11 oct 2009
Costas públicas, pero de uso privado
8:52 a.m. | 
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Eco Sitio |
La Voz del Interior (11/10/2009)
Costas públicas, pero de uso privado
Tras décadas de descontrol, hace cinco años la Provincia empezó a colocar mojones que determinan los límites entre las tierras públicas y las privadas en las costas de los lagos. Las apropiaciones indebidas son evidentes. ¿Sigue en marcha aquel plan de ordenamiento?
Aunque el Código Civil argentino y las leyes provinciales señalen que los ríos y lagos, más sus riberas, son bienes públicos y nadie puede atribuirse su propiedad, en la geografía cordobesa se ven a diario incumplimientos a esas normas. Privados que "extendieron" sus propiedades avanzando sobre costas de lagos, o haciéndolas llegar hasta el cauce de ríos y arroyos, muchas veces cercándolos, constituyen una escena casi habitual.
Además del abuso, el problema central es que impiden el acceso del público a espacios que son públicos, generalmente en sitios atractivos para el esparcimiento y el turismo.
Tras décadas de "dejar hacer", sin hacer nada, el Estado provincial plantó en 2004 un proyecto para empezar a definir los límites entre lo privado y lo público en las costas de lagos y ríos. La entonces Dipas ponía en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial. El primer foco se puso en los lagos, y para eso se contrató a empresas privadas que debían colocar mojones que determinen el espacio público en siete lagos: Los Molinos, Embalse, San Roque, Piedras Moras, El Cajón, Cruz del Eje y La Viña.
Los mojones fueron ya colocados casi en su totalidad. Son caños fijados al suelo, ubicados en base a coordenadas satelitales. En caso de ser removidos, su identificación permite que sean repuestos en el exacto lugar.
El plan tuvo avances, pero en los dos últimos años pareció "plancharse". ¿Sigue acaso vigente?
El lago donde primero y más se avanzó en las correcciones de abusos fue Los Molinos. Tras la colocación de los mojones, los propietarios que ocupaban espacios públicos debieron retroceder. Y a los que no lo hicieron, en procedimientos puntuales, la Dipas con topadoras desmontó cercos, patios y hasta construcciones. Hoy, en buena parte de ese lago, se observa que desde los mojones la zona está "liberada" hasta el agua. Además, una calle se abrió en la línea de mojones, para marcar mejor el acceso público a esos sitios. Eso –se aseguraba por entonces en la Dipas– se haría en todos los lagos cordobeses.
Pero en los demás, se vieron pocas o nulas correcciones hasta ahora.
Un caso emblemático es el de Embalse, en Calamuchita. Con los mojones puestos, se hicieron varios operativos para correr alambrados. Los primeros en la zona del río Quillinzo; los más recientes en el área de La Cruz. En ambos casos se trata de costas de escaso interés para esparcimiento y que eran "invadidas" por pequeños productores rurales.
Sin embargo, en toda la región, crece el interrogante acerca de por qué, dos años después de haberse colocado los mojones, no se avanzó en las correcciones sobre otros sectores, en jurisdicción de Embalse y Rumipal, pero sobre todo de Villa del Dique, donde hay barrios residenciales con costosas viviendas y otras instalaciones que, según evidencian ahora los mojones, en muchos casos avanzan sobre los espacios públicos.
Días atrás, un procedimiento para correr alambrados de un campo pegado al lago de Embalse, en la zona rural de La Cruz, y una intimación a un club náutico ubicado sobre el lago Piedras Moras, parecieron mostrar que el plan, al menos, no estaba paralizado.
Aunque la duda de si llegará a aplicarse en todos los lagos y para todos por igual, sigue instalada.
"No está parado". Jorge Masih, subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia (ex Dipas), aseguró a este diario que el Plan de Ordenamiento Territorial puede tener algunas demoras pero que no pasará al archivo. También rechazó la idea de que haya presiones para no avanzar en las correcciones sobre sectores de costas ocupados por familias de poder económico y/o político. "No es así, la ley debe ser pareja para todos y no vamos a archivar el plan", respondió.
