20 sept 2011
Basura en Río IV: se judicializó el conflicto
8:07 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (20/09/2011)
Denuncian a Jure por fraude al Estado y abuso de autoridad
El PJ se presentó en Tribunales y, en un escrito, acusó al jefe comunal y a sus funcionarios de violar nueve disposiciones legales en la cesión del contrato de Gamsur. Pidió allanamientos en la mixta y en Cotreco
Finalmente, el bloque de concejales justicialistas denunció en la Justicia una larga serie de irregularidades en el proceso de desembarco de Cotreco como prestadora del servicio de higiene urbana y mantenimiento del alumbrado público y acusó al gobierno municipal, más precisamente al intendente Juan Jure, de fraude en perjuicio del Estado y de abuso de autoridad por haber violado, según se lee en el escrito llevado ayer ante el fiscal, nueve leyes para quitarle a Gamsur el contrato que se le había adjudicado de manera directa por ser una empresa de economía mixta.
La presentación, realizada por la abogada Soledad Nieto, pide además rápidos allanamientos de la Justicia en Gamsur y Cotreco para evitar que se pierda documentación trascendente.
Así, el justicialismo cumplió con la advertencia que realizó ni bien se oficializó que el intendente había decidido tercerizar la recolección de residuos. El principal partido opositor había, incluso, enviado una carta documento en la que intimó a Jure para que desactivara la decisión que se efectivizó desde el 1º de septiembre.
“Es la finalidad de esta denuncia poner en conocimiento al Ministerio Fiscal de las innumerables ilegalidades ocurridas en el marco de este ‘negocio’ efectuado por el Ejecutivo Municipal, quien ha pretendido escudarse tras argumentos que no resisten el menor análisis, al menos desde el punto de vista de la legalidad, ya que no ha quedado norma por infringir en esta cesión. El señor intendente, entre gallos y medianoche, decidió unilateralmente la cesión de un contrato administrativo, abusando de sus facultades, de su poder, saltando todas las vallas de la legalidad, sin siquiera consultar al órgano legislativo municipal ni a los síndicos”, dice la denuncia el PJ.
Siempre haciendo hincapié en el intendente, el PJ planteó: “Es decir, no sólo decidió ceder el contrato sino que decidió con quién contratar: Cotreco. Y decidió los términos, las cláusulas del contrato administrativo de un servicio público firmando dicho contrato en representación de la Municipalidad de Río Cuarto”.
En la denuncia, el PJ señala que nunca se acreditó la supuesta imposibilidad de Gamsur de seguir prestando el servicio sino que solamente se lo enunció.
En el escrito se enumeran nueve supuestas violaciones legales. Las dos primeras están relacionadas con la ordenanza 593 del 2001, que postula taxativamente que el servicio de higiene urbana no puede tercerizarse ni subcontratarse si no existe la autorización de los dos tercios de los concejales. En este caso, el Ejecutivo ni siquiera envió el proyecto al Legislativo.
Además, Nieto busca atacar el principal argumento que expuso el gobierno municipal en el dictamen del fiscal Hernán Di Santo para justificar la transferencia del contrato a Cotreco.
Di Santo señaló que el contrato de higiene urbana aprobado en 2010 establece que el contrato con Gamsur se rescindiría si se produjera una tercerización no autorizada por la Municipalidad.
Nieto señala que hay un claro error de interpretación cuando Di Santo concluye que esa autorización debe ser firmada por el intendente, como si fuera la encarnación de la Municipalidad. La abogada cita la Carta Orgánica Municipal para señalar que el Municipio está compuesto por el Ejecutivo y el Concejo Deliberante y que, por lo tanto, la cesión debió ser aprobada también por el Legislativo.
“Es cierto que el Municipio puede rescindir el contrato de común acuerdo con Gamsur SEM o autorizar una cesión, pero dichas conductas deben, bajo pena de nulidad, materializarse conforme las ordenanzas de contratación y la Carta Orgánica vigentes. El Municipio no es el intendente, no estamos bajo una monarquía, y las decisiones de un intendente no pueden estar por encima de la Constitución local y las leyes que la reglamentan”, se lee en el escrito.
Entre otras violaciones, el PJ apunta además que el gobierno impidió que los órganos de control hicieran su tarea y también ignoró a los socios privados, que no participaron de ninguna reunión ni firmaron ninguna autorización del traspaso del contrato.
A la hora de enumerar los supuestos delitos que habrían cometido los funcionarios que participaron en la cesión, y más específicamente el intendente, la abogada del PJ señala, por un lado, que existiría un abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público, un delito castigado con pena de prisión de un mes a dos años.
Pero, además, el PJ sostiene que el Ejecutivo -es decir el intendente- habría incurrido en el delito de fraude a la administración pública, porque habría un perjuicio económico al Estado a través del daño patrimonial que sufriría Gamsur, una empresa cuyo accionista mayoritario es la Municipalidad de Río Cuarto. Ese delito tiene una condena de dos a seis años de prisión.
Por último, para la oposición también se podría estar en presencia de un delito ambiental, ya que el gobierno no obliga a Cotreco a presentar evaluaciones de impacto sobre el ambiente.
