22 jul 2012
Los convenios urbanísticos se discuten en Capital
9:03 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (22/07/2012)
Convenios urbanísticos, debate caliente
En el Concejo capitalino se discute la ordenanza que permitirá al municipio hacer acuerdos con privados sobre el uso del suelo a cambio de que la ciudad participe de los beneficios.
En el Concejo Deliberante de Córdoba se discute un proyecto de ordenanza que afecta en forma directa el desarrollo urbano de la ciudad. Se trata de los convenios urbanísticos, que permitirán al municipio hacer acuerdos con privados para autorizar excepciones a las normas vigentes sobre uso, fraccionamiento y ocupación del suelo, a cambio de que la ciudad participe de los beneficios.
Con este instrumento, la Municipalidad puede, por ejemplo, habilitar la construcción de torres en zonas donde las normas vigentes no lo permiten y, a cambio, recibir un porcentaje del beneficio empresario resultante de esa excepción (ver proyecto de ordenanza completo).
Estos acuerdos no son nuevos. El ex intendente Daniel Giacomino intentó que durante su gestión se sancionara una ordenanza similar. Como no lo consiguió, realizó casi 50 concertaciones público-privadas por decreto, de las cuales muy pocas pasaron por el Concejo Deliberante.
Lo que cambiaría con la ordenanza mestrista es que por el Concejo pasarían todas las concertaciones y se crearía un registro de los convenios firmados. Pero la participación de los ediles será ad referendum , es decir que sólo podrán aceptar o rechazar el convenio, pero no hacerle cambios.
Esto significa que toda la negociación se realizará entre los funcionarios municipales y las personas interesadas en construir, ya sean entes públicos o privados.
¿Cuándo y cómo? En qué casos se aplicará, cuánto pagarán los interesados y de qué manera lo harán quedará a criterio de los funcionarios, según el proyecto actual.
“Se aplicará a casos excepcionales”, afirmaron tanto el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Mariano De Juan, como el subsecretario de Desarrollo Económico y Estratégico, Juan Giunta, ambos encargados de defender el proyecto oficial.
Sin embargo, en ningún párrafo se habla de excepciones.
Con respecto a cuánto pagarán los interesados en construir y cómo lo harán, el texto incluye algunas precisiones.
En el artículo 14, se determinan dos porcentajes mínimos de participación del municipio en los beneficios.
En el caso en que se habilite un cambio en el fraccionamiento o el uso del suelo, se cobrará no menos del 15 por ciento del valor de la superficie resultante por los cambios en las normas. Cuando se permita un mayor aprovechamiento del suelo (más pisos en un edificio, por ejemplo), la Municipalidad recibirá no menos del 10 por ciento del incremento de la superficie edificable.
El artículo dice que la Ciudad podrá cobrar con dinero en efectivo, con superficie urbanizada o superficie edificable, o con obras de infraestructura en las que el valor de la inversión sea equivalente al porcentaje de participación municipal.
Lo que no determina el proyecto es cómo se va a determinar el valor de los inmuebles, para sacar el cálculo de cuánto le corresponde a la Municipalidad. Tampoco habla de la forma en que se va a pagar en cada caso: de contado, en cuotas, a cuántos años, etcétera.
“Hasta ahora, la Municipalidad pedía a la Dirección de Catastro que haga el cálculo. También lo puede hacer el Consejo Provincial de Tasaciones”, respondió De Juan ante la consulta de este diario.
En cuanto a los plazos de financiación para el pago, el funcionario sostuvo que se necesita que la ordenanza sea flexible en ese sentido para poder negociar con el interesado en función de cada caso en particular.
De Juan reconoció que la norma permite que muchas decisiones queden a discrecionalidad del funcionario. “Es así, pero la discrecionalidad no tiene por qué ser mal entendida. Nosotros no vamos a permitir que nos marquen la cancha, vamos a firmar acuerdos que beneficien a la ciudad”, sostuvo.
Ordenanzas viejas. Los convenios urbanísticos descansan en varios presupuestos. Uno es que las ordenanzas vigentes están desactualizadas. De hecho, las normas que rigen hoy datan de los años 1985 y 1986.