Según Masih, "la aplicación no es tan sencilla" y contó que "hubo reclamos de quienes plantean que algunos mojones están ubicados incorrectamente", por lo que se decidió en esos casos revisar la situación. "Es posible que en algún caso debamos corregir los límites", adelantó, aunque aclarando que se trata de "lugares puntuales". Según planteó, "se tratará de evitar problemas judiciales".
Masih argumentó que los lagos fueron traspasados de la Nación a la Provincia "sin delimitación de costas", lo que dificulta la determinación clara de límites. "Y en el caso de Embalse, las costas siguen siendo nacionales", acotó.
Según Masih, hay abogados estudiando ahora los títulos de propiedad de quienes presentaron reclamos. Y admitió que si alguien tiene una escritura que demuestre su propiedad, la hará valer, más allá de la línea de amojonamiento.
El funcionario reconoció que "es evidente" que hay muchos casos de apropiaciones indebidas de costas "que deberán ser corregidas" y admitió que debe asegurarse el derecho de acceso abierto a espacios que son públicos.
También en la repartición diferencian lo que son costas entregadas en comodato (a clubes, sindicatos o entidades) o en concesión a privados. En esos casos, no hay duda de que las tierras son públicas y sólo prestadas "para su uso". Aunque, también se revisaría –al menos figuraba en el plan original– que cumplan las normas generales de no impedir el acceso del público a las riberas.
En los ríos, más difícil
"Queda mucho por hacer", señaló Masih, quien asumió que sobre ríos y arroyos es aún más complejo el panorama. En esos casos, delimitar con mojones sería más complicado que en los lagos y no está previsto hacerlo.
En la mayoría de los cursos de agua no está determinada la línea de ribera y se aplica una norma que establece un criterio general (ver "Qué dicen las leyes..."). Pero es fácil observar cómo algunos privados llevan sus patios hasta el cauce mismo, dificultando el acceso al público, y hasta alambrando cursos de agua. O que haya tramos enteros de ríos, en sitios demandados por la gente dado sus atractivos, a los que directamente no se puede acceder.
En la Subsecretaría de Recursos Hídricos admiten que sobre ríos y arroyos se hacen periódicos procedimientos, pero asumen que ante su insuficiente estructura y escasos recursos humanos, se limitan casi a responder, como pueden, a las denuncias que reciben.
No hace falta que admitan la evidencia de un plan integral de relevamiento y ordenamiento que sigue pendiente en ese rubro.
Denuncias
Para denunciar obstáculos que atraviesen cursos de agua o apropiaciones de espacios públicos en costas, se puede llamar a los siguientes números:
0800-888-3888. Corresponde a la Casa del Ciudadano.
0800-888-1234 ó (0351) 434-2000/01. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
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Qué dicen las leyes y normas
El Código Civil nacional, el Código de Agua de la Provincia y las resoluciones que dicta la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Córdoba (ex Dipas) marcan el cuadro normativo respecto a la propiedad y uso de costas de lagos y ríos.
En los lagos (casi todos artificiales y surgidos de expropiaciones al embalsarlos), el criterio general es que el límite del espacio público es el fijado por la cota máxima de diseño, es decir, el nivel superior al que teóricamente podría llegar el agua. Hasta ese punto, no podría haber tierras de propiedad privada. Para el cálculo, se toma un criterio de líneas poligonales. Para eso son útiles los mojones colocados en los últimos años, porque marcan el límite, dado que en cada lago pueden darse situaciones distintas. La excepción podría darse con aquellos que muestren títulos de propiedad que avalan sus derechos aún en zonas por dentro de la poligonal.
En los ríos, el Código Civil argentino, establece que sólo se consideran aguas privadas las corrientes que nacen y mueren en una misma propiedad y las que corren por canales privados y no por cauce natural. El Código de Agua de Córdoba fija que "está prohibido instalar alambrados sobre el curso de un río, pues quien lo hace se estaría atribuyendo como propios terrenos que son públicos", fijando que "siendo de dominio público, todas las personas tienen derecho a circular por las riberas internas de los ríos". La ley entiende por ribera "a la línea de crecida media ordinaria y que nadie puede atribuir como su propiedad".
