17 jun 2012

Amplio debate sobre las fumigaciones

La Voz del Interior (17/06/2012)
A favor y en contra de las fumigaciones

En Villa María, se debatió el uso de agroquímicos y sus efectos en la población. Participaron desde productores y aplicadores hasta investigadores y médicos.
El debate sobre el uso de agroquímicos y sus efectos en la salud humana no ofrece todavía una conclusión cerrada. La convergencia de diferentes miradas sobre el tema deja claro que nadie cuenta con una visión acabada de la problemática. La
realización en Villa María de la primera Jornada Fitosanitaria Provincial puso frente a frente, en un debate abierto, a fumigadores, agrónomos, investigadores, funcionarios, trabajadores rurales, médicos, docentes y abogados.
El alcance y reglamentación de las leyes vigentes, y la utilización de agroquímicos como un recurso necesario para la agricultura, son puntos que logran consenso. Las diferencias aparecen a la hora de determinar las responsabilidades en el control de su aplicación y la relación que se puede establecer entre estos químicos y los casos de cáncer en personas que viven en pueblos rurales y zonas urbanas linderas a campos.
Una investigadora de la Universidad Nacional de Litoral (UNL) y una directiva de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (Aooc) coincidieron en restarle peso a los agroquímicos, y puntualmente al glifosato, como un agente de alto poder cancerígeno.
“Estudios epidemiológicos que investigaron la asociación entre exposición al glifosato en seres humanos y diversas patológicas, presentan asociaciones débiles y raramente significativas. No hay estudios que relacionen valores del glifosato y muestras biológicas de humanos y su relación con las patologías citadas (cáncer)”, afirmó María Cristina Arregui, docente de la UNL. La conclusión pertenece a un informe que 21 expertos de cinco facultades elaboraron a pedido de un juez de Santa Fe, a partir de un recurso de amparo presentado por el uso de glifosato.
Falta de información. “Las poblaciones agropecuarias tienen un incremento de hasta el doble de casos de cáncer que las ciudades”, afirmó María Ester Domínguez, secretaria general de la Aaoc, y agregó que “los agroquímicos tienen consecuencias agudas y crónicas, y una de ella es el cáncer”. Pero también dijo que estos casos “no dependen solamente de los agroquímicos, sino que el PVC, las toxinas, los recipientes que se calientan en el microondas tienen su responsabilidad”.
Domínguez opinó que falta información a nivel popular. “Uno le echa la culpa al glifosato y el problema no es tanto eso, sino el surfactante, que es el vehículo que lo trae”, concluyó.
La falta de conocimiento a fondo de la problemática que suscitan los agroquímicos también preocupa a Martín D’Olivo, de Colonia Caroya, integrante del colectivo Docentes Fumigados. “La afección que sufren las escuelas rurales es por este modelo que no es sólo productivo, sino ideológico. Los agroquímicos son un arma de doble filo. Si se los usa adecuadamente, pueden tener sus beneficios. Pero nos juegan en contra si no se respeta la legislación”, opinó.
Recordó que la Organización Mundial de la Salud recomienda 2.500 metros de zona de protección por uso de cualquier producto fitosanitario en torno a escuelas. “Hay estudios y controversias, pero lo primero es la salud. El principio precautorio en el que nos basamos insta a que, ante la duda, hay que ser prudente”, dijo.
El docente propuso que se promuevan explotaciones alternativas a la soja, que incluya recuperación del ganado rural caprino. También incluir el tema en la currícula escolar “porque más allá de la contaminación, es un tema sociológico: baja la matrícula y desaparecen escuelas rurales. Sin conocimiento, no se sabe cómo actuar ante una posible intoxicación”.
María Ester Domínguez apuntó que “no hay que demonizar los agroquímicos, sino cuidarse y aprender a usarlos. Un insecticida domiciliario es seis veces más potente como cancerígeno que el glifosato”.
La docente de la UNL, María Cristina Arregui, dijo que “informes internacionales muestran una gran coincidencia respecto de considerar al glifosato como de baja incidencia desde el punto de vista toxicológico por exposición vía ingesta” a través de alimentos y agua. Pero advirtió que hay formulados comerciales que contienen un coadyuvante conocido como Poea que los vuelve mucho más tóxicos. Dijo que en Argentina “sólo se comprobó en la marca Roundup”, pero que hay “más de 200 productos comerciales en el país que no son de esa marca pero contienen glifosato”.
El estudio presentado concluye que no existen agroquímicos inocuos. El riesgo depende de las precauciones que se tomen.
Aeroaplicadores. Defensa. El pedido de prohibición de la fumigación aérea para reducir consecuencias no deseadas de la aplicación de agroquímicos fue considerado “un infantilismo que da vergüenza ajena” por Orlando Martínez, presidente de la federación que nuclea a los aplicadores aéreos de Argentina. Advirtió que, según el Ministerio de Salud, la contaminación por sustancias químicas es la menor de las causas posibles de cáncer (de uno a cuatro por ciento de los casos). Destacó que los aviones provocan menos contaminación que las aplicaciones terrestres porque utilizan menos combustible y menos agua por superficie tratada.

