23 feb 2010
Inversión pública y crisis energética
4:40 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (23/02/2010)
Desinversión, retención de fondos y servicio al usuario en Epec
Por Dante Maldonado
Ingeniero, secretario de Prensa del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
La Empresa Provincial de Energía (Epec) sufrió un fuerte plan de desinversión a partir de 1986, instrumentado desde los niveles de dirección en los que estaban enquistados miembros de la Asociación del Personal Superior de Epec (Apse), verdaderos artífices del vaciamiento hasta 2002. Algunos de ellos son, hoy, los autores interesados del informe del Centro de Ingenieros de Córdoba.
Pese a que las tarifas prácticamente quedaron congeladas, a impulso de nuestro sindicato, se inició en Epec desde 2003 una lenta pero continua recuperación de la infraestructura. Entre las inversiones realizadas citamos un transformador de 300 MVA (megavolamper) en la Estación Transformadora Almafuerte, dos transformadores de 440 MVA cada uno en la Central Río Grande, la reactivación del proyecto de Arroyo Cabral -con la compra del equipamiento electromecánico y del transformador de 300 MVA que fue instalado en Malvinas Argentinas para subsanar una imprevisión y falta de inversión de Transener- y la instalación de dos generadores de 170 MVA en la nueva Central Pilar.
Que el gobernador explique. Habría que preguntarle al gobernador Juan Schiaretti por qué no se puso en marcha la primera turbina de 170 MVA de Pilar en noviembre de 2009, como estaba previsto. La contratista paralizó la obra por falta de pago, ya que, según trascendió, el dinero girado con esa finalidad por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) -financia parte del proyecto- habría sido inmovilizado en el Banco de Córdoba por orden del Gobierno provincial, al parecer para presionar a la Nación para que acordara el envío de una mayor cantidad de fondos para otras actividades, como el pago de la deuda de la Provincia.
Si esta máquina hubiera estado en servicio en noviembre de 2009, como estaba previsto, la magnitud de los cortes que se aplicó en enero -por la salida de servicio de la estación Malvinas- hubiera sido menor al 20 por ciento de lo que finalmente se debió cortar en los momentos de mayor demanda.
Interconexión. Antes de que se realizara la interconexión con el sistema nacional, Epec contaba con la generación necesaria para abastecer la demanda total del sistema. En 1974, Agua y Energía Eléctrica diseñó el Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) en 500 kV (kilovoltios) para transportar energía generada en grandes aprovechamientos hidráulicos, como el caso de la central Paraná Medio, de 6.500 MW (megavatios), proyecto que fue abortado por la dictadura militar y que los sucesivos gobiernos democráticos no lograron reflotar.
Por el contrario, se llevó adelante la interconexión nacional, pero con la instalación de centrales generadoras que mayoritariamente son térmicas. En forma equivocada, las distintas administraciones provinciales no invirtieron desde entonces en nuevas centrales.
Recién a partir de 2006, con la participación del Gobierno nacional, Epec llamó a licitación para instalar los nuevos grupos en la Central Pilar, con lo cual quedaron atrás más de 30 años de desinversión en generación. Si el Sadi hubiera seguido en manos del Estado, ya habría un tercer transformador en Malvinas Argentinas. No se debe demorar más la modificación del marco regulatorio de la actividad eléctrica.
Capital humano e instalaciones. La responsabilidad del padecimiento sufrido por la población desde el 16 de enero corresponde a Transener, una empresa privada creada por Carlos Menem. A partir de esta falencia grave de Transener, los trabajadores de Epec debimos operar el sistema con un programa de cortes rotativos, para evitar el colapso en toda la provincia.
El personal para atender el servicio eléctrico es mano de obra altamente calificada, pero pese a que la demanda se ha ido incrementando a más de seis por ciento anual, la cantidad de empleados ha disminuido de modo ostensible por la política de retiros voluntarios que implementara el gobierno de Ramón Mestre.
Nuestra empresa está en pie y brinda un servicio satisfactorio, que cubre las necesidades de nuestra provincia y la de San Luis. Los trabajadores siempre estamos colaborando y no retaceamos esfuerzos para que el servicio mejore de manera continua.
