11 mar 2013

El crimen de Fukushima

La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (11/03/2013)
El crimen de Fukushima


Por Mauro Fernández, coordinador de la campaña de Energía de Greenpeace. El desastre nuclear en Japón desnudó nuevamente los riesgos de esta tecnología mal parida y cuyo reemplazo es urgente. Hoy, todavía hay en el mundo 390 potenciales `Fukushimas`.
Dos años pasaron desde el desastre nuclear de Fukushima. El colapso del complejo atómico japonés en marzo de 2011 obligó a la evacuación de más de 160 mil personas, esparció contaminación radiactiva en un área equivalente a más de sesenta y cinco veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires –13.000 km2– y representó la mayor descarga de elementos radiactivos al Océano Pacífico de la historia. Semejante impacto fue el resultado de una catástrofe humana, previsible y anunciada durante décadas por científicos y ambientalistas con argumentos que desde el sector nuclear intentan silenciar y que la dirigencia política, en la mayoría de los casos, busca omitir.
Fukushima fue un crimen perpetrado por negligencias puntuales. Un crimen con responsables de carne y hueso, o personerías jurídicas reconocibles, cuyos principales exponentes son el gobierno japonés, el ente regulador nuclear y la empresa encargada de la operación de la planta, TEPCO. Los siguen en la lista las empresas fabricantes de los componentes críticos de los reactores que se llenaron los bolsillos construyendo Fukushima, pero no pagaron ni un centavo cuando los reactores fallaron, y dejaron los daños tanto humanitarios como económicos, a cargo de los ciudadanos japoneses.
El desastre nuclear en Japón desnudó nuevamente los riesgos de esta tecnología mal parida y cuyo reemplazo es urgente. Hoy, todavía hay en el mundo 390 potenciales Fukushimas.
En las cinco décadas de energía nuclear civil se produjeron cinco fusiones de núcleo, el mayor accidente posible en una planta nuclear. Cada década ocurre un desastre nuclear en algún sitio del mundo.
El crimen de Fukushima podría repetirse en este preciso momento. La Central Nuclear de Embalse, en la provincia de Córdoba, es el caso más claro del peligro nuclear en el país. Es una planta con su vida útil vencida desde hace ya un año, se ubica sobre una falla sísmica, descarga elementos radiactivos que superan las recomendaciones de la Unión Europea, y posee un diseño pre-Chernobyl desaconsejado por la propia Agencia Internacional de Energía Atómica.
El Ministerio de Planificación reconoce una inversión de US$ 1.366 millones de dólares para la extensión de vida de Embalse, pero las estimaciones de reparaciones similares en otros lugares del mundo alcanzan cifras que duplican o triplican ese monto. No solo existe una total falta de transparencia sobre el dinero a invertir sino también riesgos de que la cantidad invertida sea insuficiente.
En cualquier caso, destinar ese dinero a un sistema de tarifas fijas que impulse el desarrollo de la energía eólica, podría generar mucha más electricidad en forma segura, limpia y renovable.
El aporte nuclear en 2012 ha representado sólo el 4,7% de la electricidad, un porcentaje fácilmente reemplazable. De acuerdo a la Ley 26.190, aprobada en 2006, en 2016 el 8% de la energía debe ser de fuentes renovables; es preciso redirigir las inversiones destinadas hoy a un desarrollo energético peligroso y obsoleto y comenzar la transformación energética que Argentina necesita.
La dirigencia política cordobesa deberá asumir la responsabilidad por la seguridad de sus ciudadanos, de las generaciones futuras, y de la preservación de los recursos naturales de su provincia, cuyo resguardo es su deber. Esta coyuntura nos obliga a la reflexión y a la acción, para no repetir, y no lamentar, otro crimen anunciado.

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