31 mar 2014

Nadie ve con buenos ojos la nueva Ley de Ambiente

La Voz del Interior (31/03/2014)
Diversos sectores objetan proyecto de ley

Universidades, biólogos e intendentes dieron su opinión en la Unicameral. También lo harán el agro y los industriales, entre otros.
Evitar la conflictividad social por reclamos ambientales, ¿depende de un nuevo marco normativo? ¿Sirve de algo una ley que no prevé sanciones a quienes dañen el ambiente? ¿Habrá personal idóneo y suficiente presupuesto para hacer llevar a cabo una política ambiental en Córdoba?
Estos y otros cuestionamientos fueron planteados en los últimos 15 días en la Unicameral por especialistas, autoridades de universidades, la Academia Nacional de Ciencias, organizaciones civiles e intendentes en las reuniones de las comisiones que discuten el proyecto de nueva ley de ambiente enviado por el por el Poder Ejecutivo.
Las entidades del sector productivo se expresarán en la Legislatura a partir de hoy. Consultados por este diario, dirigentes como Emilio Etchegorry, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, plantearon, entre otros puntos, su temor a ser sometidos a excesivas obligaciones y costos.
En las rondas de consultas, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, cuestionó, entre otras cosas, la generalidad y ambigüedad del texto, y expresó la voluntad de la UNC de participar de la reglamentación posterior. En similar sentido se expresó Roberto Pepino Minetti, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien planteó que si bien es necesario que se exijan estudios de impacto ambiental y audiencias públicas, deben estar claros en qué casos y cómo, para no demorar proyectos productivos.
Julio Bañuelos, intendente de Mina Clavero y representante del foro de intendentes de Unión por Córdoba, planteó tres temas: la necesidad de que se destine presupuesto para aplicar la política ambiental, que haya personal capacitado en las áreas de Ambiente y que se dispongan sanciones para los incumplidores, incluso para los intendentes que no garanticen el cumplimiento de las leyes.
En cuanto al presupuesto y los recursos humanos, tanto la Fundación en Defensa del Ambiente (Funam) como el Foro Ambiental Córdoba plantearon la necesidad de que se profesionalice la cartera de Ambiente mediante el ingreso de personal por concurso, y que se destinen los fondos para que el Estado pueda instrumentar efectivamente la política ambiental.
Por su parte, Darío Sbarato, exsecretario de Ambiente de la Provincia y representante de la UTN Regional San Francisco, advirtió: “En la Secretaría de Ambiente hay unos diez mil expedientes atrasados y el promedio de los trámites está entre los tres y cuatro años. Como muestra citamos a Monsanto, que es un tema que tiene premura y gravedad y, sin embargo, van dos años y todavía no se puede resolver”, dijo a los legisladores. “Es necesario recuperar la transparencia y credibilidad, ya que son por todos conocidas las corruptelas y el descrédito de la Secretaría de Ambiente”.
Con respecto a las sanciones, Raúl Montenegro, biólogo de Funam, fustigó: “Sin penalidades esta norma es teatral”.
Los jefes comunales de la UCR y el Frente Cívico no ­participaron de las reuniones porque dicen haber recibido las invitaciones entre 12 y 24 horas antes y que no llegaron a consensuar una posición. Pero expresaron su voluntad de ­participar.

¿Es necesaria?
La mayoría de los expositores ante las comisiones legislativas señalaron que el proyecto se queda en un enunciado de buenas intenciones. “No está del todo claro en qué circunstancias la autoridad de aplicará la participación ciudadana”, sostuvo Marcelo Cabido, de la Academia Nacional de Ciencias. Para el especialista, es importante precisarlo.
Federico Kopta, biólogo del Foro Ambiental Córdoba, planteó: “Si la nueva ley no va a dejar claro esos aspectos, ¿es realmente necesaria? No sería su­ficiente con modificar la re­glamentación o algunos artículos de la ley provincial de modo que no quede desactualizada con la nacional?”
Montenegro, quien participó de la redacción de la actual ley provincial de ambiente N° 7.343 (de 1985), consideró: “Más atinado sería que la Provincia mediante una ley, adhiera en su totalidad a la ley nacional e incorporara a la legislación vi­gente todas las instituciones, mecanismos y procedimientos que garanticen su cumplimiento efectivo”, sostuvo ante los legisladores.
Y previo a ello, había advertido. “En Córdoba no necesitamos nuevas normas, podemos mejorar las ya existentes (…) Acá lo que está fallando realmente es la autoridad de aplicación de las normas vigentes y, a su vez, asumir que el principal violador de la legislación ambiental vigente es el Estado. Y no solamente el gobierno de De la Sota, sino también todos los anteriores. De hecho tenemos una larga colección de acciones judiciales que siguen reposando en la fiscalía anticorrupción”.

Legislación actual de ambiente
Hoy. Córdoba cuenta con la Ley Provincial de Ambiente N° 7.343, de 1985, considerada una norma modelo en el país, pero que pide estudios ambientales por etapas y no incluye audiencias públicas obligatorias antes de autorizar proyectos. Ambos puntos se contradicen con la Ley General del Ambiente N° 25.675, que es nacional. La norma exige una sola evaluación ambiental previa y dispone la obligatoriedad de la participación ciudadana. Esta ley rige desde 2002.

Puntos de vista
F. Tamarit. Rector de la Universidad Nacional de Córdoba. “Hubiéramos preferido que el proyecto de ley dispusiera aspectos normativos más específicos (....) En muchos puntos hay contradicciones con la Ley General de Ambiente”.
D. sbarato. UTN San Francisco y exsecretario de Ambiente. “En la Secretaría de Ambiente hay expedientes atrasados y los trámites demoran entre tres y cuatro años (...) Es necesario recuperar la transparencia y credibilidad”.
E. Etchegorry. Cámara de Industriales Metalúrgicos (CIMCC). “Nuestra preocupación no está en el marco conceptual, sino en cómo se instrumentan los decretos reglamentarios (...) Que se exija lo justo y necesario, sino habrá sobrecostos”.
R. Pepino Minetti. UTN Córdoba. “El estudio de impacto ambiental tiene que ser previo a cualquier inversión, justamente porque el objetivo es detectar los impactos ambientales y minimizarlos (...) Ahora, cualquier inversión productiva no puede estar esperando años para decidir si lo va a realizar o no (...) Estamos muy preocupados por cómo se va a llevar adelante”.
M. Cabido. Academia Nacional de Ciencias. “No queda claro en qué circunstancias la autoridad aplicará la participación ciudadana. Queda establecido de manera vaga y bastante sujeto a la reglamentación de la ley”.
R. Montenegro. Fundación en Defensa del Ambiente (Funam). “Acá lo que está fallando realmente es la autoridad de aplicación de las normas vigentes y, a su vez, asumir que el principal violador de la legislación ambiental vigente es el Estado”.

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