26 feb 2012
Los juicios por las fumigaciones en zonas urbanas
11:41 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (26/02/2012)
A juicio dos causas por fumigaciones prohibidas
Se acusa a productores de haber arrojado agroquímicos irregularmente en Ituzaingó Anexo. Es el barrio en donde se detectó una inusual tasa de casos de cáncer.
Finalmente, la Justicia de Córdoba decidió unificar las dos causas relacionadas con las denuncias de fumigaciones prohibidas en barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba. Por eso, el juicio que inicialmente estaba previsto para el 27 de febrero se pospuso para una fecha que rondaría entre abril y mayo de este año.
La primera denuncia es de 2004, cuando Sofía Gatica –dirigente de un grupo de madres que encabezó los reclamos contra la contaminación ambiental en la zona– inició una causa contra un productor agropecuario. Sucedió luego de que los vecinos detectaran que en los campos contiguos se fumigaba a pesar de la prohibición establecida en la ordenanza 10.590, que impedía realizar esa práctica a menos de 2.500 metros de las viviendas del barrio.
La otra causa se inició en 2008, cuando el entonces secretario de Salud del municipio cordobés –Medardo Avila Vazquez– denunció a dos productores de la zona al sostener que seguían fumigando al lado del barrio, a pesar de la prohibición.
Avila Vazquez ya no es funcionario pero sigue siendo uno de los querellantes: “Cuando se marcaban en el plano las casas de la gente enferma, se veía claramente que a medida que se acercaba a la zona fumigada aumentaba la densidad de casos. La relación geográfica es muy fuerte”, señaló.
Los que deberán sentarse en el banquillo de acusados son dos productores agropecuarios y un piloto de avión, denunciados por fumigación clandestina. La Cámara 1ª del Crimen será la que juzgue a Jorge Alberto Gabrielli, Francisco Rafael Parra y Edgardo Jorge Pancello, acusados de violar el artículo 58 de la ley de Agroquímicos 9.164. El segundo de ellos es el acusado en la otra causa.
Carlos Hairabedian, el abogado de uno de los productores, explicó que la defensa se basará en el intento de demostrar la falta de pruebas.
Se trata del primer caso en Córdoba –y uno de los primeros a nivel nacional– que se eleva a juicio por este fenómeno, relacionado con el “boom” de la soja en todo el país.
La norma provincial prohíbe la aplicación aérea de determinados productos en un radio menor a los 1.500 metros (endosulfan) y a los 500 metros (glifosato) de distancia de la población urbana, por ser peligrosos para la salud. Ambos elementos se habrían detectado en la investigación que motivó la elevación a juicio.
“En un barrio de cinco mil habitantes hay cerca de 200 personas con cáncer y cerca de 100 ya murieron por esa enfermedad. Estos agroquímicos son cancerígenos”, dijo el año pasado el fiscal que instruyó la causa, Carlos Matheu. Sin embargo, el nuevo fiscal para el juicio será Marcelo Novillo.
La historia. La causa comenzó en 2002, cuando un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Lo hizo a pesar de la resistencia de las autoridades sanitarias de entonces –en especial del Ministerio de Salud provincial– quienes se negaban a tomar seriamente el reclamo.
Luego se constató que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico y se puso la lupa en el PCB de los transformadores, en el agua y en las fumigaciones cercanas.
Se concluyó que no era normal la elevadísima tasa de casos de cáncer, leucemias y otras enfermedades respiratorias.
La lucha de las madres hizo que, entre otros logros, se comenzara a proveer agua de red a todo el sector, que se sacara el PCB de los transformadores, y que se sancionara primero una ordenanza y luego una ley provincial para restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas.
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Avanza otra causa en el interior
En Villa de María del Río Seco, una familia hizo una denuncia tras sufrir una intoxicación aguda. Están imputados un piloto y el encargado del campo.
La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes imputó al piloto de una avioneta fumigadora y al encargado del inmueble rural tras una denuncia de un vecino por la supuesta aplicación fuera de ley de agroquímicos. El hecho ocurrió en un campo pegado a la zona urbana de Villa de María del Río Seco, en el extremo norte de la provincia.
Reimundo Barreras, secretario de esa fiscalía judicial, confirmó a este diario que a través de la investigación se resolvió acusar al piloto D. P. M. por el delito de contaminación ambiental, y al encargado del campo, V. A., por la misma figura pero en calidad de partícipe necesario.
