29 may 2011
Critican forestación con exóticas
7:15 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (29/05/2011)
Forestación: advierten riesgo de agudizar la crisis hídrica
El Gobierno promueve una ley para plantar 17 millones de árboles. Investigadores y ONG piden que se haga sólo con especies autóctonas, que consumen mucha menos agua.
Un plan para que se planten 17 millones de árboles, en una provincia que ha tenido la tasa de deforestación más alta del país en la última década. De eso se trata, de alguna manera, el programa Forestando mi Provincia, que anunció el Gobierno cordobés y cuya ley para darle forma se analiza por estos días en la Legislatura.
En el marco de ese debate, sectores ligados a la investigación universitaria y entidades ambientalistas pidieron algunos cambios a esa ley, como exigir que todo plan de reforestación sea exclusivamente con especies autóctonas y se eviten las exóticas.
Las razones no son estéticas ni patrióticas: numerosas investigaciones en el país y en el exterior demuestran los riesgos que ciertas plantas foráneas generan al transformarse en invasoras, pues ahogan a las nativas. Además, podrían agudizar la crisis hídrica, porque suelen ser mayores consumidoras de agua.
La Provincia apuesta a que el plan surja de una ley y no de una simple resolución. Esa decisión es apoyada por todos los sectores porque representa un compromiso mayor de sostenerlo en el tiempo, más allá de los gobiernos.
De los 17,5 millones de árboles anunciados, 15 millones deberían plantarse en campos privados, en todo el mapa cordobés. Otros 2,5 millones irían a banquinas y a municipios. En su artículo 10, el proyecto establece que se sembrarán “preferentemente especies nativas”, dando lugar a las foráneas.
Ante los legisladores que analizan el tema, investigadores de la UNC y grupos ambientalistas expusieron los problemas surgidos en varias regiones cordobesas por la “invasión biológica” de especies tales como ligustro, acacia negra, crataegus y olmo. Mostraron, por ejemplo, que los bosques de siempreverde (ligustro) alrededor de Río Ceballos que en 1983 ocupaban 41 hectáreas hoy se extienden sobre 1.700.
Advirtieron, por escrito, que “las invasiones biológicas pueden desplazar a especies nativas e incluso extinguirlas”, y apuntaron que “en Córdoba, un agravante es que las especies invasoras son muy demandantes de agua en comparación con las nativas”, lo que complicaría el cuadro de escasez hídrica que ya padece buena parte de esta provincia. Las Sierras Chicas, donde se da el ejemplo de los siempreverdes, es una de las áreas más aquejadas por la escasez de agua.
También se apunta al impacto de eucaliptus y pinos como grandes consumidores de agua del suelo.
Daniela Tamburini, bióloga e investigadora de la UNC, marcó a este diario que en varios países se están deforestando especies invasoras ante las complicaciones observadas en los balances de agua. Y que eso mismo ensayan ahora en la bonaerense Sierra de la Ventana, ante el avance de los pinares.
Melisa Giorgis, bióloga de la UNC y del Conicet, aportó que “en nuestra provincia se ha observado que los arroyos dentro de forestaciones de pinos han sufrido una reducción del caudal del 50 por ciento” y que “especies introducidas como el siempreverde, la acacia negra y el paraíso consumen significativamente mayor cantidad de agua que especies nativas como el molle o el espinillo”.
Mientras, desde el Foro Ambiental Córdoba advirtieron que, si la ley se cumpliera, no serían algunos miles de árboles introducidos sino 17 millones en cinco años. No cuestionan la cantidad: al contrario, sostienen que mientras más elevada mejor. Pero apuntan que si no se exige que sean sólo nativas “podría ocurrir que se foreste con una alta proporción de especies introducidas”.
Esta posición es sustentada por el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC), el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (UNC), el Proyecto Sustentabilidad Ambiental (UNC), la Administración de Parques Nacionales y las ONG Fundación Acude, Ecosistemas Argentinos, Foro Ambiental Córdoba, Fundación Elipse y otras.
Argumento oficial. El proyecto surgió desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial. Darío Fuentes, subsecretario de Fiscalización y Control de esa cartera, señaló a este diario que “no está científicamente probado que todas las especies introducidas no presten buenos servicios ambientales”, por lo que defendió el plan que propone sembrar “preferentemente autóctonas”, pero tolerando excepciones.