Por su parte, el Gobierno provincial, así como subsidia a industrias multinacionales, a hoteles cinco estrellas e indirectamente a sojeros al no revaluar los campos para el Inmobiliario Rural, debería también contribuir a la inversión en generación de Epec o por lo menos evitar obstruir el flujo de fondos necesarios, como ocurrió con Pilar.
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El costo de las decisiones políticas
Por Jorge Vergara
Contador, presidente de la Asociación del Personal Superior de Epec (Apse)
La Asociación del Personal Superior de Epec (Apse), consciente del sentido de pertenencia a la empresa donde trabajan sus afiliados, pero también de su compromiso y responsabilidad frente a los cordobeses, debe hacer un análisis objetivo de las causas de la crisis ocurrida a mediados de enero. Sabemos que éstas no sobrevienen de un día para otro y también somos conscientes de que los sucesivos gobiernos tuvieron y tienen responsabilidades ineludibles en el colapso.
En la gestión de Eduardo Angeloz , las tarifas contemplaron los costos operativos y de mantenimiento, más el plus necesario para un plan de obras imprescindible para satisfacer la demanda. Esto generó excedentes financieros por unos 170 millones de dólares, que no fueron destinados al plan de obras porque la decisión política fue no "descalzar" al Banco de Córdoba.
Ramón Bautista Mestre , por medio de otra decisión política, instrumentó un plan de retiros voluntarios que significó un drenaje de 100 millones de dólares, lo que desfinanció parcialmente a la empresa y provocó el alejamiento de más de mil técnicos y profesionales altamente calificados en los que Epec había invertido tiempo y recursos para su capacitación.
José Manuel de la Sota hizo lo contrario a lo prometido en su campaña política. Instrumentó un nuevo retiro voluntario y un régimen de jubilación anticipada, tendientes a reducir aún más la planta de personal con el objetivo de privatizarla. Esa decisión política significó dilapidar los recursos humanos y financieros de los que aún disponía Epec.
Frustrado el intento privatizador y frente a la necesidad de incorporar personal, la política de ingresos llevada adelante durante la gestión de Simón Dasenchich, como presidente de Epec, fue lamentable. Se priorizó el ingreso de punteros políticos; funcionarios fracasados, cuando no sospechados; la incorporación a la planta permanente del staff privatizador, que renegaba de la empresa pública. ...sta fue otra decisión política que hizo perder la oportunidad histórica de seleccionar personal idóneo para gestionar una empresa eficiente.
Dasenchich fue el responsable de desarticular la estructura orgánica de la empresa, creando una estructura informal paralela que motivó el quebranto de la cadena de mandos, con la consiguiente anarquía y el caos organizacional que atenta contra cualquier principio de administración de una empresa eficiente, sin olvidar los sugestivos traslados. También fue responsable del incumplimiento de compromisos contraídos en materia de compra de energía, pagos a proveedores y contratistas, y del pago diferido de obligaciones tributarias, laborales y previsionales, lo que aumentó la deuda. El actual titular, Daniel Bonetto, no cambió esa realidad, ya que es la continuidad filosófica y metodológica de su antecesor.
Técnicos de la empresa, muchos de ellos afiliados a Apse, también advirtieron oportunamente las necesidades de inversión en obras que garantizaran el buen funcionamiento. Basta consultar los respectivos presupuestos que, por otra parte, son ley de la provincia, para ver desde qué fecha están propuestas las obras que garantizarían el servicio. Y si hubo una ley incumplida, tiene que haber un responsable enjuiciado.
Las decisiones políticas condenaron a Epec a la imposibilidad de cumplir con su objeto primordial, que es la prestación del servicio. Es imprescindible que las decisiones tengan el sentido de administración empresaria, que es lo que en definitiva garantizará el funcionamiento de una empresa eficiente.
Resta aún el compromiso que deben asumir los partidos que, como política de Estado irrenunciable, fije de manera categórica el estatus de Epec en el ámbito público, garantizando los intereses de todos los cordobeses.