El Código establece que los propietarios limítrofes con ríos están obligados a dejar una calle o camino público, "sin ninguna indemnización".
En 2006, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial la entonces Dipas fijó, por resolución, un criterio más preciso para delimitar en Córdoba las líneas de ribera en ríos y arroyos. Esa disposición determina "un retiro mínimo de 15 metros a cada lado del río o arroyo medidos desde el borde del cauce permanente", para los ríos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Los Sauces, Mina Clavero, Panaholma, La Cruz, Los Reartes, San Guillermo, San Antonio, El Cajón, Yuspe, Chico de Nono, Grande de Punilla, Dulce, San José, San Pedro, del Medio, Los Espinillos y Quilpo. Y "un retiro de 12 metros, medidos desde el eje, para el resto de los cursos de agua de la provincia".
La repartición provincial aclaró en esa resolución que este criterio de retiros "es provisorio y precario, hasta tanto se proceda a la efectiva determinación de la línea de ribera, en cada curso de agua". Esa tarea de determinación puntual está pendiente aún en gran parte de los ríos y arroyos cordobeses.
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¿Ganarán los incrédulos?
Resulta llamativo cómo puede parecer claramente arbitrario e ilegal que un vecino ocupe para uso propio una vereda o un pedazo de la plaza de su ciudad, pero que, a la vez, algunos piensen que, bajo el pretexto de que es habitual, no sea tan abusivo ni fuera de ley apropiarse de espacios de playas públicas en ríos y lagos, para provecho propio.
Esos abusos se observan, sobre todo, en sitios atractivos de costas que, salvo contadas excepciones, son estatales y por lo tanto deben ser abiertos al uso colectivo. El acceso de la gente a esos espacios públicos se ve a veces limitado.
Por décadas, la falta de control y de planificación del Estado (municipal y provincial) facilitó todo tipo de abusos. Tanto, que se tornaron costumbre.
Cuando la Provincia, en 2004, puso en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial, el anuncio de que se corregirían esos abusos pudo haberle sonado a increíble a la mayoría.
Sin embargo, los mojones que por primera vez demarcaban límites fueron apareciendo y en algunos lagos se ejecutaron correcciones, corriendo las "avanzadas" ilegales. Lo que era difícil de creer se hacía creíble. Pero no dejaron de aparecer los interrogantes de quienes, insistentes en su incredulidad, apostaban a que el plan no llegaría a abarcar a todos, sin excepciones, privilegios ni favores. A que, cuando llegara a algunos sectores y actores, se paralizaría.
En el último tiempo el plan lució mucho más lento. Y está por verse aún si los incrédulos, al final, no ganan la apuesta.
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“Las presiones existen”
Fabián López fue titular de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas) cuando en 2004 se lanzó el Plan de Ordenamiento Territorial. En 2007 dejó ese sillón. Con el nuevo gobierno provincial, el área pasó desde entonces a llamarse Subsecretaría de Recursos Hídricos. López ocupa ahora un cargo político en el Ministerio de Planificación Federal del Gobierno nacional.
Semanas atrás, de paso por Calamuchita por trámites ligados a su función, fue consultado por este diario sobre aquel programa de ordenamiento. “Ese plan que iniciamos llevó a remover kilómetros de alambrados en ríos para recuperar espacios públicos para los cordobeses y los turistas y al amojonamiento de muchos de los lagos, para delimitar bien los espacios públicos de los privados, para que no haya pícaros que desde su interés particular estén haciendo uso de lo que es de todos. Ese plan hay que sostenerlo, espero que sea así, porque los recursos naturales son demasiado importantes como para que los dejemos degradar”, apuntó.
–En su gestión en Dipas, ¿usted recibió presiones o sugerencias para que no se avance en correcciones sobre determinados barrios o propiedades sobre las costas?
–Un funcionario recibe presiones de todos lados; de arriba, de los que tienen algún poder, y también de la gente común que quiere que las cosas se hagan bien, y que en este caso sueña con que las cosas de dominio público sean para todos. Y uno tiene que decidir a qué presiones se presta.