Fuentes opinó que la necesidad no es idéntica para un arbolado urbano que en un campo erosionado o en sierras con pendientes y aclaró que la reglamentación de la ley establecerá un listado de especies no permitidas, entre las que figurarán “las invasoras o de alto consumo de agua”. Aseguró que trabajan con asesoramiento de especialistas de Inta y de la UNC y precisó que cada proyecto de plantación, en terrenos públicos o privados, deberá ser autorizado por un comité técnico que la ley prevé crear.
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Todos los campos están obligados a sumar árboles
Forestando mi Provincia propone plantar 15 millones de árboles en campos privados y 2,5 millones en terrenos públicos.
Será en banquinas de rutas y caminos, accesos a localidades y arbolado urbano.
Aunque el plan dice perseguir un fin ambiental y no productivo, no fue elaborado ni será resorte de la Secretaría de Ambiente sino del Ministerio de Agricultura. El agrónomo Darío Fuentes, funcionario de esa cartera, remarcó que “se hace por ley para que el cumplimiento sea obligatorio”, y que el plazo fijado de cinco años “es para que ahí pueda ser sancionado el que no haya cumplido”.
En cinco años, cada propiedad rural deberá tener más árboles que hoy. Cada dueño de campo, en el llano o en las sierras, deberá presentar un proyecto de plantación que un comité técnico evaluará. Según Fuentes, habrá un listado de árboles admitidos según cada zona y necesidad.
“El plan no pretende afectar superficies productivas”, aclaró. La pretensión de mínima es que al menos cada campo sume una cortina forestal. “Pero un objetivo central es evitar una mayor erosión de suelos, por lo que habrá especial atención para que se foreste donde haga falta para remediar cárcavas (grietas) y fijar médanos”, acotó. La superficie mínima que los propietarios deberán destinar a árboles no estará fijada en la ley sino en la reglamentación.
Para el primer año, el Estado provincial se compromete a entregar el ciento por ciento de los plantines. Luego, ese porcentaje decaerá, hasta el 25 por ciento en el quinto año. Los que lo hagan antes tendrían un mayor aporte provincial. Vencido el plazo, se prevén sanciones por incumplimiento. “Que una ley obligue a todos los propietarios rurales a plantar determinada cantidad de árboles es inédito”, subrayó Fuentes.
Según sostuvo, para la zona serrana -clave en materia hídrica- “también cada propietario deberá presentar proyectos de forestación”.
La norma exigirá además que toda obra pública provincial incorpore un proyecto de forestación, promueva la creación de viveros de cría de plantines en las 121 escuelas rurales y agrotécnicas, y apoye la creación de viveros privados.
En debate? Alejandra Matar, presidenta de la comisión de Agricultura de la Legislatura, señaló que el proyecto “está en análisis” y que se buscará consenso. La legisladora radical adelantó que los bloques opositores propondrían cambios. Del oficialismo dependerá admitir modificaciones o imponer la mayoría para dejar el proyecto sin variantes.
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Que no sea un canje por la ley de bosques
Por Fernando Colautti
Cualquier plan de forestación en una provincia que lleva décadas perdiendo árboles merece la bienvenida.
La norma que ahora debate la Legislatura cordobesa aparece a meses de haberse sancionado la nueva Ley de Bosques Nativos de la Provincia.
En ese marco, este plan de 17 millones de árboles será un aporte en tanto y en cuanto otros millones no desaparezcan en virtud de aquella ley que decidió privilegiar para Córdoba un perfil más productivo que ambiental. Si no, será apenas un canje.
Nadie podrá negar la utilidad de que cada propiedad rural tenga más árboles. O que las banquinas sean masivamente forestadas.
Hoy, en la geografía de la llanura cordobesa la erosión pasa factura y las arboledas parecen una postal del pasado, arrasado.
Pero, entre todos los roles que cumple la forestación, para Córdoba hay uno vital: contribuir al aporte de más agua, en una provincia amenazada por crisis hídricas.
Y en las sierras, donde nacen las cuencas de vertientes, arroyos y ríos, se marca la diferencia de “producción” de agua, entre zonas con o sin cubierta vegetal autóctona.
Cualquier intento serio e integral para hacer un mejoramiento ambiental que evite que de las sierras baje cada vez menos agua incluiría un plan contundente de medidas para proteger de verdad las áreas de reservas hídricas, para sostener la vegetación nativa que queda y acrecentarla. Ese criterio de preservación es un asunto pendiente, que va más allá de lo que aporta este plan.
Otro punto: reconociendo el propósito de la nueva ley, un dilema será hacerla cumplir para que en cinco años esos 17 millones de árboles estén a la vista. Para que no sea una más de tantas leyes no respetadas, será necesario un fuerte dispositivo de control, por parte de un Estado que, en muchos rubros, no muestra capacidad operativa para ejercerlo.
