25 ago 2014
El Alfil un poco tendencioso, pro Monsanto
8:42 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
Diario El Alfil (25/08/2014)
El mayor desempleo del país y sigue demorando radicación de Monsanto
Mientras el empleo cae, los funcionarios se escudan en pocas convincentes razones burocráticas para dilatar las autorizaciones a Monsanto. Lo último que se sabe es que desde la Secretaría de Ambiente se rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la firma por aspectos que, a juicio de algunos expertos, parecen excusas para no tomar la decisión que corresponde, que no es otra que la aprobación del expediente.
Es raro: en el mismo momento en que Córdoba presenta la mayor tasa de desempleo del país (el 10,2%, según el INDEC), la provincia no mueve un dedo para agilizar el proceso de radicación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. Esta parsimonia no es patrimonio sólo del gobierno de José Manuel De la Sota: ningún referente de la clase política se ha mostrado demasiado activo para reclamar que esta inversión finalmente se concrete.
Es fácil advertir que el escenario provincial dista de ser auspicioso en materia laboral. En el gran Córdoba hay 80 mil personas sin trabajo, mientras que otras 82 mil se encuentran subocupadas. Las automotrices y autopartistas hace ya tiempo que suspenden a su personal por diferentes causas (entre las que se cuentan la caída de la demanda y las trabas kafkianas a las importaciones de insumos), mientras que crece semanalmente el número de comercios que baja sus persianas.
En los últimos tiempos han cerrado dos importantes frigoríficos, con una pérdida neta de centenares de puestos de trabajo. El contrasentido de ser el país con la mejor carne del mundo y mostrar una industria frigorífica al borde de la extinción es tal que el propio gobernador salió a acusar al gobierno de Cristina Fernández de ser el responsable de esta lamentable paradoja.
Sin embargo, la gravedad de esta situación no alcanza a conmover, aparentemente, el impasse en que se encuentra la autorización final para que Monsanto comience a producir semillas. Mientras el empleo cae, los funcionarios se escudan en pocas convincentes razones burocráticas para dilatar las autorizaciones de rigor. Lo último que se sabe es que desde la Secretaría de Ambiente se rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la firma por aspectos que, a juicio de algunos expertos, parecen excusas para no tomar la decisión que corresponde, que no es otra que la aprobación del expediente.
Lo llamativo del caso es que, por lo bajo, funcionarios y políticos coinciden en que Monsanto debería comenzar a producir cuanto antes. Ningún experto serio objeta la radicación, ni señala que su impacto ambiental no sea mitigable. Además, el hecho de sumar 800 nuevos puestos de trabajo (entre directos e indirectos) hace que la inversión sea vista como un bálsamo dentro de un entorno económico recesivo y con pronóstico reservado.
Sin embargo, nadie sale a reclamar por la reactivación del proceso de autorización pendiente. La coincidencia subterránea sobre las bondades del proyecto se vuelve invisible tan pronto se demanda que sea expuesta ante la opinión pública. ¿Qué es lo que paraliza a tanta gente para tomar las decisiones que, a todas luces, aparecen como pertinentes y necesarias?
La razón es simple de entender pero imposible de aceptar: la extorsión de grupos pretendidamente ambientalistas que, sin mayores razones ni argumentos científicos, se oponen a la radicación. Es cierto que no son muchos ni cuentan con adhesiones relevantes pero, como toda cruzada que inventa la izquierda más cavernaria, siempre es ruidosa y amenazante. La sola perspectiva de disturbios, heridos o corridas obra como un eficaz paralizante de los propósitos más urgentes en el marco de la actual situación socioeconómica.
Conste que, en este caso en particular, no se trata de combatir a la extorsión izquierdista con otra –no menos extorsiva– por la cual se amenaza con más desempleo de no aceptarse una industria probadamente contaminante. Estas líneas no serían escritas si, en definitiva, el establecimiento de Monsanto significase un intercambio de puestos de trabajo por la admisión de un impacto ambiental cierto e irreparable.