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Costas públicas, pero de uso privado
Tras décadas de descontrol, hace cinco años la Provincia empezó a colocar mojones que determinan los límites entre las tierras públicas y las privadas en las costas de los lagos. Las apropiaciones indebidas son evidentes. ¿Sigue en marcha aquel plan de ordenamiento?
Aunque el Código Civil argentino y las leyes provinciales señalen que los ríos y lagos, más sus riberas, son bienes públicos y nadie puede atribuirse su propiedad, en la geografía cordobesa se ven a diario incumplimientos a esas normas. Privados que "extendieron" sus propiedades avanzando sobre costas de lagos, o haciéndolas llegar hasta el cauce de ríos y arroyos, muchas veces cercándolos, constituyen una escena casi habitual.
Además del abuso, el problema central es que impiden el acceso del público a espacios que son públicos, generalmente en sitios atractivos para el esparcimiento y el turismo.
Tras décadas de "dejar hacer", sin hacer nada, el Estado provincial plantó en 2004 un proyecto para empezar a definir los límites entre lo privado y lo público en las costas de lagos y ríos. La entonces Dipas ponía en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial. El primer foco se puso en los lagos, y para eso se contrató a empresas privadas que debían colocar mojones que determinen el espacio público en siete lagos: Los Molinos, Embalse, San Roque, Piedras Moras, El Cajón, Cruz del Eje y La Viña.
Los mojones fueron ya colocados casi en su totalidad. Son caños fijados al suelo, ubicados en base a coordenadas satelitales. En caso de ser removidos, su identificación permite que sean repuestos en el exacto lugar.
El plan tuvo avances, pero en los dos últimos años pareció "plancharse". ¿Sigue acaso vigente?
El lago donde primero y más se avanzó en las correcciones de abusos fue Los Molinos. Tras la colocación de los mojones, los propietarios que ocupaban espacios públicos debieron retroceder. Y a los que no lo hicieron, en procedimientos puntuales, la Dipas con topadoras desmontó cercos, patios y hasta construcciones. Hoy, en buena parte de ese lago, se observa que desde los mojones la zona está "liberada" hasta el agua. Además, una calle se abrió en la línea de mojones, para marcar mejor el acceso público a esos sitios. Eso –se aseguraba por entonces en la Dipas– se haría en todos los lagos cordobeses.
Pero en los demás, se vieron pocas o nulas correcciones hasta ahora.
Un caso emblemático es el de Embalse, en Calamuchita. Con los mojones puestos, se hicieron varios operativos para correr alambrados. Los primeros en la zona del río Quillinzo; los más recientes en el área de La Cruz. En ambos casos se trata de costas de escaso interés para esparcimiento y que eran "invadidas" por pequeños productores rurales.
Sin embargo, en toda la región, crece el interrogante acerca de por qué, dos años después de haberse colocado los mojones, no se avanzó en las correcciones sobre otros sectores, en jurisdicción de Embalse y Rumipal, pero sobre todo de Villa del Dique, donde hay barrios residenciales con costosas viviendas y otras instalaciones que, según evidencian ahora los mojones, en muchos casos avanzan sobre los espacios públicos.
Días atrás, un procedimiento para correr alambrados de un campo pegado al lago de Embalse, en la zona rural de La Cruz, y una intimación a un club náutico ubicado sobre el lago Piedras Moras, parecieron mostrar que el plan, al menos, no estaba paralizado.
Aunque la duda de si llegará a aplicarse en todos los lagos y para todos por igual, sigue instalada.
"No está parado". Jorge Masih, subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia (ex Dipas), aseguró a este diario que el Plan de Ordenamiento Territorial puede tener algunas demoras pero que no pasará al archivo. También rechazó la idea de que haya presiones para no avanzar en las correcciones sobre sectores de costas ocupados por familias de poder económico y/o político. "No es así, la ley debe ser pareja para todos y no vamos a archivar el plan", respondió.