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Forestación: advierten riesgo de agudizar la crisis hídrica
El Gobierno promueve una ley para plantar 17 millones de árboles. Investigadores y ONG piden que se haga sólo con especies autóctonas, que consumen mucha menos agua.
Un plan para que se planten 17 millones de árboles, en una provincia que ha tenido la tasa de deforestación más alta del país en la última década. De eso se trata, de alguna manera, el programa Forestando mi Provincia, que anunció el Gobierno cordobés y cuya ley para darle forma se analiza por estos días en la Legislatura.
En el marco de ese debate, sectores ligados a la investigación universitaria y entidades ambientalistas pidieron algunos cambios a esa ley, como exigir que todo plan de reforestación sea exclusivamente con especies autóctonas y se eviten las exóticas.
Las razones no son estéticas ni patrióticas: numerosas investigaciones en el país y en el exterior demuestran los riesgos que ciertas plantas foráneas generan al transformarse en invasoras, pues ahogan a las nativas. Además, podrían agudizar la crisis hídrica, porque suelen ser mayores consumidoras de agua.
La Provincia apuesta a que el plan surja de una ley y no de una simple resolución. Esa decisión es apoyada por todos los sectores porque representa un compromiso mayor de sostenerlo en el tiempo, más allá de los gobiernos.
De los 17,5 millones de árboles anunciados, 15 millones deberían plantarse en campos privados, en todo el mapa cordobés. Otros 2,5 millones irían a banquinas y a municipios. En su artículo 10, el proyecto establece que se sembrarán “preferentemente especies nativas”, dando lugar a las foráneas.
Ante los legisladores que analizan el tema, investigadores de la UNC y grupos ambientalistas expusieron los problemas surgidos en varias regiones cordobesas por la “invasión biológica” de especies tales como ligustro, acacia negra, crataegus y olmo. Mostraron, por ejemplo, que los bosques de siempreverde (ligustro) alrededor de Río Ceballos que en 1983 ocupaban 41 hectáreas hoy se extienden sobre 1.700.
Advirtieron, por escrito, que “las invasiones biológicas pueden desplazar a especies nativas e incluso extinguirlas”, y apuntaron que “en Córdoba, un agravante es que las especies invasoras son muy demandantes de agua en comparación con las nativas”, lo que complicaría el cuadro de escasez hídrica que ya padece buena parte de esta provincia. Las Sierras Chicas, donde se da el ejemplo de los siempreverdes, es una de las áreas más aquejadas por la escasez de agua.
También se apunta al impacto de eucaliptus y pinos como grandes consumidores de agua del suelo.
Daniela Tamburini, bióloga e investigadora de la UNC, marcó a este diario que en varios países se están deforestando especies invasoras ante las complicaciones observadas en los balances de agua. Y que eso mismo ensayan ahora en la bonaerense Sierra de la Ventana, ante el avance de los pinares.
Melisa Giorgis, bióloga de la UNC y del Conicet, aportó que “en nuestra provincia se ha observado que los arroyos dentro de forestaciones de pinos han sufrido una reducción del caudal del 50 por ciento” y que “especies introducidas como el siempreverde, la acacia negra y el paraíso consumen significativamente mayor cantidad de agua que especies nativas como el molle o el espinillo”.
Mientras, desde el Foro Ambiental Córdoba advirtieron que, si la ley se cumpliera, no serían algunos miles de árboles introducidos sino 17 millones en cinco años. No cuestionan la cantidad: al contrario, sostienen que mientras más elevada mejor. Pero apuntan que si no se exige que sean sólo nativas “podría ocurrir que se foreste con una alta proporción de especies introducidas”.
Esta posición es sustentada por el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC), el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (UNC), el Proyecto Sustentabilidad Ambiental (UNC), la Administración de Parques Nacionales y las ONG Fundación Acude, Ecosistemas Argentinos, Foro Ambiental Córdoba, Fundación Elipse y otras.
Argumento oficial. El proyecto surgió desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial. Darío Fuentes, subsecretario de Fiscalización y Control de esa cartera, señaló a este diario que “no está científicamente probado que todas las especies introducidas no presten buenos servicios ambientales”, por lo que defendió el plan que propone sembrar “preferentemente autóctonas”, pero tolerando excepciones.
Fuentes opinó que la necesidad no es idéntica para un arbolado urbano que en un campo erosionado o en sierras con pendientes y aclaró que la reglamentación de la ley establecerá un listado de especies no permitidas, entre las que figurarán “las invasoras o de alto consumo de agua”. Aseguró que trabajan con asesoramiento de especialistas de Inta y de la UNC y precisó que cada proyecto de plantación, en terrenos públicos o privados, deberá ser autorizado por un comité técnico que la ley prevé crear.
