20 nov 2014

Cloacas en Río Cuarto: piden ir contra la Provincia

El Puntal de Río Cuarto (20/11/2014)
Cloacas: el Municipio exige que también investiguen a la Provincia

El gobierno de Jure reclama que el Estado cordobés sea convocado como posible responsable si es que existiera daño ambiental. Plantea que hay un trato desigual que perjudica a la Municipalidad
Golpe y contragolpe. Así están la Provincia y el Municipio en la Justicia, donde se está investigando si el volcamiento de los líquidos cloacales sin tratamiento constituye un delito. Ahora, el gobierno de Juan Jure planteó en Tribunales que está sufriendo un trato desigual e injusto en la causa y reclamó que el Estado cordobés sea puesto en pie de igualdad y también se lo investigue como posible responsable de una hipotética situación de deterioro de la calidad del río.
Así, para los abogados del Municipio sería absurdo que el fiscal Walter Guzmán acepte como querellante particular a la Provincia, tal como lo pidió la gestión delasotista. “La facultad de control, el poder de policía y las facultades relacionadas con el río le corresponden al Estado cordobés;?por lo tanto, no puede sacarse de encima su responsabilidad tratando de ser considerado querellante particular. En realidad, es un actor central en este caso y debe ser citado en la misma calidad que la Municipalidad”, plantearon en el Palacio de Mójica.
En el gobierno de Jure existe la certeza de que tanto el amparo ambiental como la denuncia penal fueron presentados, en realidad, por personas que siguen las directivas emitidas por alguna instancia del poder provincial. “Estamos seguros. Quien denunció a la Municipalidad ni siquiera menciona a la Provincia. Es curioso porque es como si no denunciara al dueño del bien que le está causando un supuesto daño.
Pero, además, ese denunciante usa los mismos argumentos que utiliza la Provincia. Es un denunciante disfrazado. Es clara la intencionalidad política”, indicaron en el Palacio.
Ante esa situación, la estrategia municipal comprende dos aristas. Por un lado, pedir la nulidad de todo lo que se ha hecho hasta el momento por falta de ecuanimidad y del derecho a defensa (ver recuadro);?y, por otro, reclamar que haya igualdad en el trato y que también se convoque a la Provincia para ser investigada.
“Teniendo en cuenta que el by pass (N. de la R.: el sistema aplicado en la planta depuradora para hacer que el 80 por ciento de los líquidos cloacales vayan sin tratamiento al río) fue hecho por la Provincia, que la Municipalidad ha hecho mucho más que la gobernación por solucionar este tema, que las facultades en cuanto al río son provinciales, entendemos que también debe citarse a la Provincia en la misma calidad que el Municipio. Es ese Estado el que tiene el control, son los responsables. Si hay un delito, podría haber más responsables pero sería inevitable considerar a la Provincia como el principal”, indicó una fuente del equipo jurídico municipal.
La Fiscalía le exigió a Guzmán que se cite formalmente al gobierno de Córdoba. “En una primera instancia, el fiscal rechazó hacer la citación. Vamos a usar todas las vías recursivas que podamos utilizar. Porque advertimos un trato desigual, vemos que se está violando el debido proceso, la igualdad entre la Municipalidad y la Provincia. Es algo muy manifiesto. Si el fiscal sigue rechazando este criterio lo vamos a llevar a todos los estamentos, inclusive ante la Corte para que se determine quién es el responsable del río y quién tiene a su cargo el control”, manifestaron en el área jurídica.
El gobierno de Jure ya había plan-teado en el marco del amparo que el?Estado cordobés tenía que ser convocado en la misma condición que el Municipio. Uno de los argumentos es que el volcamiento de los líquidos cloacales en crudo se hace desde hace décadas -aunque el caudal se ha ido intensificando en los últimos años- y que la ciudad recién se hizo cargo del sistema de cloacas y del tratamiento de los efluentes en 1992. Sin embargo, aún así, a pesar de que el sistema pasó a manos del Municipio, la Fiscalía que conduce Hernán Di Santo sostiene que la responsabilidad principal sigue siendo de la Provincia.

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