La pregunta que surge es por qué, en lugar de hacer una norma que permita excepciones, no se hacen nuevas ordenanzas que reordenen el suelo urbano en función de las necesidades actuales.
Ante esta consulta De Juan, afirmó que la gestión trabaja en un plan director para Córdoba, pero que eso lleva tiempo.
Debate. Quedan dos miércoles de discusión en el Concejo. Hasta ahora, participaron los colegios de Ingenieros y Arquitectos y, en la próxima reunión, estarán los desarrollistas urbanos y organizaciones de la sociedad civil.
En el Ejecutivo dicen estar dispuestos a consensuar algunos puntos, pero no los más trascendentes, que responden a decisiones políticas. Y el intendente Ramón Mestre tiene el número de ediles necesarios como para aprobarla.
El proyecto oficial
Objetivo. Regular los convenios entre la Municipalidad de Córdoba y entes privados o públicos para modificar las condiciones de fraccionamiento, uso y/o ocupación del suelo, con el objetivo de viabilizar desarrollos inmobiliarios.
Beneficio. En los cambios en el fraccionamiento o uso del suelo, el municipio se quedaría con el 15% del incremento del valor del inmueble que resulte de la modificación de las normativas; en los casos de mayor aprovechamiento de la ocupación del suelo (más pisos en un edificio, por ejemplo), se quedaría con el 10% del incremento.
Pago. El interesado pagará al municipio con dinero, con superficie urbanizada o edificable o mediante la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos sociales, etcétera.
Fondo. El dinero o los inmuebles que el municipio reciba a cambio de esos permisos irán a un fondo específico para desarrollo urbano. Un 5 por ciento se destinará al Presupuesto Participativo y otro porcentaje –a determinar por vía reglamentaria– a financiar estudios e investigaciones.
Registro. Se creará un registro municipal de los convenios.
Ver Noticia On Line
Más Información:
- El proyecto de ordenanza completo
- Cuestionan la falta de un plan urbano y la discrecionalidad
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Convenios urbanísticos, debate caliente
En el Concejo capitalino se discute la ordenanza que permitirá al municipio hacer acuerdos con privados sobre el uso del suelo a cambio de que la ciudad participe de los beneficios.En el Concejo Deliberante de Córdoba se discute un proyecto de ordenanza que afecta en forma directa el desarrollo urbano de la ciudad. Se trata de los convenios urbanísticos, que permitirán al municipio hacer acuerdos con privados para autorizar excepciones a las normas vigentes sobre uso, fraccionamiento y ocupación del suelo, a cambio de que la ciudad participe de los beneficios.
Con este instrumento, la Municipalidad puede, por ejemplo, habilitar la construcción de torres en zonas donde las normas vigentes no lo permiten y, a cambio, recibir un porcentaje del beneficio empresario resultante de esa excepción (ver proyecto de ordenanza completo).
Estos acuerdos no son nuevos. El ex intendente Daniel Giacomino intentó que durante su gestión se sancionara una ordenanza similar. Como no lo consiguió, realizó casi 50 concertaciones público-privadas por decreto, de las cuales muy pocas pasaron por el Concejo Deliberante.
Lo que cambiaría con la ordenanza mestrista es que por el Concejo pasarían todas las concertaciones y se crearía un registro de los convenios firmados. Pero la participación de los ediles será ad referendum , es decir que sólo podrán aceptar o rechazar el convenio, pero no hacerle cambios.
Esto significa que toda la negociación se realizará entre los funcionarios municipales y las personas interesadas en construir, ya sean entes públicos o privados.
¿Cuándo y cómo? En qué casos se aplicará, cuánto pagarán los interesados y de qué manera lo harán quedará a criterio de los funcionarios, según el proyecto actual.
“Se aplicará a casos excepcionales”, afirmaron tanto el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Mariano De Juan, como el subsecretario de Desarrollo Económico y Estratégico, Juan Giunta, ambos encargados de defender el proyecto oficial.