Según el expediente, los acusados no habrían respetado los límites que establece la ley provincial de agroquímicos.
Esa norma impide aplicar ciertos productos a menos de 500 metros de zonas urbanas y admite otros, pero bajos ciertas condiciones y controles. También prohíbe todo tipo de fumigación aérea en distancias menores a 1.500 metros de áreas pobladas.
Barreras indicó que todavía se están recopilando algunas pruebas en la causa, cuya elevación a juicio no está aún resuelta. También anticipó que en las próximas semanas se citaría a declarar a los imputados.
En 2010, Juan Manuel Hernández radicó una denuncia. Planteó un caso de intoxicación de su familia tras una fumigación realizada en el campo ubicado frente de su vivienda, y a sólo 800 metros del casco céntrico de la pequeña localidad de Villa de María del Río Seco, situada 174 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.
Presos en casa. Hernández contó que en 2003 compró el terreno en la periferia de este pueblo para construir su casa. Según aseguró, en esa época el campo vecino era utilizado para otras actividades rurales, pero luego fue desmontado y usado para cultivar soja.
Según planteó, desde entonces comenzaron las fumigaciones. “Cuando fumigaban, estábamos presos en nuestra propia casa”, señaló. Hernández indicó que tiene registro de videos y fotografías que presentó a la Justicia.
“El avión pasaba delante de nuestros ojos y el mosquito (máquina para aplicaciones terrestres) hacía aplicaciones a 20 metros de mi vivienda. Caía de lleno sobre nosotros y a veces era insoportable quedarnos a pesar de tener ventanas y puertas cerradas”, contó.
En marzo del 2010, tras una fumigación, toda su familia sintió síntomas de intoxicación. “Mi mujer, mis dos hijos y yo sufrimos ardor en los ojos, dolor de estómago, erupciones en la piel. El médico nos explicó que teníamos síntomas de una posible intoxicación por la exposición a agroquímicos”, afirmó.
Tras ese episodio presentó la denuncia judicial. Hernández relató que antes intentó “llegar a un acuerdo” para evitar fumigaciones cerca de su hogar.
Tras el inicio de la causa judicial, en ese campo el sorgo pasó a ocupar el lugar de la soja y ya no percibió nuevas aplicaciones de agroquímicos, según el denunciante.
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A juicio dos causas por fumigaciones prohibidas
Se acusa a productores de haber arrojado agroquímicos irregularmente en Ituzaingó Anexo. Es el barrio en donde se detectó una inusual tasa de casos de cáncer.
Finalmente, la Justicia de Córdoba decidió unificar las dos causas relacionadas con las denuncias de fumigaciones prohibidas en barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba. Por eso, el juicio que inicialmente estaba previsto para el 27 de febrero se pospuso para una fecha que rondaría entre abril y mayo de este año.
La primera denuncia es de 2004, cuando Sofía Gatica –dirigente de un grupo de madres que encabezó los reclamos contra la contaminación ambiental en la zona– inició una causa contra un productor agropecuario. Sucedió luego de que los vecinos detectaran que en los campos contiguos se fumigaba a pesar de la prohibición establecida en la ordenanza 10.590, que impedía realizar esa práctica a menos de 2.500 metros de las viviendas del barrio.
La otra causa se inició en 2008, cuando el entonces secretario de Salud del municipio cordobés –Medardo Avila Vazquez– denunció a dos productores de la zona al sostener que seguían fumigando al lado del barrio, a pesar de la prohibición.
Avila Vazquez ya no es funcionario pero sigue siendo uno de los querellantes: “Cuando se marcaban en el plano las casas de la gente enferma, se veía claramente que a medida que se acercaba a la zona fumigada aumentaba la densidad de casos. La relación geográfica es muy fuerte”, señaló.
Los que deberán sentarse en el banquillo de acusados son dos productores agropecuarios y un piloto de avión, denunciados por fumigación clandestina. La Cámara 1ª del Crimen será la que juzgue a Jorge Alberto Gabrielli, Francisco Rafael Parra y Edgardo Jorge Pancello, acusados de violar el artículo 58 de la ley de Agroquímicos 9.164. El segundo de ellos es el acusado en la otra causa.
Carlos Hairabedian, el abogado de uno de los productores, explicó que la defensa se basará en el intento de demostrar la falta de pruebas.
Se trata del primer caso en Córdoba –y uno de los primeros a nivel nacional– que se eleva a juicio por este fenómeno, relacionado con el “boom” de la soja en todo el país.