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Todos los campos están obligados a sumar árboles
Forestando mi Provincia propone plantar 15 millones de árboles en campos privados y 2,5 millones en terrenos públicos.
Será en banquinas de rutas y caminos, accesos a localidades y arbolado urbano.
Aunque el plan dice perseguir un fin ambiental y no productivo, no fue elaborado ni será resorte de la Secretaría de Ambiente sino del Ministerio de Agricultura. El agrónomo Darío Fuentes, funcionario de esa cartera, remarcó que “se hace por ley para que el cumplimiento sea obligatorio”, y que el plazo fijado de cinco años “es para que ahí pueda ser sancionado el que no haya cumplido”.
En cinco años, cada propiedad rural deberá tener más árboles que hoy. Cada dueño de campo, en el llano o en las sierras, deberá presentar un proyecto de plantación que un comité técnico evaluará. Según Fuentes, habrá un listado de árboles admitidos según cada zona y necesidad.
“El plan no pretende afectar superficies productivas”, aclaró. La pretensión de mínima es que al menos cada campo sume una cortina forestal. “Pero un objetivo central es evitar una mayor erosión de suelos, por lo que habrá especial atención para que se foreste donde haga falta para remediar cárcavas (grietas) y fijar médanos”, acotó. La superficie mínima que los propietarios deberán destinar a árboles no estará fijada en la ley sino en la reglamentación.
Para el primer año, el Estado provincial se compromete a entregar el ciento por ciento de los plantines. Luego, ese porcentaje decaerá, hasta el 25 por ciento en el quinto año. Los que lo hagan antes tendrían un mayor aporte provincial. Vencido el plazo, se prevén sanciones por incumplimiento. “Que una ley obligue a todos los propietarios rurales a plantar determinada cantidad de árboles es inédito”, subrayó Fuentes.
Según sostuvo, para la zona serrana -clave en materia hídrica- “también cada propietario deberá presentar proyectos de forestación”.
La norma exigirá además que toda obra pública provincial incorpore un proyecto de forestación, promueva la creación de viveros de cría de plantines en las 121 escuelas rurales y agrotécnicas, y apoye la creación de viveros privados.
En debate? Alejandra Matar, presidenta de la comisión de Agricultura de la Legislatura, señaló que el proyecto “está en análisis” y que se buscará consenso. La legisladora radical adelantó que los bloques opositores propondrían cambios. Del oficialismo dependerá admitir modificaciones o imponer la mayoría para dejar el proyecto sin variantes.
Ver Noticia On Line
Que no sea un canje por la ley de bosques
Por Fernando Colautti
Cualquier plan de forestación en una provincia que lleva décadas perdiendo árboles merece la bienvenida.
La norma que ahora debate la Legislatura cordobesa aparece a meses de haberse sancionado la nueva Ley de Bosques Nativos de la Provincia.
En ese marco, este plan de 17 millones de árboles será un aporte en tanto y en cuanto otros millones no desaparezcan en virtud de aquella ley que decidió privilegiar para Córdoba un perfil más productivo que ambiental. Si no, será apenas un canje.
Nadie podrá negar la utilidad de que cada propiedad rural tenga más árboles. O que las banquinas sean masivamente forestadas.
Hoy, en la geografía de la llanura cordobesa la erosión pasa factura y las arboledas parecen una postal del pasado, arrasado.
Pero, entre todos los roles que cumple la forestación, para Córdoba hay uno vital: contribuir al aporte de más agua, en una provincia amenazada por crisis hídricas.
Y en las sierras, donde nacen las cuencas de vertientes, arroyos y ríos, se marca la diferencia de “producción” de agua, entre zonas con o sin cubierta vegetal autóctona.
Cualquier intento serio e integral para hacer un mejoramiento ambiental que evite que de las sierras baje cada vez menos agua incluiría un plan contundente de medidas para proteger de verdad las áreas de reservas hídricas, para sostener la vegetación nativa que queda y acrecentarla. Ese criterio de preservación es un asunto pendiente, que va más allá de lo que aporta este plan.
Otro punto: reconociendo el propósito de la nueva ley, un dilema será hacerla cumplir para que en cinco años esos 17 millones de árboles estén a la vista. Para que no sea una más de tantas leyes no respetadas, será necesario un fuerte dispositivo de control, por parte de un Estado que, en muchos rubros, no muestra capacidad operativa para ejercerlo.
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