Sin embargo, en ningún párrafo se habla de excepciones.
Con respecto a cuánto pagarán los interesados en construir y cómo lo harán, el texto incluye algunas precisiones.
En el artículo 14, se determinan dos porcentajes mínimos de participación del municipio en los beneficios.
En el caso en que se habilite un cambio en el fraccionamiento o el uso del suelo, se cobrará no menos del 15 por ciento del valor de la superficie resultante por los cambios en las normas. Cuando se permita un mayor aprovechamiento del suelo (más pisos en un edificio, por ejemplo), la Municipalidad recibirá no menos del 10 por ciento del incremento de la superficie edificable.
El artículo dice que la Ciudad podrá cobrar con dinero en efectivo, con superficie urbanizada o superficie edificable, o con obras de infraestructura en las que el valor de la inversión sea equivalente al porcentaje de participación municipal.
Lo que no determina el proyecto es cómo se va a determinar el valor de los inmuebles, para sacar el cálculo de cuánto le corresponde a la Municipalidad. Tampoco habla de la forma en que se va a pagar en cada caso: de contado, en cuotas, a cuántos años, etcétera.
“Hasta ahora, la Municipalidad pedía a la Dirección de Catastro que haga el cálculo. También lo puede hacer el Consejo Provincial de Tasaciones”, respondió De Juan ante la consulta de este diario.
En cuanto a los plazos de financiación para el pago, el funcionario sostuvo que se necesita que la ordenanza sea flexible en ese sentido para poder negociar con el interesado en función de cada caso en particular.
De Juan reconoció que la norma permite que muchas decisiones queden a discrecionalidad del funcionario. “Es así, pero la discrecionalidad no tiene por qué ser mal entendida. Nosotros no vamos a permitir que nos marquen la cancha, vamos a firmar acuerdos que beneficien a la ciudad”, sostuvo.
Ordenanzas viejas. Los convenios urbanísticos descansan en varios presupuestos. Uno es que las ordenanzas vigentes están desactualizadas. De hecho, las normas que rigen hoy datan de los años 1985 y 1986.
La pregunta que surge es por qué, en lugar de hacer una norma que permita excepciones, no se hacen nuevas ordenanzas que reordenen el suelo urbano en función de las necesidades actuales.
Ante esta consulta De Juan, afirmó que la gestión trabaja en un plan director para Córdoba, pero que eso lleva tiempo.
Debate. Quedan dos miércoles de discusión en el Concejo. Hasta ahora, participaron los colegios de Ingenieros y Arquitectos y, en la próxima reunión, estarán los desarrollistas urbanos y organizaciones de la sociedad civil.
En el Ejecutivo dicen estar dispuestos a consensuar algunos puntos, pero no los más trascendentes, que responden a decisiones políticas. Y el intendente Ramón Mestre tiene el número de ediles necesarios como para aprobarla.
El proyecto oficial
Objetivo. Regular los convenios entre la Municipalidad de Córdoba y entes privados o públicos para modificar las condiciones de fraccionamiento, uso y/o ocupación del suelo, con el objetivo de viabilizar desarrollos inmobiliarios.
Beneficio. En los cambios en el fraccionamiento o uso del suelo, el municipio se quedaría con el 15% del incremento del valor del inmueble que resulte de la modificación de las normativas; en los casos de mayor aprovechamiento de la ocupación del suelo (más pisos en un edificio, por ejemplo), se quedaría con el 10% del incremento.
Pago. El interesado pagará al municipio con dinero, con superficie urbanizada o edificable o mediante la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos sociales, etcétera.
Fondo. El dinero o los inmuebles que el municipio reciba a cambio de esos permisos irán a un fondo específico para desarrollo urbano. Un 5 por ciento se destinará al Presupuesto Participativo y otro porcentaje –a determinar por vía reglamentaria– a financiar estudios e investigaciones.
Registro. Se creará un registro municipal de los convenios.
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- El proyecto de ordenanza completo
- Cuestionan la falta de un plan urbano y la discrecionalidad
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