Según Masih, "la aplicación no es tan sencilla" y contó que "hubo reclamos de quienes plantean que algunos mojones están ubicados incorrectamente", por lo que se decidió en esos casos revisar la situación. "Es posible que en algún caso debamos corregir los límites", adelantó, aunque aclarando que se trata de "lugares puntuales". Según planteó, "se tratará de evitar problemas judiciales".
Masih argumentó que los lagos fueron traspasados de la Nación a la Provincia "sin delimitación de costas", lo que dificulta la determinación clara de límites. "Y en el caso de Embalse, las costas siguen siendo nacionales", acotó.
Según Masih, hay abogados estudiando ahora los títulos de propiedad de quienes presentaron reclamos. Y admitió que si alguien tiene una escritura que demuestre su propiedad, la hará valer, más allá de la línea de amojonamiento.
El funcionario reconoció que "es evidente" que hay muchos casos de apropiaciones indebidas de costas "que deberán ser corregidas" y admitió que debe asegurarse el derecho de acceso abierto a espacios que son públicos.
También en la repartición diferencian lo que son costas entregadas en comodato (a clubes, sindicatos o entidades) o en concesión a privados. En esos casos, no hay duda de que las tierras son públicas y sólo prestadas "para su uso". Aunque, también se revisaría –al menos figuraba en el plan original– que cumplan las normas generales de no impedir el acceso del público a las riberas.
En los ríos, más difícil
"Queda mucho por hacer", señaló Masih, quien asumió que sobre ríos y arroyos es aún más complejo el panorama. En esos casos, delimitar con mojones sería más complicado que en los lagos y no está previsto hacerlo.
En la mayoría de los cursos de agua no está determinada la línea de ribera y se aplica una norma que establece un criterio general (ver "Qué dicen las leyes..."). Pero es fácil observar cómo algunos privados llevan sus patios hasta el cauce mismo, dificultando el acceso al público, y hasta alambrando cursos de agua. O que haya tramos enteros de ríos, en sitios demandados por la gente dado sus atractivos, a los que directamente no se puede acceder.
En la Subsecretaría de Recursos Hídricos admiten que sobre ríos y arroyos se hacen periódicos procedimientos, pero asumen que ante su insuficiente estructura y escasos recursos humanos, se limitan casi a responder, como pueden, a las denuncias que reciben.
No hace falta que admitan la evidencia de un plan integral de relevamiento y ordenamiento que sigue pendiente en ese rubro.
Denuncias
Para denunciar obstáculos que atraviesen cursos de agua o apropiaciones de espacios públicos en costas, se puede llamar a los siguientes números:
0800-888-3888. Corresponde a la Casa del Ciudadano.
0800-888-1234 ó (0351) 434-2000/01. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
Ver Noticia On Line
Qué dicen las leyes y normas
El Código Civil nacional, el Código de Agua de la Provincia y las resoluciones que dicta la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Córdoba (ex Dipas) marcan el cuadro normativo respecto a la propiedad y uso de costas de lagos y ríos.
En los lagos (casi todos artificiales y surgidos de expropiaciones al embalsarlos), el criterio general es que el límite del espacio público es el fijado por la cota máxima de diseño, es decir, el nivel superior al que teóricamente podría llegar el agua. Hasta ese punto, no podría haber tierras de propiedad privada. Para el cálculo, se toma un criterio de líneas poligonales. Para eso son útiles los mojones colocados en los últimos años, porque marcan el límite, dado que en cada lago pueden darse situaciones distintas. La excepción podría darse con aquellos que muestren títulos de propiedad que avalan sus derechos aún en zonas por dentro de la poligonal.
En los ríos, el Código Civil argentino, establece que sólo se consideran aguas privadas las corrientes que nacen y mueren en una misma propiedad y las que corren por canales privados y no por cauce natural. El Código de Agua de Córdoba fija que "está prohibido instalar alambrados sobre el curso de un río, pues quien lo hace se estaría atribuyendo como propios terrenos que son públicos", fijando que "siendo de dominio público, todas las personas tienen derecho a circular por las riberas internas de los ríos". La ley entiende por ribera "a la línea de crecida media ordinaria y que nadie puede atribuir como su propiedad".
