14 jun 2014
Ambiente, Estado y Sociedad
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (14/06/2014)
El conocimiento y la acción del Estado
Por Fernando Barri - Profesor adjunto de la cátedra de Problemática Ambiental UNC e investigador del Conicet.
La magnitud del problema que hemos vivido en materia de política ambiental es equivalente a las consecuencias que hubiéramos sufrido si las políticas sanitarias implicaran el cierre de los hospitales o las de educación la eliminación de las escuelas.
Cuando el poder se aleja del saber, pierde autoridad”. Esta frase, atribuida al filósofo Sócrates hace más de dos mil años, se aplica a la perfección para explicar la enorme brecha que existe entre los conocimientos existentes respecto de la degradación ambiental en nuestra provincia y el accionar del Estado en tal sentido.
Córdoba ha sufrido una de las mayores tasas de deforestación del mundo, posee un 30 por ciento de los suelos desertificados, sus cuencas están degradadas y cada vez cumplen menos la función de regulación hídrica, en tanto que cursos de agua y hasta pueblos enteros se encuentran contaminados por diversas fuentes agrícolas e industriales.
Estas y muchas otras situaciones de gravedad han sido demostradas por instituciones como el Conicet, el Inta y las universidades nacionales. Sin embargo, tanto la creación de leyes como su interpretación por parte de la Justicia y las políticas públicas del Gobierno provincial se encuentran a años luz de la triste realidad ambiental de nuestra provincia.
En los últimos años, hemos observado cómo el Poder Legislativo ha hecho caso omiso a su obligación de legislar, como establece nuestra Constitución, sobre la base de los presupuestos mínimos que fijan las leyes nacionales.
El ejemplo más dramático fue la sanción de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que –como ha mostrado este diario en reiteradas oportunidades–, en vez de proteger lo poco que nos quedaba de bosques, incrementó la tasa de deforestación.
Por su parte, la Secretaría de Ambiente no sólo fue incapaz de detener tal sangría, sino que ha mostrado todas las falencias habidas y por haber para dar respuesta a los múltiples problemas ambientales que afronta la sociedad.
Cada vez que ocurre una tragedia ambiental (como el caso de los incendios en las sierras) o salen a la luz otras problemáticas (como los basurales a cielo abierto), debemos escuchar irrisorias declaraciones de remediación ambiental que nunca se llevan a cabo (como los siempre reiterados planes de reforestación) o que son imposibles de cumplir (como la intención de reintroducir al jaguar).
El Poder Judicial, salvo honrosas excepciones, no se encuentra a la altura de las circunstancias, y poco hace ante las demandas de las comunidades afectadas para contribuir a revertir lo que sin dudas ha de provocar serias consecuencias en un futuro cercano.
El rol de los ciudadanos
En contraposición a esta notable ausencia de los poderes del Estado, se observa una creciente preocupación por parte de los ciudadanos respecto de los problemas ambientales, los cuales hoy figuran entre sus prioridades.
La magnitud del problema que hemos vivido en materia de política ambiental es equivalente a las consecuencias que hubiéramos sufrido si las políticas sanitarias implicaran el cierre de los hospitales o las de educación la eliminación de las escuelas.
Una verdadera política ambiental requiere de una fuerte inversión de recursos humanos y materiales en tal sentido. Hoy todos los poderes del Estado carecen de la capacitación necesaria o los medios económicos que se requieren para hacer frente a las múltiples dificultades que enfrentamos, y, por lo tanto, la credibilidad de sus acciones es casi nula.
Reducir la enorme distancia entre el conocimiento acumulado que nos señala que nos encontramos en una emergencia ambiental y la reacción del Gobierno provincial para evitar las consecuencias demandarán que, como ciudadanos, comencemos a exigir y luego controlar, que se desarrollen políticas públicas acordes con la gravedad del hecho. Habrá que dejar de creer en falsas promesas o argumentos sin fundamento de los funcionarios de turno, que poco y nada saben del tema.
En este contexto, ¿qué sentido tiene la creación de una nueva ley de ambiente si no existe un Estado en condiciones de aplicarla?
