27 oct 2008

Las 60 hectáreas de la corrupción

La Voz del Interior (27/10/2008)
Las 60 hectáreas de la corrupción

Por Olga Riutort
Presidenta del bloque Eva Duarte de Perón. Concejo Deliberante de Córdoba

Lo llamativo y corrupto del convenio es que, sin que nadie lo pida, el municipio -como Papá Noel- regala a los dueños de estas 60 ha un cambio de zona de RV (reserva verde) y K (barrios con emprendimientos fabriles) a zona H1 (loteo abierto).
El 22 de julio del corriente año tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba el expediente 1947-E-08, “Convenio Urbanístico Recuperación Arroyo La Cañada”, entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el intendente Daniel Giacomino; la empresa Edisur SA, representada por Horacio Parga, y la Sociedad Fiduciaria del Sur SA, representada por Fernando María Alfonso Reyna.
El convenio fue firmado el 11 de julio pasado y tenía por objeto establecer los derechos y obligaciones de las partes relacionadas con la intervención urbanística a realizarse en parte de los inmuebles ubicados en el sector sudoeste de la ciudad de Córdoba y las modificaciones parciales de zonas establecidas en ordenanzas 8.060 y 8.256.
Las 33 hectáreas y 4.765 metros cuadrados que ocupan los loteos Manantiales III, IV y V tenían ya factibilidad para country y la empresa pidió cambiar ésta mediante el mecanismo de concertación público-privada, para que en lugar de hacer barrios cerrados con lotes de mil metros cuadrados cada uno se realicen lotes de 360 metros cuadrados aplicando la normativa vigente para estos casos.
Es decir, la ordenanza 8.060 (pasando de zona 9 a zona 3, o sea, de 1.000 a 360 metros cuadrados) y la ordenanza 8.256 (cambiando de RV, reserva verde, a H1, loteo abierto) sería la parte no corrupta del convenio, porque establece el cálculo de la ganancia final que obtiene la empresa luego de deducir Impuesto a las Ganancias y considerando el total de obras exigibles y no exigibles (2.923.149 dólares) por el cambio de la norma vigente.
Pero este convenio también contiene una parte corrupta. Las 60 hectáreas que siguen en el expediente no tienen pedido expreso de cambio de zonificación por parte de la empresa para realizar ningún proyecto urbanístico en el marco de la concertación. Tampoco cuentan con análisis económico alguno ni con cálculo de ganancia neta a obtener por los distintos dueños (Edisur SA: 35 ha y 7.390,36 m2; Asociación Española: 9 ha y 4.041 m2, y sin dueños identificados: 14 ha y 9.581 m2). Ni siquiera detalla las obras no exigibles a realizar como parte del mayor valor que se obtendría por el cambio de zona y por el valor que le dan las obras de las 33 ha mencionadas anteriormente.
En definitiva, lo llamativo y corrupto del convenio es que, sin que nadie lo pida, el municipio –como Papá Noel– regala a los dueños de estas 60 ha un cambio de zona de RV (reserva verde) y K (barrios con emprendimientos fabriles) a zona H1 (loteo abierto) y de zona 9 a zona 2 (lotes de 1.000 m2 a lotes de 250 m2).
Más aún, recientemente agregaron (a través de la adenda 4) que las 14 ha sin dueño quedan como zona RV pero, en caso de que las compre Edisur, automáticamente pasan a ser zona H1; o sea loteo abierto de 250 m2 cada uno. Si las compra otro, no: siguen siendo RV, o sea lotes de 1.000 m2 cada uno.
Todo ello lleva a dos preguntas inevitables, que jamás recibieron respuesta: si el cambio de zona de 33 hectáreas deja una ganancia neta de 3.136.149 dólares, ¿cuál es la ganancia que dejan 60 hectáreas con el cambio de zona y con el valor que le suman las obras de las 33 hectáreas mencionadas anteriormente?
Y, si por 33 hectáreas dejan en obra pública –exigible y no exigible– 2.923.476 dólares, ¿cuánto es lo que tendrían que dejar en obras para el municipio las 60 hectáreas de la corrupción?

Cronología de nuestros reclamos
El 31 de julio se convocó a la primera reunión de Desarrollo Urbano en la que se incluyó el citado expediente; allí solicité, en nombre de nuestro bloque, informes técnicos de las áreas involucradas al Departamento Ejecutivo Municipal.
El 7 de agosto llegaron informes técnicos que se incorporaron al expediente y solicitamos que éste siguiera en estudio para poder analizar aquellos datos.
El 14 de agosto, nuestro bloque pidió que el municipio informara sobre el valor de las obras a ejecutar como country y como loteo abierto, y sugerimos en la comisión que había que desglosar el expediente sacando las 60 hectáreas, pues no formaban parte del cambio que pedía Edisur, de pasar de country a loteo abierto de 360 m2.
Necesidad de ordenanza marco. Mandamos carta al secretario de Desarrollo Urbano sugiriendo esto y que, además, sería mejor que sancionáramos una ordenanza marco de concertación público-privada, para dar a todos los empresarios reglas de juego claras, que garanticen buenas inversiones y ganancias para todos y no sólo para los amigos de turno.
El 4 de setiembre último concurrieron Horacio Parga y el ingeniero Moroni a la comisión a exponer su proyecto; siempre hablaron sólo acerca de Manantiales III, IV y V.
El 27 de setiembre se aprobó el llamado a reunión conjunta de las comisiones intervinientes.
El 18 de setiembre, en reunión conjunta, los bloques de la minoría pidieron un cuarto intermedio para el 22 de setiembre, a fin de aclarar la situación de las parcelas que conforman las 60 ha, encuentro que se suspendió sin fecha, hasta que, sorpresivamente, citaron a reunión conjunta para el martes 14 de octubre a las 8.30, donde entregaron dos adendas firmadas ese mismo día a las 8 por el intendente y Edisur SA, donde –como se explicó– dejan las parcelas 18 y 20 como RV, dejando a salvo que, en caso de que las comprara Edisur pasarían automáticamente a zona 2 H1.
Aquí, además de consumarse un acto de total corrupción, fue vergonzosa la falta de respeto a las instituciones y a la división de poderes, pues en la reunión conjunta de aquella mañana participaban –como si fuesen concejales– Moroni, de Edisur, y el secretario Rey, del Ejecutivo municipal.
¿Dónde están la transparencia y el fortalecimiento a las instituciones que pregona el Frente Cívico?
Por cada una de las cuestiones aquí mencionadas pediremos a la Fiscalía Anticorrupción la investigación de los hechos.

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