23 may 2013

Denuncia penal por desalojo de campesinos

La Mañana de Córdoba (23/05/2013)
Denunciaron penalmente a funcionarios por desalojo de campesinos en Piquillín


Es por graves irregularidades en el procedimiento realizado en abril. Acusan a la dueña del terreno, al oficial de Justicia y a un abogado por “usurpación, daños y falsedad ideológica”.
Tras el violento desalojo de cinco familias de un terreno en el paraje tres esquinas en el Departamento Río Segundo el mes pasado, fueron denunciados los responsables del procedimiento y la titular del campo donde vivían los campesinos por los delitos de “usurpación daños y falsedad ideológica”.
La denuncia alcanza al oficial de justicia José Benjamín Aceval, al abogado Guillermo Mossello y a la dueña de los terrenos Sara Jabase.
El 11 de abril pasado en un irregular procedimiento, fueron desalojadas cuatro familias de un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas, en el departamento Río Primero. Allí destruyeron las viviendas y tiraron las pertenencias de los habitantes a la calle.
La causa recayó sobre la fiscalía del distrito II turno 3 a cargo de Pedro Caballero. El funcionario judicial señaló a este medio que “se encuentra en la etapa instructiva de la causa, por lo que todavía nos resolvió imputaciones” y agregó: “Estamos reuniendo pruebas, es una causa reciente que recibimos hace poco tiempo, estamos evaluando varias situaciones”, añadió el letrado.
Vale recordar que el procedimiento de desalojo se realizó en medio de denuncias de graves irregularidades, como que el oficial de justicia actuó sin orden judicial y en uno de los casos ante la presencia exclusiva de menores en una de las viviendas.
Los pobladores se ubicaban en terrenos que, aparentemente habían sido objeto de una disputa legal, y por lo que los desalojos se realizaron por una denuncia presentada por la supuesta propietaria.
Sin embargo, los jornaleros que allí residen aseguraron que los lotes les fueron legados por familiares, y sobre ellos que jamás recibieron un reclamo.
Cuando las familias retornaban a los terrenos tras el desalojo con el objetivo de defender pacíficamente la posesión, con el apoyo de vecinos, familiares, organizaciones sociales y miembros del Movimiento Campesino de Córdoba, fueron detenidas 16 personas, entre ellas dos menores, una abogada de derechos humanos y militantes sociales, además de familias del lugar.
El 25 de abril pasado, este diario adelantó que los campesinos denunciarían penalmente a los responsables del procedimiento irregular. En la misma nota, la jueza confirmó que la orden judicial de desalojo emitida había sido contra el empresario explotador de los campos, y no contra las familias que allí residían, que nunca fueron identificados dentro de la propiedad ni formaban parte del juicio.
Sin embargo, el oficial de Justicia actuó sobre ellos ordenando la destrucción de las viviendas.

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