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El conocimiento y la acción del Estado
Por Fernando Barri - Profesor adjunto de la cátedra de Problemática Ambiental UNC e investigador del Conicet.
La magnitud del problema que hemos vivido en materia de política ambiental es equivalente a las consecuencias que hubiéramos sufrido si las políticas sanitarias implicaran el cierre de los hospitales o las de educación la eliminación de las escuelas.
Cuando el poder se aleja del saber, pierde autoridad”. Esta frase, atribuida al filósofo Sócrates hace más de dos mil años, se aplica a la perfección para explicar la enorme brecha que existe entre los conocimientos existentes respecto de la degradación ambiental en nuestra provincia y el accionar del Estado en tal sentido.
Córdoba ha sufrido una de las mayores tasas de deforestación del mundo, posee un 30 por ciento de los suelos desertificados, sus cuencas están degradadas y cada vez cumplen menos la función de regulación hídrica, en tanto que cursos de agua y hasta pueblos enteros se encuentran contaminados por diversas fuentes agrícolas e industriales.
Estas y muchas otras situaciones de gravedad han sido demostradas por instituciones como el Conicet, el Inta y las universidades nacionales. Sin embargo, tanto la creación de leyes como su interpretación por parte de la Justicia y las políticas públicas del Gobierno provincial se encuentran a años luz de la triste realidad ambiental de nuestra provincia.
En los últimos años, hemos observado cómo el Poder Legislativo ha hecho caso omiso a su obligación de legislar, como establece nuestra Constitución, sobre la base de los presupuestos mínimos que fijan las leyes nacionales.
El ejemplo más dramático fue la sanción de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que –como ha mostrado este diario en reiteradas oportunidades–, en vez de proteger lo poco que nos quedaba de bosques, incrementó la tasa de deforestación.
Por su parte, la Secretaría de Ambiente no sólo fue incapaz de detener tal sangría, sino que ha mostrado todas las falencias habidas y por haber para dar respuesta a los múltiples problemas ambientales que afronta la sociedad.
Cada vez que ocurre una tragedia ambiental (como el caso de los incendios en las sierras) o salen a la luz otras problemáticas (como los basurales a cielo abierto), debemos escuchar irrisorias declaraciones de remediación ambiental que nunca se llevan a cabo (como los siempre reiterados planes de reforestación) o que son imposibles de cumplir (como la intención de reintroducir al jaguar).
El Poder Judicial, salvo honrosas excepciones, no se encuentra a la altura de las circunstancias, y poco hace ante las demandas de las comunidades afectadas para contribuir a revertir lo que sin dudas ha de provocar serias consecuencias en un futuro cercano.
El rol de los ciudadanos
En contraposición a esta notable ausencia de los poderes del Estado, se observa una creciente preocupación por parte de los ciudadanos respecto de los problemas ambientales, los cuales hoy figuran entre sus prioridades.
La magnitud del problema que hemos vivido en materia de política ambiental es equivalente a las consecuencias que hubiéramos sufrido si las políticas sanitarias implicaran el cierre de los hospitales o las de educación la eliminación de las escuelas.
Una verdadera política ambiental requiere de una fuerte inversión de recursos humanos y materiales en tal sentido. Hoy todos los poderes del Estado carecen de la capacitación necesaria o los medios económicos que se requieren para hacer frente a las múltiples dificultades que enfrentamos, y, por lo tanto, la credibilidad de sus acciones es casi nula.
Reducir la enorme distancia entre el conocimiento acumulado que nos señala que nos encontramos en una emergencia ambiental y la reacción del Gobierno provincial para evitar las consecuencias demandarán que, como ciudadanos, comencemos a exigir y luego controlar, que se desarrollen políticas públicas acordes con la gravedad del hecho. Habrá que dejar de creer en falsas promesas o argumentos sin fundamento de los funcionarios de turno, que poco y nada saben del tema.
En este contexto, ¿qué sentido tiene la creación de una nueva ley de ambiente si no existe un Estado en condiciones de aplicarla?
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