21 feb 2010
Glifosato y áreas de reservas
9:54 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (21/02/2010)
La guerra contra el glifosato le cuesta muy caro al Tercer Cuerpo
Perdería $ 4,5 millones en 2010 / Arrendaba tres mil hectáreas / La Nación prohibió a las unidades militares la soja transgénica.
Más de 4,5 millones de pesos perdería el Tercer Cuerpo de Ejército como consecuencia del conflicto de intereses, entre militares y productores rurales, que desató la resolución del Ministerio de Defensa de la Nación, que el 20 de abril de 2009 prohibió los cultivos que “no son neutros” en los campos de las unidades militares.
Desde entonces, entendiéndose perjudicados por no poder usar glifosato para cultivar soja y maíz, los arrendatarios de las 3 mil hectáreas explotables dejaron de pagar el alquiler y algunos presentaron demandas por la presunta modificación unilateral de las condiciones contractuales.
De acuerdo con la documentación a la que accedió este diario (facturas de pago mensual del arrendamiento, contratos, cartas documentos, etcétera) a la fecha de la resolución de la ministra Nilda Garré, el Tercer Cuerpo cobraba un canon de 1.536 pesos por hectárea por año, equivalente al valor de 16 quintales (1.600 kilos) de soja. De multiplicar ese canon por las 3 mil hectáreas arrendadas, resulta el monto anual que habría dejado de cobrar, en un año, el Tercer Cuerpo: $ 4.608.000.
Para evitar las pérdidas, las autoridades de la unidad militar decidieron lanzar una nueva licitación (esta vez con la aclaración que no se podrá cultivar soja transgénica) ante el convencimiento de que el problema con los anteriores arrendatarios se dilucidará en la Justicia.
Consultado al respecto, el general Carlos Artuso, comandante del Tercer Cuerpo, relativizó la cuantía de lo que dejó de percibir el Ejército, y atribuyó la situación a la decisión de los arrendatarios de no renegociar los contratos de arrendamiento.
“Tras emitir la resolución MD 367 –señaló Artuso–, el Ministerio de Defensa autorizó a que los contratos ya firmados se mantuvieran en vigencia hasta su finalización, con lo cual los arrendatarios podrían haber seguido con la soja que ya habían plantado, pero como venían mal por la sequía, y no se les aceptó el pedido de una rebaja del canon, interpretaron que la resolución los perjudicaba, dejaron de pagar y se fueron sin que hayan sido echados”.
Estocada. La resolución polémica se publicada en el Boletín Oficial el 20 de abril del año pasado. Quiso ser una estocada del Gobierno nacional en la disputa que ya mantenía con el campo a raíz de la también polémica Resolución 125.
La directiva de Garré prohibió los arrendamientos frutos de acuerdos que “devienen en la implantación de soja transgénica, dependiente de un paquete asociado a herbicidas, cuyos efectos no son neutros para el medio ambiente y la salud de las personas”.
La medida también afectó las finanzas del Primer Cuerpo de Ejército que sólo por las tierras de Campo de Mayo, dejaron de percibir dos millones de pesos anuales.
En Córdoba, desde 1992, el Tercer Cuerpo arrienda las poco más de 3 mil hectáreas que sirven para la explotación agropecuaria, ubicadas entre la autopista a Carlos Paz y la ruta E-55, y desde la Circunvalación (a la altura del Tropezón) y hasta el comienzo de las sierras.
Dividido en una docena de campos, el terreno militar se arrendaba para todo tipo de cultivos, y comenzó a dejar buenos dividendos cuando explotó el boom de la soja. En 1998 se comenzaron a hacer contratos trianuales con distintas sociedades y particulares que competían en procesos licitatorios controlados por una Junta de Preadjudicación integrada por tres coroneles. Este diario entrevistó a algunos de los arrendatarios y pudo saber, entre otras cosas, que en 2002, los costos de arrendamiento se actualizaron en un 50 por ciento.