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Desinversión, retención de fondos y servicio al usuario en Epec
Por Dante Maldonado
Ingeniero, secretario de Prensa del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
La Empresa Provincial de Energía (Epec) sufrió un fuerte plan de desinversión a partir de 1986, instrumentado desde los niveles de dirección en los que estaban enquistados miembros de la Asociación del Personal Superior de Epec (Apse), verdaderos artífices del vaciamiento hasta 2002. Algunos de ellos son, hoy, los autores interesados del informe del Centro de Ingenieros de Córdoba.
Pese a que las tarifas prácticamente quedaron congeladas, a impulso de nuestro sindicato, se inició en Epec desde 2003 una lenta pero continua recuperación de la infraestructura. Entre las inversiones realizadas citamos un transformador de 300 MVA (megavolamper) en la Estación Transformadora Almafuerte, dos transformadores de 440 MVA cada uno en la Central Río Grande, la reactivación del proyecto de Arroyo Cabral -con la compra del equipamiento electromecánico y del transformador de 300 MVA que fue instalado en Malvinas Argentinas para subsanar una imprevisión y falta de inversión de Transener- y la instalación de dos generadores de 170 MVA en la nueva Central Pilar.
Que el gobernador explique. Habría que preguntarle al gobernador Juan Schiaretti por qué no se puso en marcha la primera turbina de 170 MVA de Pilar en noviembre de 2009, como estaba previsto. La contratista paralizó la obra por falta de pago, ya que, según trascendió, el dinero girado con esa finalidad por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) -financia parte del proyecto- habría sido inmovilizado en el Banco de Córdoba por orden del Gobierno provincial, al parecer para presionar a la Nación para que acordara el envío de una mayor cantidad de fondos para otras actividades, como el pago de la deuda de la Provincia.
Si esta máquina hubiera estado en servicio en noviembre de 2009, como estaba previsto, la magnitud de los cortes que se aplicó en enero -por la salida de servicio de la estación Malvinas- hubiera sido menor al 20 por ciento de lo que finalmente se debió cortar en los momentos de mayor demanda.
Interconexión. Antes de que se realizara la interconexión con el sistema nacional, Epec contaba con la generación necesaria para abastecer la demanda total del sistema. En 1974, Agua y Energía Eléctrica diseñó el Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) en 500 kV (kilovoltios) para transportar energía generada en grandes aprovechamientos hidráulicos, como el caso de la central Paraná Medio, de 6.500 MW (megavatios), proyecto que fue abortado por la dictadura militar y que los sucesivos gobiernos democráticos no lograron reflotar.
Por el contrario, se llevó adelante la interconexión nacional, pero con la instalación de centrales generadoras que mayoritariamente son térmicas. En forma equivocada, las distintas administraciones provinciales no invirtieron desde entonces en nuevas centrales.
Recién a partir de 2006, con la participación del Gobierno nacional, Epec llamó a licitación para instalar los nuevos grupos en la Central Pilar, con lo cual quedaron atrás más de 30 años de desinversión en generación. Si el Sadi hubiera seguido en manos del Estado, ya habría un tercer transformador en Malvinas Argentinas. No se debe demorar más la modificación del marco regulatorio de la actividad eléctrica.
Capital humano e instalaciones. La responsabilidad del padecimiento sufrido por la población desde el 16 de enero corresponde a Transener, una empresa privada creada por Carlos Menem. A partir de esta falencia grave de Transener, los trabajadores de Epec debimos operar el sistema con un programa de cortes rotativos, para evitar el colapso en toda la provincia.
El personal para atender el servicio eléctrico es mano de obra altamente calificada, pero pese a que la demanda se ha ido incrementando a más de seis por ciento anual, la cantidad de empleados ha disminuido de modo ostensible por la política de retiros voluntarios que implementara el gobierno de Ramón Mestre.
Nuestra empresa está en pie y brinda un servicio satisfactorio, que cubre las necesidades de nuestra provincia y la de San Luis. Los trabajadores siempre estamos colaborando y no retaceamos esfuerzos para que el servicio mejore de manera continua.
