiera dos audiencias públicas en las que cada uno expresó su postura.
Lo inusual es que ahora el magistrado convocará a los más altos representantes del gobierno y la empresa. Guadagna reunirá el próximo miércoles al intendente Juan Jure y al empresario Horacio Busso, CEO de Cotreco, para tratar de que se pongan de acuerdo en una salida política al conflicto.
Así, se estirarán durante algunos días los tiempos establecidos por el propio juez en la audiencia de este martes. Guadagna había dado 72 horas de plazo para que el Municipio y Cotreco determinaran si aceptan conversar entre sí para encontrar una salida no conflictiva ni judicial.
Sin embargo, en las últimas horas la empresa le pidió al magistrado que se produzca un encuentro directamente con el intendente Jure para iniciar una conversación que acerque las posiciones. Guadagna aceptó y estableció que la fecha de la reunión será el miércoles.
Señales
El magistrado ya había dado indicios de que prefería una salida consensuada. Lo planteó incluso en declaraciones periodísticas después de la audiencia pública del martes pasado: “Invité a las partes a analizar la posibilidad, teniendo en cuenta que en estas dos audiencias públicas surgió como un consenso de que era conveniente agotar las instancias políticas en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas para llegar a una solución más rica, a que en el plazo de tres días me contesten si están dispuestas a transitar esta alternativa. Se trata de un diálogo entre la empresa y el gobierno pero también con los otros estamentos políticos del Estado”.
La reunión con Jure y Busso apunta en ese sentido.
Si el acercamiento no existe, al juez no le quedará otra salida que dictar sentencia. Las posibilidades van desde que le dé la razón a la empresa y permita rescindir el contrato, o que ordene a las partes negociar nuevos precios; otra opción es que establezca que no se trata de un tema judicial y que determine que se discuta en el Concejo Deliberante.
Guadagna ha sido cauto hasta el momento y ha remarcado permanentemente que se trata de un servicio esencial para la ciudadanía.
Desde la empresa manifestaron que necesitan una urgente respuesta de Guadagna y plantearon que si a fin de mes no hay una resolución, podrían dejar de prestar el servicio aunque tengan que pagar los 15 millones de pesos que debería afrontar por las penalidades fijadas en el contrato.
Fuentes del gobierno y de la empresa admitieron que en los últimos días hubo conversaciones para tratar de acortar las distancias que los separan.
“Pero no ha habido grandes avances porque ellos se mantienen inflexibles y nosotros también”, indicaron en el Palacio de Mójica.
Cotreco sostiene que no puede seguir teniendo un rojo de 6 millones de pesos en Río Cuarto (la proyección establecida en la presentación judicial habla de una pérdida promedio de 6,8 millones de pesos hasta mediados de 2016). Y reclama que la Municipalidad al menos cubra esa cifra porque actualmente se ha producido un quiebre de la ecuación económico-financiera.
Desde el Municipio ni siquiera entran a considerar los números de la empresa; sostienen que la obligación del gobierno es cumplir con lo que establece el contrato que Gamsur le cedió a Cotreco en 2011 y que es precisamente eso lo que están haciendo. “Ahí está establecido cuál es el precio del servicio. Si la empresa lo aceptó, estimamos que analizó los números y llegó a la conclusión de que le convenían.
Además, cada vez que hicieron planteos que eran razonables y establecidos en el contrato, los atendimos. El año pasado reconocimos casi 800 mil pesos por mes por costos laborales y este año pagamos 10 millones más por impuestos que deben pagar y no les cubríamos. Pero no podemos ir más allá; con qué argumentos nos vamos a salir del contrato. Cumplimos lo que está firmado”, indicó una alta fuente del gobierno municipal.
En el Palacio esperan que haya una salida a partir de una decisión del juez. Sostienen que una negociación directa es inviable porque produciría una encerrona: la empresa no podría aceptar menos de 6 millones por mes porque, de lo contrario, estaría aceptando públicamente que mintió cuando dijo que perdía esa cifra; el Municipio no estaría en condiciones de dar un monto ni siquiera intermedio porque estaría apartándose del contrato firmado hasta mediados de 2016.
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Cotreco: el juez junta a Jure y al dueño de la empresa
A pedido de la firma de higiene urbana, que espera rescindir el contrato sin costo, Guadagna convocó al intendente y a Horacio Busso, CEO de Cotreco. Buscan una salida no traumática al conflicto
El gobierno municipal tiene actualmente dos grandes frentes de conflicto: por un lado, está el paro por tiempo indeterminado que lanzó el sindicato en reclamo del aumento salarial para este año; pero, además, Cotreco, la empresa encargada de los servicios de recolección de residuos y alumbrado público, eligió la vía judicial para tratar de que le suban considerablemente el canon -pide 6 millones de pesos adicionales por mes- o para que, en su defecto, le permitan rescindir el contrato sin pagar las multas correspondientes.