La polémica generada por la resolución 125, entre marzo de 2008 y julio del mismo año, prácticamente no afectó la buena relación entre los productores rurales y la institución militar. Tanto es así que en julio de 2008, luego del voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos, el Tercer Cuerpo firmó nuevos contratos con los arrendatarios, quienes, apenas llegado el verano sembraron algunos de los denominados granos gruesos (soja, maíz y girasol). El 20 de abril de 2009 se publicó la resolución de Garré y nueve días después les llegó una notificación a los productores cordobeses, que mencionaba la imposibilidad de cultivar soja transgénica en esos predios.
Comenzó entonces una serie de conversaciones y de tires y aflojes formales e informales en busca de una solución. Hubo, incluso, gestiones para adquirir semillas de soja convencional, no transgénica, que no dieron resultados (ver “El ‘yuyo’...”).
Entre mayo y julio, sin avances ni soluciones, los arrendatarios dejaron de pagar la mensualidad. El Tercer Cuerpo inició las intimaciones pero no logró conseguir más dinero. En octubre último, la mayoría de los productores ya había entregado los predios. Y semanas después comenzaron a presentarse demandas contra la autoridad militar ante la Justicia Federal.
Canon
Desde el Comando del Tercer Cuerpo informaron que los cánones que se establecen para el arrendamiento de terrenos militares son fijados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).
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Como es reserva natural, no se sabe qué pasará
Las 3 mil hectáreas que tienen uso agropecuario forman parte de la flamante Reserva natural militar Estancia La Calera, por eso nadie se anima a predecir qué uso se les dará a futuro.
Hace poco más de un mes se conoció que un decreto presidencial declaró reserva natural a las 15 mil hectáreas ubicadas entre la localidad de La Calera, Villa Carlos Paz y Córdoba Capital. Coinciden exactamente con los predios del Tercer Cuerpo de Ejército, incluso con los que desde hace casi dos décadas se utilizan para actividades agropecuarias.
Nadie arriesga hoy, cuando todavía no se ha resuelto el problema con los últimos arrendatarios, si las 3 mil hectáreas volverán a destinarse al cultivo. Es que por más que el comandante del Tercer Cuerpo, general Carlos Artuso, haya ordenado una nueva licitación pública para arrendar las tierras, productores ponen en duda que alguien las quiera alquilar con el cultivo de soja vedado.
Una de las entidades que más pujaron para lograr la protección de estas tierras es la agrupación Escalera. Uno de sus miembros, Atilio Palacios, docente universitario, dijo, semanas atrás que los terrenos van a seguir teniendo uso militar, pero en una modalidad que no altere el ambiente: “No implica el desalojo del Ejército. El uso va a ser educativo, guiado por personal militar”. No obstante, desde la misma entidad proponen que el área que durante años se destinó a cultivo comience a recuperarse como bosque nativo. ¿Será ésta la ocasión? Todavía no se sabe.
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El “yuyo” de Cristina sólo se consigue transgénico
Civiles y militares afectados por la prohibición de la soja transgénica buscaron semillas convencionales, pero no se consiguen.
Conocida la decisión oficial de la ministra Garré, y antes de comenzar la siembra del cultivo, las autoridades del Tercer Cuerpo de Ejército mantuvieron reuniones con técnicos para ver qué posibilidades había de conseguir en el mercado nacional soja convencional (no transgénica) para poder seguir trabajando los campos castrenses. Los resultados de los encuentros no fueron halagüeños. Desde que la soja resistente a glifosato fue autorizada en el país (en 1996), su utilización fue en aumento hasta ocupar, en la actualidad, el ciento por ciento de la superficie cultivada, a partir de sus menores costos de producción. Por lo tanto, no había posibilidad de conseguir semilla de soja convencional en el país. Una opción era importarla desde Chile, donde hay disponible la variedad sin modificar, aunque la inversión dificultaba la operación.