Pero nada de esto ocurre en este caso. No existe ninguna evidencia científica que pueda sostener que la planta de esta multinacional entrañe riesgos ecológicos. De hecho, la empresa tiene funcionando una similar a la proyectada en la localidad bonaerense de Rojas sin que allí nada haya sucedido, ni la comunidad se sienta afectada por su funcionamiento. Además, en la provincia de Córdoba existen otras plantas que llevan adelante similares procesos productivos, sin que nunca se haya puesto en duda su sustentabilidad.
Quizá la única razón por la que exista tanta oposición en ciertos grupos ecologistas sea porque, en definitiva, la compañía se llame Monsanto. No importa que la firma sea líder mundial en biotecnología y que haya contribuido decisivamente a paliar el hambre del mundo, sino el hecho (aparentemente diabólico) de tener origen estadounidense y de contar con patentes que le han permitido ganar mucho dinero. Estos antecedentes funcionan como mecanismos de perturbación para nuestros marxistas quienes, con las pruebas a la vista, detestan que existan nuevos obreros y más puestos de trabajo con los cuales hacer la revolución. Es ya un clásico advertir que la izquierda argentina se siente más a gusto con el empleo público que con el privado, como si el primero fuera genuinamente sustentable y el segundo la antesala al pecado ideológico.
No se tilde de exagerado tal juicio. Baste advertir lo ocurrido con la imprenta RR Donnelly en el conurbano bonaerense para advertir la triste realidad de lo que ocurre con la inversión privada en el país. El cierre de esta imprenta fue motivado, entre otros factores, porque se le hizo imposible producir con las trabas al comercio exterior que la Nación ha establecido para detener la sangría de dólares de la que adolece. Pero, y a pesar que las evidentes razones de su quebranto, la primera reacción de sus obreros fue reclamar la estatización, del mismo modo que la Casa Rosada lo hizo con la ex Ciccone y como si el propio Estado no fuera el responsable de esta situación. No existen dudas que, si en lugar de Monsanto, fuera alguna clase de engendro estatal el que el que intentara fabricar alguna semilla “nacional y popular” en Malvinas Argentinas no habría protestas ni histeria alguna, aunque tampoco –de más está decirlo– producción de cualquier clase.
Por supuesto que la izquierda ambientalista, el catastrofismo ecologista o los enojados de siempre tienen todo el derecho del mundo a protestar. La Constitución garantiza la libre expresión, por lo que su punto de vista debe ser respetado. Pero una cosa es escucharlo y otra muy distinta paralizarse ante sus amenazas de caos y revueltas. Estos grupos tienen muy en claro que las sociedades modernas no toleran por demasiado tiempo ni los cortes de ruta ni las gomas ardiendo y que, debido a este umbral tan bajo, suelen desentenderse de los esfuerzos de sus gobernantes por generar más inversión y puestos de trabajo. Además, el hombre moderno parece haber regresado a cierta precariedad conceptual, en donde cualquier cambio amenaza con calamidades milenaristas que, sometidas al rigor de la ciencia, de ninguna manera son tales.
De cualquier manera, los gobiernos deben hacer lo correcto, más allá de las amenazas de estos grupos minoritarios. Y, en este caso, lo correcto es hacer que Monsanto comience a trabajar cuanto antes. Buena parte de la estructura económica de la provincia es agropecuaria, por lo que este proyecto es consistente con su perfil productivo. Por cierto, tal responsabilidad debería ser compartida por la oposición. Ningún dirigente de los principales partidos se ha opuesto a la radicación (de hecho, Malvinas Argentinas tiene un intendente radical), pero tampoco la han apoyado públicamente pese a que, en privado, destacan sus bondades. Es evidente que la clase política tiene miedo de meter la pata ante el temor irracional de la contaminación y otras calamidades, poniéndose por detrás a la sociedad cuando, en rigor, debería ocurrir lo contrario.
Mientras esto sucede, se siguen perdiendo puestos de trabajo. Es una verdadera pena observar de cómo, todos los días, caen baldazos de agua helada –tan de moda en las redes sociales– sobre el empleo, cuando la provincia tiene a mano una oportunidad muy concreta de crear cientos de ellos en el ámbito privado a condición que exista el coraje necesario para enfrentar las críticas de los oscurantistas de siempre.
