28 mar 2014

Los agronegocios se atajan

La Voz del Interior (28/03/2014)
En la ley ambiental, el agro no es un actor de reparto

Ordenamiento territorial, manejo sustentable, planes de gestión, el “caso Monsanto”, inversiones agropecuarias están bajo alcance del proyecto.
La política ambiental de la Provincia y su nuevo marco normativo tienen una anotación y un compromiso público en la agenda de las entidades del agro cordobés: el próximo lunes las organizaciones que componen la Mesa de Enlace agropecuaria de Córdoba están citadas para brindar su opinión en la Legislatura.
La consulta que organizó el cuerpo legislativo en torno del proyecto sobre ley ambiental enviado por el Ejecutivo en febrero no tendrá ante sí un actor de reparto, sino a uno de los actores centrales sobre los que hace foco la iniciativa oficial. Y ésta se propone dar una vuelta de tuerca y modernizar el complejo sistema normativo vigente en materia ambiental (no sólo para el agro).
Como telón de fondo y gatillo del proyecto hay que observar la brasa caliente de la –hasta aquí fallida– radicación del semillero de maíz de Monsanto, en Malvinas Argentinas. Un asunto nada menor, si se toma como dato el carácter estratégico de estas tecnologías para la producción agroalimentaria en la provincia y en el país.
De hecho, en los contenidos del proyecto constan las novedades sobre evaluaciones de impacto y mecanismos de participación social cuando se trata de compatibilizar las actividades productivas con el entorno y los presupuestos ambientales.
Las entidades de la Mesa de Enlace agropecuaria provincial (Cartez, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural Argentina) irían a la Legislatura con una posición consensuada previamente.
La primera lectura del proyecto que el Ejecutivo mandó a la Legislatura en febrero dejó la sensación entre algunos referentes del sector de que se trata “de una bala que puede salir para cualquier lado”.
Tal la metáfora que remite a la incertidumbre respecto de cómo la Provincia logrará compatibilizar y armonizar los aspectos productivos y de desarrollo con ciertas consignas ambientales, que en el sector no dudan en calificar de extremistas y al margen de la realidad.

Caso testigo
Como antecedente inmediato, los representantes de la producción rural mencionan el conflicto normativo aún vigente entre la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo (9.814/2014) y sus posteriores reglamentaciones.
En el caso del nuevo proyecto, cuyo objeto es fijar “presupuestos complementarios”, a escala provincial, de la ley general de ambiente (nacional, 25.675), el interrogante de los ruralistas –respecto de “para dónde saldrá la bala”– también se conecta con las reglamentaciones e instrumentos regulatorios. En esta canasta, según el proyecto, deberán caber instancias de diferente alcance para organismos de aplicación (incluidos los municipios) y los productores e inversores: ordenamiento territorial, seguros e incentivos ambientales; audiencias públicas, evaluaciones de impacto, planes de gestión, fiscalización. Y la nómina continúa.

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