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Sanciones, clausuras e inhabilitaciones

La falta de control en la aplicación de agroquímicos es un tópico recurrente en la provincia de Córdoba.
Norberto Aichino, subsecretario de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura de la provincia, dijo que en los últimos cuatro meses se aplicaron 265 sanciones, que incluyeron 34 clausuras a depósitos, 60 inhabilitaciones a fumigadores con el secuestro de tres máquinas y se aplicaron 162 multas. Dijo que con el equipo de la secretaría se visitaron más de 100 localidades con inspecciones y capacitaciones y que existe la “decisión firme del ministro de trabajar en la aplicación irrestricta de la ley”.
Mencionó a las áreas de Laboulaye, Melo, Sampacho, Río Cuarto, Leones, Marcos Juárez y el norte provincial, lugares desde donde les llegaron la mayor parte de las denuncias.
Graciela Loreto Pérez Contreras, de la Asociación de Funcionarios de la Justicia Municipal de Faltas, observó que muchos municipios tienen ordenanzas que no se cumplen, “y hacen que la letra quede muerta y el ciudadano acuda en auxilio a la Provincia”, pero que existe el “compromiso” de los juzgados de faltas por hacer cumplir la legislación.
También hay zonas grises, como las escuelas rurales. Sergio Santacruz es docente en un establecimiento a 18 kilómetros de Cañada de Luque y asegura que están “desamparados de las ordenanzas”. “No hay quien controle. Hablamos a Córdoba Ambiente y nos preguntan sobre la municipalidad más cercana”, dijo.

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El Puntal de Río Cuarto (17/06/2012)
Piden que la Provincia tome medidas para controlar el uso de agroquímicos

Nelso Doffo, quien participó de las actividades que se realizan en los Tribunales Federales, destacó que modificar las leyes vigentes y garantizar su cumplimiento en zonas urbanas es indispensable para detener las consecuencias en la salud y evitar juicios en el resto de las localidades
El desarrollo, en la ciudad de Córdoba, del primer juicio por fumigaciones que se realiza en el país reabrió el debate acerca de la necesidad de regular el uso de agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas.
El secretario de Planificación de la UNRC, Nelso Doffo, quien participó de las actividades en el marco de este proceso judicial, señaló que el gobierno provincial debe avanzar en el control de esta problemática para detener el impacto en la salud de la población y evitar que los juicios se repitan en otras localidades cordobesas.
Luego de disertar en el Seminario sobre Justicia Ambiental que se desarrolló fuera de los Tribunales Federales de Córdoba, Doffo analizó los múltiples aspectos en los que se debe avanzar para que las muertes y enfermedades sufridas por los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo no sigan repitiéndose en otras poblaciones.
“Espero que la Provincia haga una lectura madura acerca de estos problemas porque realmente uno no quisiera que haya tantos juicios como localidades existen”, dijo el ex defensor adjunto del Pueblo que trabajó junto a distintos barrios de Río Cuarto para detener las fumigaciones cercanas a las viviendas.
En diálogo con PUNTAL, Doffo consideró que es necesario modificar la Ley provincial de Agroquímicos para lograr mayor precisión en la clasificación de las zonas urbanas y rurales, así como en las consecuencias de los distintos herbicidas y pesticidas.
Además, expresó que hasta ahora la Provincia no se ha involucrado en hacer cumplir las normativas vigentes y señaló que los municipios son los que más han avanzado para resolver esta grave problemática ambiental y sanitaria.