Ver Noticia On Line
Más Información:
El Puntal de Río Cuarto (20/09/2011)
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La Voz del Interior (20/09/2011)
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La Mañana de Córdoba (20/09/2011)
- Río IV: PJ recurrió a la Justicia para que investigue cesión del contrato
Denuncian a Jure por fraude al Estado y abuso de autoridad
El PJ se presentó en Tribunales y, en un escrito, acusó al jefe comunal y a sus funcionarios de violar nueve disposiciones legales en la cesión del contrato de Gamsur. Pidió allanamientos en la mixta y en Cotreco
Finalmente, el bloque de concejales justicialistas denunció en la Justicia una larga serie de irregularidades en el proceso de desembarco de Cotreco como prestadora del servicio de higiene urbana y mantenimiento del alumbrado público y acusó al gobierno municipal, más precisamente al intendente Juan Jure, de fraude en perjuicio del Estado y de abuso de autoridad por haber violado, según se lee en el escrito llevado ayer ante el fiscal, nueve leyes para quitarle a Gamsur el contrato que se le había adjudicado de manera directa por ser una empresa de economía mixta.
La presentación, realizada por la abogada Soledad Nieto, pide además rápidos allanamientos de la Justicia en Gamsur y Cotreco para evitar que se pierda documentación trascendente.
Así, el justicialismo cumplió con la advertencia que realizó ni bien se oficializó que el intendente había decidido tercerizar la recolección de residuos. El principal partido opositor había, incluso, enviado una carta documento en la que intimó a Jure para que desactivara la decisión que se efectivizó desde el 1º de septiembre.
“Es la finalidad de esta denuncia poner en conocimiento al Ministerio Fiscal de las innumerables ilegalidades ocurridas en el marco de este ‘negocio’ efectuado por el Ejecutivo Municipal, quien ha pretendido escudarse tras argumentos que no resisten el menor análisis, al menos desde el punto de vista de la legalidad, ya que no ha quedado norma por infringir en esta cesión. El señor intendente, entre gallos y medianoche, decidió unilateralmente la cesión de un contrato administrativo, abusando de sus facultades, de su poder, saltando todas las vallas de la legalidad, sin siquiera consultar al órgano legislativo municipal ni a los síndicos”, dice la denuncia el PJ.
Siempre haciendo hincapié en el intendente, el PJ planteó: “Es decir, no sólo decidió ceder el contrato sino que decidió con quién contratar: Cotreco. Y decidió los términos, las cláusulas del contrato administrativo de un servicio público firmando dicho contrato en representación de la Municipalidad de Río Cuarto”.
En la denuncia, el PJ señala que nunca se acreditó la supuesta imposibilidad de Gamsur de seguir prestando el servicio sino que solamente se lo enunció.
En el escrito se enumeran nueve supuestas violaciones legales. Las dos primeras están relacionadas con la ordenanza 593 del 2001, que postula taxativamente que el servicio de higiene urbana no puede tercerizarse ni subcontratarse si no existe la autorización de los dos tercios de los concejales. En este caso, el Ejecutivo ni siquiera envió el proyecto al Legislativo.
Además, Nieto busca atacar el principal argumento que expuso el gobierno municipal en el dictamen del fiscal Hernán Di Santo para justificar la transferencia del contrato a Cotreco.
Di Santo señaló que el contrato de higiene urbana aprobado en 2010 establece que el contrato con Gamsur se rescindiría si se produjera una tercerización no autorizada por la Municipalidad.
Nieto señala que hay un claro error de interpretación cuando Di Santo concluye que esa autorización debe ser firmada por el intendente, como si fuera la encarnación de la Municipalidad. La abogada cita la Carta Orgánica Municipal para señalar que el Municipio está compuesto por el Ejecutivo y el Concejo Deliberante y que, por lo tanto, la cesión debió ser aprobada también por el Legislativo.
“Es cierto que el Municipio puede rescindir el contrato de común acuerdo con Gamsur SEM o autorizar una cesión, pero dichas conductas deben, bajo pena de nulidad, materializarse conforme las ordenanzas de contratación y la Carta Orgánica vigentes. El Municipio no es el intendente, no estamos bajo una monarquía, y las decisiones de un intendente no pueden estar por encima de la Constitución local y las leyes que la reglamentan”, se lee en el escrito.
Entre otras violaciones, el PJ apunta además que el gobierno impidió que los órganos de control hicieran su tarea y también ignoró a los socios privados, que no participaron de ninguna reunión ni firmaron ninguna autorización del traspaso del contrato.
A la hora de enumerar los supuestos delitos que habrían cometido los funcionarios que participaron en la cesión, y más específicamente el intendente, la abogada del PJ señala, por un lado, que existiría un abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público, un delito castigado con pena de prisión de un mes a dos años.
Pero, además, el PJ sostiene que el Ejecutivo -es decir el intendente- habría incurrido en el delito de fraude a la administración pública, porque habría un perjuicio económico al Estado a través del daño patrimonial que sufriría Gamsur, una empresa cuyo accionista mayoritario es la Municipalidad de Río Cuarto. Ese delito tiene una condena de dos a seis años de prisión.
Por último, para la oposición también se podría estar en presencia de un delito ambiental, ya que el gobierno no obliga a Cotreco a presentar evaluaciones de impacto sobre el ambiente.
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