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La guerra contra el glifosato le cuesta muy caro al Tercer Cuerpo
Perdería $ 4,5 millones en 2010 / Arrendaba tres mil hectáreas / La Nación prohibió a las unidades militares la soja transgénica.
Más de 4,5 millones de pesos perdería el Tercer Cuerpo de Ejército como consecuencia del conflicto de intereses, entre militares y productores rurales, que desató la resolución del Ministerio de Defensa de la Nación, que el 20 de abril de 2009 prohibió los cultivos que “no son neutros” en los campos de las unidades militares.
Desde entonces, entendiéndose perjudicados por no poder usar glifosato para cultivar soja y maíz, los arrendatarios de las 3 mil hectáreas explotables dejaron de pagar el alquiler y algunos presentaron demandas por la presunta modificación unilateral de las condiciones contractuales.
De acuerdo con la documentación a la que accedió este diario (facturas de pago mensual del arrendamiento, contratos, cartas documentos, etcétera) a la fecha de la resolución de la ministra Nilda Garré, el Tercer Cuerpo cobraba un canon de 1.536 pesos por hectárea por año, equivalente al valor de 16 quintales (1.600 kilos) de soja. De multiplicar ese canon por las 3 mil hectáreas arrendadas, resulta el monto anual que habría dejado de cobrar, en un año, el Tercer Cuerpo: $ 4.608.000.
Para evitar las pérdidas, las autoridades de la unidad militar decidieron lanzar una nueva licitación (esta vez con la aclaración que no se podrá cultivar soja transgénica) ante el convencimiento de que el problema con los anteriores arrendatarios se dilucidará en la Justicia.
Consultado al respecto, el general Carlos Artuso, comandante del Tercer Cuerpo, relativizó la cuantía de lo que dejó de percibir el Ejército, y atribuyó la situación a la decisión de los arrendatarios de no renegociar los contratos de arrendamiento.
“Tras emitir la resolución MD 367 –señaló Artuso–, el Ministerio de Defensa autorizó a que los contratos ya firmados se mantuvieran en vigencia hasta su finalización, con lo cual los arrendatarios podrían haber seguido con la soja que ya habían plantado, pero como venían mal por la sequía, y no se les aceptó el pedido de una rebaja del canon, interpretaron que la resolución los perjudicaba, dejaron de pagar y se fueron sin que hayan sido echados”.
Estocada. La resolución polémica se publicada en el Boletín Oficial el 20 de abril del año pasado. Quiso ser una estocada del Gobierno nacional en la disputa que ya mantenía con el campo a raíz de la también polémica Resolución 125.
La directiva de Garré prohibió los arrendamientos frutos de acuerdos que “devienen en la implantación de soja transgénica, dependiente de un paquete asociado a herbicidas, cuyos efectos no son neutros para el medio ambiente y la salud de las personas”.
La medida también afectó las finanzas del Primer Cuerpo de Ejército que sólo por las tierras de Campo de Mayo, dejaron de percibir dos millones de pesos anuales.
En Córdoba, desde 1992, el Tercer Cuerpo arrienda las poco más de 3 mil hectáreas que sirven para la explotación agropecuaria, ubicadas entre la autopista a Carlos Paz y la ruta E-55, y desde la Circunvalación (a la altura del Tropezón) y hasta el comienzo de las sierras.
Dividido en una docena de campos, el terreno militar se arrendaba para todo tipo de cultivos, y comenzó a dejar buenos dividendos cuando explotó el boom de la soja. En 1998 se comenzaron a hacer contratos trianuales con distintas sociedades y particulares que competían en procesos licitatorios controlados por una Junta de Preadjudicación integrada por tres coroneles. Este diario entrevistó a algunos de los arrendatarios y pudo saber, entre otras cosas, que en 2002, los costos de arrendamiento se actualizaron en un 50 por ciento.
