20 may 2014

La oposición y la nueva ley ambiental

La Voz del Interior (20/05/2014)
Opinión dispar de la oposición sobre la nueva ley ambiental

La UCR presentaría un proyecto propio y el juecismo sugiere cambios al texto del oficialismo.
Desde el rechazo total del proyecto oficialista por considerarlo “a medida de Monsanto” hasta propuestas para modificarlo. Entre esos extremos se ubican las posiciones de los bloques opositores en la Legislatura sobre la nueva ley de ambiente, que el delasotismo quiere sancionar a fin de mes.
La UCR puso la atención sobre cuatro temas que, si no son tenidos en cuenta por el bloque oficialista, serán contemplados en un proyecto de ley propio que presentarían.
El Frente Cívico, en tanto, si bien alertó sobre lo que considera una “situación ambiental crítica” de la provincia, optó por hacer aportes al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Los otros bloques que hicieron aportes fueron el Frente para la Victoria y Encuentro Vecinal Córdoba.
El Frente de Izquierda y los Trabajadores, representado por Cintia Frencia, repudió el proyecto. “Es una ley Monsanto, la hacen para que la empresa pueda hacer la audiencia pública e instalarse”, sostuvo Eduardo Salas, colaborador de Frencia. “Hay una sobreabundancia de leyes de ambiente que se podrían aplicar pero el Gobierno no lo hace y estamos asistiendo a una emergencia ambiental”, remarcó.
UCR. Consultado por este diario, Eduardo Yuni, presidente del bloque radical, declaró: “Tal como está, el proyecto no genera seguridad jurídica para las inversiones; no es superador de la ley nacional (Ley General del Ambiente) y deja sujeto a la reglamentación cuestiones de importancia”. Y adelantó que si no hay cambios en esas cuestiones, avanzarán en un proyecto propio.
Frente Cívico. Este bloque se reunirá hoy con el oficialismo para proponer modificaciones en puntos centrales. Uno es la participación ciudadana que “debe ser efectiva y en instancias previas a decisiones finales”, expresó el legislador Santiago Clavijo en un comunicado.
En cuanto a la evaluación de impacto ambiental, sostienen que debe ser una sola y previa a cualquier autorización de obras.
Incorporan, además, la evaluación de impacto en la salud, para que sea obligatorio instaurar una metodología que mida los efectos en la población de las actividades productivas.
También plantean garantizar el acceso a la información pública y a la Justicia “incorporando el amparo ambiental y el principio precautorio”, precisó Clavijo.

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