La norma provincial prohíbe la aplicación aérea de determinados productos en un radio menor a los 1.500 metros (endosulfan) y a los 500 metros (glifosato) de distancia de la población urbana, por ser peligrosos para la salud. Ambos elementos se habrían detectado en la investigación que motivó la elevación a juicio.
“En un barrio de cinco mil habitantes hay cerca de 200 personas con cáncer y cerca de 100 ya murieron por esa enfermedad. Estos agroquímicos son cancerígenos”, dijo el año pasado el fiscal que instruyó la causa, Carlos Matheu. Sin embargo, el nuevo fiscal para el juicio será Marcelo Novillo.
La historia. La causa comenzó en 2002, cuando un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Lo hizo a pesar de la resistencia de las autoridades sanitarias de entonces –en especial del Ministerio de Salud provincial– quienes se negaban a tomar seriamente el reclamo.
Luego se constató que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico y se puso la lupa en el PCB de los transformadores, en el agua y en las fumigaciones cercanas.
Se concluyó que no era normal la elevadísima tasa de casos de cáncer, leucemias y otras enfermedades respiratorias.
La lucha de las madres hizo que, entre otros logros, se comenzara a proveer agua de red a todo el sector, que se sacara el PCB de los transformadores, y que se sancionara primero una ordenanza y luego una ley provincial para restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas.
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Avanza otra causa en el interior
En Villa de María del Río Seco, una familia hizo una denuncia tras sufrir una intoxicación aguda. Están imputados un piloto y el encargado del campo.
La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes imputó al piloto de una avioneta fumigadora y al encargado del inmueble rural tras una denuncia de un vecino por la supuesta aplicación fuera de ley de agroquímicos. El hecho ocurrió en un campo pegado a la zona urbana de Villa de María del Río Seco, en el extremo norte de la provincia.
Reimundo Barreras, secretario de esa fiscalía judicial, confirmó a este diario que a través de la investigación se resolvió acusar al piloto D. P. M. por el delito de contaminación ambiental, y al encargado del campo, V. A., por la misma figura pero en calidad de partícipe necesario.
Según el expediente, los acusados no habrían respetado los límites que establece la ley provincial de agroquímicos.
Esa norma impide aplicar ciertos productos a menos de 500 metros de zonas urbanas y admite otros, pero bajos ciertas condiciones y controles. También prohíbe todo tipo de fumigación aérea en distancias menores a 1.500 metros de áreas pobladas.
Barreras indicó que todavía se están recopilando algunas pruebas en la causa, cuya elevación a juicio no está aún resuelta. También anticipó que en las próximas semanas se citaría a declarar a los imputados.
En 2010, Juan Manuel Hernández radicó una denuncia. Planteó un caso de intoxicación de su familia tras una fumigación realizada en el campo ubicado frente de su vivienda, y a sólo 800 metros del casco céntrico de la pequeña localidad de Villa de María del Río Seco, situada 174 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.
Presos en casa. Hernández contó que en 2003 compró el terreno en la periferia de este pueblo para construir su casa. Según aseguró, en esa época el campo vecino era utilizado para otras actividades rurales, pero luego fue desmontado y usado para cultivar soja.
Según planteó, desde entonces comenzaron las fumigaciones. “Cuando fumigaban, estábamos presos en nuestra propia casa”, señaló. Hernández indicó que tiene registro de videos y fotografías que presentó a la Justicia.
“El avión pasaba delante de nuestros ojos y el mosquito (máquina para aplicaciones terrestres) hacía aplicaciones a 20 metros de mi vivienda. Caía de lleno sobre nosotros y a veces era insoportable quedarnos a pesar de tener ventanas y puertas cerradas”, contó.
En marzo del 2010, tras una fumigación, toda su familia sintió síntomas de intoxicación. “Mi mujer, mis dos hijos y yo sufrimos ardor en los ojos, dolor de estómago, erupciones en la piel. El médico nos explicó que teníamos síntomas de una posible intoxicación por la exposición a agroquímicos”, afirmó.
Tras ese episodio presentó la denuncia judicial. Hernández relató que antes intentó “llegar a un acuerdo” para evitar fumigaciones cerca de su hogar.
Tras el inicio de la causa judicial, en ese campo el sorgo pasó a ocupar el lugar de la soja y ya no percibió nuevas aplicaciones de agroquímicos, según el denunciante.
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