La polémica generada por la resolución 125, entre marzo de 2008 y julio del mismo año, prácticamente no afectó la buena relación entre los productores rurales y la institución militar. Tanto es así que en julio de 2008, luego del voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos, el Tercer Cuerpo firmó nuevos contratos con los arrendatarios, quienes, apenas llegado el verano sembraron algunos de los denominados granos gruesos (soja, maíz y girasol). El 20 de abril de 2009 se publicó la resolución de Garré y nueve días después les llegó una notificación a los productores cordobeses, que mencionaba la imposibilidad de cultivar soja transgénica en esos predios.
Comenzó entonces una serie de conversaciones y de tires y aflojes formales e informales en busca de una solución. Hubo, incluso, gestiones para adquirir semillas de soja convencional, no transgénica, que no dieron resultados (ver “El ‘yuyo’...”).
Entre mayo y julio, sin avances ni soluciones, los arrendatarios dejaron de pagar la mensualidad. El Tercer Cuerpo inició las intimaciones pero no logró conseguir más dinero. En octubre último, la mayoría de los productores ya había entregado los predios. Y semanas después comenzaron a presentarse demandas contra la autoridad militar ante la Justicia Federal.
Canon
Desde el Comando del Tercer Cuerpo informaron que los cánones que se establecen para el arrendamiento de terrenos militares son fijados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).
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Como es reserva natural, no se sabe qué pasará
Las 3 mil hectáreas que tienen uso agropecuario forman parte de la flamante Reserva natural militar Estancia La Calera, por eso nadie se anima a predecir qué uso se les dará a futuro.
Hace poco más de un mes se conoció que un decreto presidencial declaró reserva natural a las 15 mil hectáreas ubicadas entre la localidad de La Calera, Villa Carlos Paz y Córdoba Capital. Coinciden exactamente con los predios del Tercer Cuerpo de Ejército, incluso con los que desde hace casi dos décadas se utilizan para actividades agropecuarias.
Nadie arriesga hoy, cuando todavía no se ha resuelto el problema con los últimos arrendatarios, si las 3 mil hectáreas volverán a destinarse al cultivo. Es que por más que el comandante del Tercer Cuerpo, general Carlos Artuso, haya ordenado una nueva licitación pública para arrendar las tierras, productores ponen en duda que alguien las quiera alquilar con el cultivo de soja vedado.
Una de las entidades que más pujaron para lograr la protección de estas tierras es la agrupación Escalera. Uno de sus miembros, Atilio Palacios, docente universitario, dijo, semanas atrás que los terrenos van a seguir teniendo uso militar, pero en una modalidad que no altere el ambiente: “No implica el desalojo del Ejército. El uso va a ser educativo, guiado por personal militar”. No obstante, desde la misma entidad proponen que el área que durante años se destinó a cultivo comience a recuperarse como bosque nativo. ¿Será ésta la ocasión? Todavía no se sabe.
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El “yuyo” de Cristina sólo se consigue transgénico
Civiles y militares afectados por la prohibición de la soja transgénica buscaron semillas convencionales, pero no se consiguen.
Conocida la decisión oficial de la ministra Garré, y antes de comenzar la siembra del cultivo, las autoridades del Tercer Cuerpo de Ejército mantuvieron reuniones con técnicos para ver qué posibilidades había de conseguir en el mercado nacional soja convencional (no transgénica) para poder seguir trabajando los campos castrenses. Los resultados de los encuentros no fueron halagüeños. Desde que la soja resistente a glifosato fue autorizada en el país (en 1996), su utilización fue en aumento hasta ocupar, en la actualidad, el ciento por ciento de la superficie cultivada, a partir de sus menores costos de producción. Por lo tanto, no había posibilidad de conseguir semilla de soja convencional en el país. Una opción era importarla desde Chile, donde hay disponible la variedad sin modificar, aunque la inversión dificultaba la operación.
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