Ver Noticia On Line
.
El mayor desempleo del país y sigue demorando radicación de Monsanto
Mientras el empleo cae, los funcionarios se escudan en pocas convincentes razones burocráticas para dilatar las autorizaciones a Monsanto. Lo último que se sabe es que desde la Secretaría de Ambiente se rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la firma por aspectos que, a juicio de algunos expertos, parecen excusas para no tomar la decisión que corresponde, que no es otra que la aprobación del expediente.
Es raro: en el mismo momento en que Córdoba presenta la mayor tasa de desempleo del país (el 10,2%, según el INDEC), la provincia no mueve un dedo para agilizar el proceso de radicación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. Esta parsimonia no es patrimonio sólo del gobierno de José Manuel De la Sota: ningún referente de la clase política se ha mostrado demasiado activo para reclamar que esta inversión finalmente se concrete.
Es fácil advertir que el escenario provincial dista de ser auspicioso en materia laboral. En el gran Córdoba hay 80 mil personas sin trabajo, mientras que otras 82 mil se encuentran subocupadas. Las automotrices y autopartistas hace ya tiempo que suspenden a su personal por diferentes causas (entre las que se cuentan la caída de la demanda y las trabas kafkianas a las importaciones de insumos), mientras que crece semanalmente el número de comercios que baja sus persianas.
En los últimos tiempos han cerrado dos importantes frigoríficos, con una pérdida neta de centenares de puestos de trabajo. El contrasentido de ser el país con la mejor carne del mundo y mostrar una industria frigorífica al borde de la extinción es tal que el propio gobernador salió a acusar al gobierno de Cristina Fernández de ser el responsable de esta lamentable paradoja.
Sin embargo, la gravedad de esta situación no alcanza a conmover, aparentemente, el impasse en que se encuentra la autorización final para que Monsanto comience a producir semillas. Mientras el empleo cae, los funcionarios se escudan en pocas convincentes razones burocráticas para dilatar las autorizaciones de rigor. Lo último que se sabe es que desde la Secretaría de Ambiente se rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la firma por aspectos que, a juicio de algunos expertos, parecen excusas para no tomar la decisión que corresponde, que no es otra que la aprobación del expediente.
Lo llamativo del caso es que, por lo bajo, funcionarios y políticos coinciden en que Monsanto debería comenzar a producir cuanto antes. Ningún experto serio objeta la radicación, ni señala que su impacto ambiental no sea mitigable. Además, el hecho de sumar 800 nuevos puestos de trabajo (entre directos e indirectos) hace que la inversión sea vista como un bálsamo dentro de un entorno económico recesivo y con pronóstico reservado.
Sin embargo, nadie sale a reclamar por la reactivación del proceso de autorización pendiente. La coincidencia subterránea sobre las bondades del proyecto se vuelve invisible tan pronto se demanda que sea expuesta ante la opinión pública. ¿Qué es lo que paraliza a tanta gente para tomar las decisiones que, a todas luces, aparecen como pertinentes y necesarias?
La razón es simple de entender pero imposible de aceptar: la extorsión de grupos pretendidamente ambientalistas que, sin mayores razones ni argumentos científicos, se oponen a la radicación. Es cierto que no son muchos ni cuentan con adhesiones relevantes pero, como toda cruzada que inventa la izquierda más cavernaria, siempre es ruidosa y amenazante. La sola perspectiva de disturbios, heridos o corridas obra como un eficaz paralizante de los propósitos más urgentes en el marco de la actual situación socioeconómica.
Conste que, en este caso en particular, no se trata de combatir a la extorsión izquierdista con otra –no menos extorsiva– por la cual se amenaza con más desempleo de no aceptarse una industria probadamente contaminante. Estas líneas no serían escritas si, en definitiva, el establecimiento de Monsanto significase un intercambio de puestos de trabajo por la admisión de un impacto ambiental cierto e irreparable.
