17 nov 2011

Fumigaciones en barrio Ituzaingó llegan a juicio

Comercio y Justicia (17/11/2011)
Las fumigaciones en barrio Ituzaingó llegan a juicio



La Cámara 1ª del Crimen estará cargo del debate oral. Están imputados dos productores agropecuarios y un piloto de avión. La causa se inició en 2002 y pasó por varias instancias judiciales.
Por primera vez en Córdoba llegará a juicio oral una causa en la que están imputados dos productores agropecuarios y un piloto de avión por fumigación clandestina con plaguicidas peligrosos en campos aledaños a barrio Ituzaingó Anexo.
El debate oral estará a cargo de la Cámara 1ª del Crimen y será uno de los primeros que llevará adelante el año próximo este tribunal.
Los acusados llegan a juicio tras una investigación que sustanció el fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 6, Carlos Matheu, que luego fue confirmada por la Cámara de Acusación de Córdoba.
Entre los acusados se encuentran los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra y el comerciante y piloto de avión Edgardo Jorge Pancello, a quienes se los responsabiliza de haber violado el artículo 58 de la Ley de Agroquímicos Nº 9164.
Gabrielli y Parra fueron acusados como supuestos instigadores del delito de contaminación ambiental con endosulfán y glifosato, mientras que a Pancello se le imputa la autoría del mismo ilícito, ya que habría sido quien tuvo a su cargo la fumigación de los campos.
La causa comenzó en 2002, cuando un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Luego se constató que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico compuesto por PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), agua contaminada con plomo, cromo y arsénico y plaguicidas en los tanques domiciliarios.
Tras la investigación, Matheu elevó la causa a juicio pero el proceso se vio demorado luego de que el juez de Control Esteban Díaz sobreseyó a los imputados por falta de pruebas. Inmediatamente, el fiscal cuestionó los fundamentos de Díaz y apeló ante la Cámara de Acusación, que finalmente le dio la razón.
Cabe recordar que la causa adquirió repercusión nacional porque fue la primera de este tipo impulsada por un funcionario de un Ministerio Público. La contaminación ambiental es un delito previsto por el artículo 55 de la ley 24051, de Residuos Peligrosos.

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