Por su parte, el Gobierno provincial, así como subsidia a industrias multinacionales, a hoteles cinco estrellas e indirectamente a sojeros al no revaluar los campos para el Inmobiliario Rural, debería también contribuir a la inversión en generación de Epec o por lo menos evitar obstruir el flujo de fondos necesarios, como ocurrió con Pilar.
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El costo de las decisiones políticas
Por Jorge Vergara
Contador, presidente de la Asociación del Personal Superior de Epec (Apse)
La Asociación del Personal Superior de Epec (Apse), consciente del sentido de pertenencia a la empresa donde trabajan sus afiliados, pero también de su compromiso y responsabilidad frente a los cordobeses, debe hacer un análisis objetivo de las causas de la crisis ocurrida a mediados de enero. Sabemos que éstas no sobrevienen de un día para otro y también somos conscientes de que los sucesivos gobiernos tuvieron y tienen responsabilidades ineludibles en el colapso.
En la gestión de Eduardo Angeloz , las tarifas contemplaron los costos operativos y de mantenimiento, más el plus necesario para un plan de obras imprescindible para satisfacer la demanda. Esto generó excedentes financieros por unos 170 millones de dólares, que no fueron destinados al plan de obras porque la decisión política fue no "descalzar" al Banco de Córdoba.
Ramón Bautista Mestre , por medio de otra decisión política, instrumentó un plan de retiros voluntarios que significó un drenaje de 100 millones de dólares, lo que desfinanció parcialmente a la empresa y provocó el alejamiento de más de mil técnicos y profesionales altamente calificados en los que Epec había invertido tiempo y recursos para su capacitación.
José Manuel de la Sota hizo lo contrario a lo prometido en su campaña política. Instrumentó un nuevo retiro voluntario y un régimen de jubilación anticipada, tendientes a reducir aún más la planta de personal con el objetivo de privatizarla. Esa decisión política significó dilapidar los recursos humanos y financieros de los que aún disponía Epec.
Frustrado el intento privatizador y frente a la necesidad de incorporar personal, la política de ingresos llevada adelante durante la gestión de Simón Dasenchich, como presidente de Epec, fue lamentable. Se priorizó el ingreso de punteros políticos; funcionarios fracasados, cuando no sospechados; la incorporación a la planta permanente del staff privatizador, que renegaba de la empresa pública. ...sta fue otra decisión política que hizo perder la oportunidad histórica de seleccionar personal idóneo para gestionar una empresa eficiente.
Dasenchich fue el responsable de desarticular la estructura orgánica de la empresa, creando una estructura informal paralela que motivó el quebranto de la cadena de mandos, con la consiguiente anarquía y el caos organizacional que atenta contra cualquier principio de administración de una empresa eficiente, sin olvidar los sugestivos traslados. También fue responsable del incumplimiento de compromisos contraídos en materia de compra de energía, pagos a proveedores y contratistas, y del pago diferido de obligaciones tributarias, laborales y previsionales, lo que aumentó la deuda. El actual titular, Daniel Bonetto, no cambió esa realidad, ya que es la continuidad filosófica y metodológica de su antecesor.
Técnicos de la empresa, muchos de ellos afiliados a Apse, también advirtieron oportunamente las necesidades de inversión en obras que garantizaran el buen funcionamiento. Basta consultar los respectivos presupuestos que, por otra parte, son ley de la provincia, para ver desde qué fecha están propuestas las obras que garantizarían el servicio. Y si hubo una ley incumplida, tiene que haber un responsable enjuiciado.
Las decisiones políticas condenaron a Epec a la imposibilidad de cumplir con su objeto primordial, que es la prestación del servicio. Es imprescindible que las decisiones tengan el sentido de administración empresaria, que es lo que en definitiva garantizará el funcionamiento de una empresa eficiente.
Resta aún el compromiso que deben asumir los partidos que, como política de Estado irrenunciable, fije de manera categórica el estatus de Epec en el ámbito público, garantizando los intereses de todos los cordobeses.
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