El Código establece que los propietarios limítrofes con ríos están obligados a dejar una calle o camino público, "sin ninguna indemnización".
En 2006, como parte de las acciones contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial la entonces Dipas fijó, por resolución, un criterio más preciso para delimitar en Córdoba las líneas de ribera en ríos y arroyos. Esa disposición determina "un retiro mínimo de 15 metros a cada lado del río o arroyo medidos desde el borde del cauce permanente", para los ríos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Los Sauces, Mina Clavero, Panaholma, La Cruz, Los Reartes, San Guillermo, San Antonio, El Cajón, Yuspe, Chico de Nono, Grande de Punilla, Dulce, San José, San Pedro, del Medio, Los Espinillos y Quilpo. Y "un retiro de 12 metros, medidos desde el eje, para el resto de los cursos de agua de la provincia".
La repartición provincial aclaró en esa resolución que este criterio de retiros "es provisorio y precario, hasta tanto se proceda a la efectiva determinación de la línea de ribera, en cada curso de agua". Esa tarea de determinación puntual está pendiente aún en gran parte de los ríos y arroyos cordobeses.
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¿Ganarán los incrédulos?
Resulta llamativo cómo puede parecer claramente arbitrario e ilegal que un vecino ocupe para uso propio una vereda o un pedazo de la plaza de su ciudad, pero que, a la vez, algunos piensen que, bajo el pretexto de que es habitual, no sea tan abusivo ni fuera de ley apropiarse de espacios de playas públicas en ríos y lagos, para provecho propio.
Esos abusos se observan, sobre todo, en sitios atractivos de costas que, salvo contadas excepciones, son estatales y por lo tanto deben ser abiertos al uso colectivo. El acceso de la gente a esos espacios públicos se ve a veces limitado.
Por décadas, la falta de control y de planificación del Estado (municipal y provincial) facilitó todo tipo de abusos. Tanto, que se tornaron costumbre.
Cuando la Provincia, en 2004, puso en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial, el anuncio de que se corregirían esos abusos pudo haberle sonado a increíble a la mayoría.
Sin embargo, los mojones que por primera vez demarcaban límites fueron apareciendo y en algunos lagos se ejecutaron correcciones, corriendo las "avanzadas" ilegales. Lo que era difícil de creer se hacía creíble. Pero no dejaron de aparecer los interrogantes de quienes, insistentes en su incredulidad, apostaban a que el plan no llegaría a abarcar a todos, sin excepciones, privilegios ni favores. A que, cuando llegara a algunos sectores y actores, se paralizaría.
En el último tiempo el plan lució mucho más lento. Y está por verse aún si los incrédulos, al final, no ganan la apuesta.
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“Las presiones existen”
Fabián López fue titular de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas) cuando en 2004 se lanzó el Plan de Ordenamiento Territorial. En 2007 dejó ese sillón. Con el nuevo gobierno provincial, el área pasó desde entonces a llamarse Subsecretaría de Recursos Hídricos. López ocupa ahora un cargo político en el Ministerio de Planificación Federal del Gobierno nacional.
Semanas atrás, de paso por Calamuchita por trámites ligados a su función, fue consultado por este diario sobre aquel programa de ordenamiento. “Ese plan que iniciamos llevó a remover kilómetros de alambrados en ríos para recuperar espacios públicos para los cordobeses y los turistas y al amojonamiento de muchos de los lagos, para delimitar bien los espacios públicos de los privados, para que no haya pícaros que desde su interés particular estén haciendo uso de lo que es de todos. Ese plan hay que sostenerlo, espero que sea así, porque los recursos naturales son demasiado importantes como para que los dejemos degradar”, apuntó.
–En su gestión en Dipas, ¿usted recibió presiones o sugerencias para que no se avance en correcciones sobre determinados barrios o propiedades sobre las costas?
–Un funcionario recibe presiones de todos lados; de arriba, de los que tienen algún poder, y también de la gente común que quiere que las cosas se hagan bien, y que en este caso sueña con que las cosas de dominio público sean para todos. Y uno tiene que decidir a qué presiones se presta.
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