Ahora, el juez Rolando Guadagna, que debe definir la acción declarativa de certeza presentada por la empresa, tomó una nueva decisión que apunta a juntar a las partes, después de que hubiera dos audiencias públicas en las que cada uno expresó su postura.
Lo inusual es que ahora el magistrado convocará a los más altos representantes del gobierno y la empresa. Guadagna reunirá el próximo miércoles al intendente Juan Jure y al empresario Horacio Busso, CEO de Cotreco, para tratar de que se pongan de acuerdo en una salida política al conflicto.
Así, se estirarán durante algunos días los tiempos establecidos por el propio juez en la audiencia de este martes. Guadagna había dado 72 horas de plazo para que el Municipio y Cotreco determinaran si aceptan conversar entre sí para encontrar una salida no conflictiva ni judicial.
Sin embargo, en las últimas horas la empresa le pidió al magistrado que se produzca un encuentro directamente con el intendente Jure para iniciar una conversación que acerque las posiciones. Guadagna aceptó y estableció que la fecha de la reunión será el miércoles.
Señales
El magistrado ya había dado indicios de que prefería una salida consensuada. Lo planteó incluso en declaraciones periodísticas después de la audiencia pública del martes pasado: “Invité a las partes a analizar la posibilidad, teniendo en cuenta que en estas dos audiencias públicas surgió como un consenso de que era conveniente agotar las instancias políticas en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas para llegar a una solución más rica, a que en el plazo de tres días me contesten si están dispuestas a transitar esta alternativa. Se trata de un diálogo entre la empresa y el gobierno pero también con los otros estamentos políticos del Estado”.
La reunión con Jure y Busso apunta en ese sentido.
Si el acercamiento no existe, al juez no le quedará otra salida que dictar sentencia. Las posibilidades van desde que le dé la razón a la empresa y permita rescindir el contrato, o que ordene a las partes negociar nuevos precios; otra opción es que establezca que no se trata de un tema judicial y que determine que se discuta en el Concejo Deliberante.
Guadagna ha sido cauto hasta el momento y ha remarcado permanentemente que se trata de un servicio esencial para la ciudadanía.
Desde la empresa manifestaron que necesitan una urgente respuesta de Guadagna y plantearon que si a fin de mes no hay una resolución, podrían dejar de prestar el servicio aunque tengan que pagar los 15 millones de pesos que debería afrontar por las penalidades fijadas en el contrato.
Fuentes del gobierno y de la empresa admitieron que en los últimos días hubo conversaciones para tratar de acortar las distancias que los separan.
“Pero no ha habido grandes avances porque ellos se mantienen inflexibles y nosotros también”, indicaron en el Palacio de Mójica.
Cotreco sostiene que no puede seguir teniendo un rojo de 6 millones de pesos en Río Cuarto (la proyección establecida en la presentación judicial habla de una pérdida promedio de 6,8 millones de pesos hasta mediados de 2016). Y reclama que la Municipalidad al menos cubra esa cifra porque actualmente se ha producido un quiebre de la ecuación económico-financiera.
Desde el Municipio ni siquiera entran a considerar los números de la empresa; sostienen que la obligación del gobierno es cumplir con lo que establece el contrato que Gamsur le cedió a Cotreco en 2011 y que es precisamente eso lo que están haciendo. “Ahí está establecido cuál es el precio del servicio. Si la empresa lo aceptó, estimamos que analizó los números y llegó a la conclusión de que le convenían.
Además, cada vez que hicieron planteos que eran razonables y establecidos en el contrato, los atendimos. El año pasado reconocimos casi 800 mil pesos por mes por costos laborales y este año pagamos 10 millones más por impuestos que deben pagar y no les cubríamos. Pero no podemos ir más allá; con qué argumentos nos vamos a salir del contrato. Cumplimos lo que está firmado”, indicó una alta fuente del gobierno municipal.
En el Palacio esperan que haya una salida a partir de una decisión del juez. Sostienen que una negociación directa es inviable porque produciría una encerrona: la empresa no podría aceptar menos de 6 millones por mes porque, de lo contrario, estaría aceptando públicamente que mintió cuando dijo que perdía esa cifra; el Municipio no estaría en condiciones de dar un monto ni siquiera intermedio porque estaría apartándose del contrato firmado hasta mediados de 2016.
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