Un punto de inflexión

- ¿Qué implicancias puede tener este juicio a nivel provincial y nacional?
Es casi uno de los primeros casos en Latinoamérica de enjuiciamiento por fumigaciones. Creo que va a ser interesante no sólo porque va a movilizar a la población sino también a los funcionarios, es importante para los intendentes, para la Provincia. Espero que la Provincia haga una lectura madura acerca de estos problemas porque realmente uno no quisiera que haya tantos juicios como localidades existen. La verdad es que es un tema que está creciendo mucho.
Creo que éste es un punto de inflexión interesante, es una forma de empezar a mirar las consecuencias de un modelo de producción. Uno desearía que así como un sector tiene una renta interesante con este modelo y lo ha venido haciendo por lo menos desde el 2003 hasta hoy, también haya un poco de justicia ambiental: que los beneficios de este modelo no signifiquen los pasivos para otros.

- ¿Cuál sería el paso necesario para lograr una mayor justicia ambiental? ¿Son necesarias nuevas leyes o sólo deben respetarse las existentes?
Hay de todo. Lo cierto es que esta ley provincial no va más: sí o sí hay que revisarla. Por ejemplo, se establecen ciertas bandas de distancia en las que se aplican distintos herbicidas; ahí hay que revisar cuáles son los herbicidas que están permitidos. Hay que plantear una ordenación del territorio: la Provincia tiene que hacerse cargo de esas zonas de seguridad en todo el territorio, no se puede seguir fumigando en el patio del fondo de la gente que vive en las periferias.

Además, Doffo señaló que este debate lleva a replantear el modelo productivo a nivel nacional, dado que la exportación de cultivos a gran escala está implicando un alto insumo energético y una degradación del ambiente.

El rol de los municipios
El secretario de la UNRC destacó que pese a que los gobiernos provinciales son los que mayor responsabilidad tienen ante esta problemática, hasta el momento fueron los municipios los que mayores avances lograron. Y mencionó las regulaciones en el uso de agroquímicos que impulsaron las municipalidades de Huinca Renancó, San Francisco, así como otras localidades de Santa Fe y Entre Ríos.
“En general, las poblaciones ya están tomando algún tipo de cuidados. Por supuesto que falta muchísimo, hay muchas poblaciones que todavía no están teniendo algún tipo de resguardo legal”, advirtió.
En este sentido, señaló que es necesario establecer zonas de amortiguamiento alrededor del ejido urbano para alejar las fumigaciones de las viviendas. Además, mencionó la necesidad de controlar los aplicadores terrestres “que ingresan al pueblo aún sin limpiarse y se estacionan adentro de la localidad, lo cual viola totalmente la Ley de Residuos Peligrosos y la Ley de Agroquímicos”.
Finalmente,  Doffo concluyó: “Me gustaría que la Provincia colaborara más pero lo cierto es que es muy grande el territorio y si de alguna manera los municipios no toman cartas en el asunto esto va a seguir generando hechos como los que llegaron a juicio, con casos tan notables de cáncer y malformaciones”.

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