Pero nada de esto ocurre en este caso. No existe ninguna evidencia científica que pueda sostener que la planta de esta multinacional entrañe riesgos ecológicos. De hecho, la empresa tiene funcionando una similar a la proyectada en la localidad bonaerense de Rojas sin que allí nada haya sucedido, ni la comunidad se sienta afectada por su funcionamiento. Además, en la provincia de Córdoba existen otras plantas que llevan adelante similares procesos productivos, sin que nunca se haya puesto en duda su sustentabilidad.
Quizá la única razón por la que exista tanta oposición en ciertos grupos ecologistas sea porque, en definitiva, la compañía se llame Monsanto. No importa que la firma sea líder mundial en biotecnología y que haya contribuido decisivamente a paliar el hambre del mundo, sino el hecho (aparentemente diabólico) de tener origen estadounidense y de contar con patentes que le han permitido ganar mucho dinero. Estos antecedentes funcionan como mecanismos de perturbación para nuestros marxistas quienes, con las pruebas a la vista, detestan que existan nuevos obreros y más puestos de trabajo con los cuales hacer la revolución. Es ya un clásico advertir que la izquierda argentina se siente más a gusto con el empleo público que con el privado, como si el primero fuera genuinamente sustentable y el segundo la antesala al pecado ideológico.
No se tilde de exagerado tal juicio. Baste advertir lo ocurrido con la imprenta RR Donnelly en el conurbano bonaerense para advertir la triste realidad de lo que ocurre con la inversión privada en el país. El cierre de esta imprenta fue motivado, entre otros factores, porque se le hizo imposible producir con las trabas al comercio exterior que la Nación ha establecido para detener la sangría de dólares de la que adolece. Pero, y a pesar que las evidentes razones de su quebranto, la primera reacción de sus obreros fue reclamar la estatización, del mismo modo que la Casa Rosada lo hizo con la ex Ciccone y como si el propio Estado no fuera el responsable de esta situación. No existen dudas que, si en lugar de Monsanto, fuera alguna clase de engendro estatal el que el que intentara fabricar alguna semilla “nacional y popular” en Malvinas Argentinas no habría protestas ni histeria alguna, aunque tampoco –de más está decirlo– producción de cualquier clase.
Por supuesto que la izquierda ambientalista, el catastrofismo ecologista o los enojados de siempre tienen todo el derecho del mundo a protestar. La Constitución garantiza la libre expresión, por lo que su punto de vista debe ser respetado. Pero una cosa es escucharlo y otra muy distinta paralizarse ante sus amenazas de caos y revueltas. Estos grupos tienen muy en claro que las sociedades modernas no toleran por demasiado tiempo ni los cortes de ruta ni las gomas ardiendo y que, debido a este umbral tan bajo, suelen desentenderse de los esfuerzos de sus gobernantes por generar más inversión y puestos de trabajo. Además, el hombre moderno parece haber regresado a cierta precariedad conceptual, en donde cualquier cambio amenaza con calamidades milenaristas que, sometidas al rigor de la ciencia, de ninguna manera son tales.
De cualquier manera, los gobiernos deben hacer lo correcto, más allá de las amenazas de estos grupos minoritarios. Y, en este caso, lo correcto es hacer que Monsanto comience a trabajar cuanto antes. Buena parte de la estructura económica de la provincia es agropecuaria, por lo que este proyecto es consistente con su perfil productivo. Por cierto, tal responsabilidad debería ser compartida por la oposición. Ningún dirigente de los principales partidos se ha opuesto a la radicación (de hecho, Malvinas Argentinas tiene un intendente radical), pero tampoco la han apoyado públicamente pese a que, en privado, destacan sus bondades. Es evidente que la clase política tiene miedo de meter la pata ante el temor irracional de la contaminación y otras calamidades, poniéndose por detrás a la sociedad cuando, en rigor, debería ocurrir lo contrario.
Mientras esto sucede, se siguen perdiendo puestos de trabajo. Es una verdadera pena observar de cómo, todos los días, caen baldazos de agua helada –tan de moda en las redes sociales– sobre el empleo, cuando la provincia tiene a mano una oportunidad muy concreta de crear cientos de ellos en el ámbito privado a condición que exista el coraje necesario para enfrentar las críticas de los oscurantistas de siempre.
Ver Noticia On Line
.
Etiquetas:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios
0 comentarios: