28 sept 2008
Las minas, en la mira
7:22 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (28/09/2008)
Las minas, en la mira
La prohibición de la minería a cielo abierto en Córdoba, dispuesta por la Legislatura provincial, atiende el reclamo ambientalista, pero no resuelve el problema de una actividad económica legítima y de indudable trascendencia.
Al sancionar la ley que prohíbe en Córdoba la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, la explotación de minerales nucleares y el uso en los procesos mineros de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica o peligrosa, la Legislatura provincial ha actuado como aquel médico que ordena amputar la pierna por temor a la infección de una uña encarnada.
De este modo, se aventan los temores y prevenciones que, con justa razón –sobre todo, después del emblemático desastre de Chernobyl–, generan en la población la manipulación de sustancias como el uranio o el cianuro, por ejemplo. Nombrarlas, nomás, ya da miedo. Pero no se resuelve, ni mucho menos, una cuestión de vital importancia para el futuro económico de la provincia.
Existe en la Argentina un movimiento de defensa del medio ambiente cuya influencia, por suerte, es cada vez mayor, que rechaza la minería a cielo abierto y se ha movilizado en distintos puntos del país para enfrentar ese tipo de explotaciones que, dejadas al arbitrio de sus dueños –por lo general, grandes empresas internacionales–, suelen ser no sólo contaminantes del ambiente a largo plazo, sino también invasivas y prepotentes frente a otras actividades que las poblaciones nativas desarrollan en esos lugares desde siempre.
Un ejemplo de este tipo de conductas sería la minera La Alumbrera, cuyo vicepresidente, Julián Patricio Rooney, está procesado por la Cámara Federal de Tucumán como presunto autor del delito de contaminación peligrosa para la salud.
En rigor, todos los métodos de extracción minera son potencialmente riesgosos y producen algún tipo de alteración del medio ambiente. Y el lixiviado, que es un proceso de tratamiento de sustancias complejas con disolventes para “purificarlas”, lo es más que otras. La lixiviación necesita una amplia red superficial de hoyos, muy cerca unos de otros, bombas y poliductos para hacer circular el líquido (en nuestro caso, se trata de cianuro, que es el que se prohíbe en Córdoba), por el cuerpo mineral.
Los problemas operativos –amén de la alteración del suelo, la vegetación, la contaminación por el uso de maquinarias diésel o la de capas freáticas– incluyen la pérdida de control del lixiviador, problemas con la tubería, derrames, fugas e insuficiencias del lavado o neutralización.
No es necesario abundar más en detalles técnicos para comprender que los controles sobre una actividad como ésta deben ser rigurosos.
Pero la prohibición lisa y llana es un camino que elude responsabilidades y un debate profundo sobre el marco legal de la minería, delineado durante el gobierno de Carlos Menem y que es señalado como muy beneficioso para los grupos mineros internacionales y perjudicial para los intereses económicos del país.
Es decir, en esta cuestión estratégica no cabe la búsqueda del aplauso fácil, sino la ardua tarea de alcanzar consensos amplios sobre el papel de las industrias mineras en el desarrollo del país. Prohibir hoy una actividad prácticamente inexistente en la provincia no tiene mayores costos políticos, pero cierra a la provincia sus posibilidades futuras en una actividad económica legítima y de indudable trascendencia.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) dice que la nueva ley es inconstitucional, ya que subestima la jerarquía jurídica del Código de Minería de la Argentina, que legitima y autoriza la explotación de los recursos mineros de la nación, y que se opone al Plan Energético Nacional que promueve el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, con el más racional aprovechamiento de los recursos naturales del país y el máximo cuidado ambiental.
Es natural que la cámara defienda los intereses de la corporación. Pero sus argumentos son atendibles y deben ser discutidos y, en su caso, rebatidos. Sobre todo en una provincia que prohíbe la minería a cielo abierto, pero descuida otras actividades que son también potencialmente contaminantes.
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Las minas, en la mira
La prohibición de la minería a cielo abierto en Córdoba, dispuesta por la Legislatura provincial, atiende el reclamo ambientalista, pero no resuelve el problema de una actividad económica legítima y de indudable trascendencia.
Al sancionar la ley que prohíbe en Córdoba la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, la explotación de minerales nucleares y el uso en los procesos mineros de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica o peligrosa, la Legislatura provincial ha actuado como aquel médico que ordena amputar la pierna por temor a la infección de una uña encarnada.
De este modo, se aventan los temores y prevenciones que, con justa razón –sobre todo, después del emblemático desastre de Chernobyl–, generan en la población la manipulación de sustancias como el uranio o el cianuro, por ejemplo. Nombrarlas, nomás, ya da miedo. Pero no se resuelve, ni mucho menos, una cuestión de vital importancia para el futuro económico de la provincia.
Existe en la Argentina un movimiento de defensa del medio ambiente cuya influencia, por suerte, es cada vez mayor, que rechaza la minería a cielo abierto y se ha movilizado en distintos puntos del país para enfrentar ese tipo de explotaciones que, dejadas al arbitrio de sus dueños –por lo general, grandes empresas internacionales–, suelen ser no sólo contaminantes del ambiente a largo plazo, sino también invasivas y prepotentes frente a otras actividades que las poblaciones nativas desarrollan en esos lugares desde siempre.
Un ejemplo de este tipo de conductas sería la minera La Alumbrera, cuyo vicepresidente, Julián Patricio Rooney, está procesado por la Cámara Federal de Tucumán como presunto autor del delito de contaminación peligrosa para la salud.
En rigor, todos los métodos de extracción minera son potencialmente riesgosos y producen algún tipo de alteración del medio ambiente. Y el lixiviado, que es un proceso de tratamiento de sustancias complejas con disolventes para “purificarlas”, lo es más que otras. La lixiviación necesita una amplia red superficial de hoyos, muy cerca unos de otros, bombas y poliductos para hacer circular el líquido (en nuestro caso, se trata de cianuro, que es el que se prohíbe en Córdoba), por el cuerpo mineral.
Los problemas operativos –amén de la alteración del suelo, la vegetación, la contaminación por el uso de maquinarias diésel o la de capas freáticas– incluyen la pérdida de control del lixiviador, problemas con la tubería, derrames, fugas e insuficiencias del lavado o neutralización.
No es necesario abundar más en detalles técnicos para comprender que los controles sobre una actividad como ésta deben ser rigurosos.
Pero la prohibición lisa y llana es un camino que elude responsabilidades y un debate profundo sobre el marco legal de la minería, delineado durante el gobierno de Carlos Menem y que es señalado como muy beneficioso para los grupos mineros internacionales y perjudicial para los intereses económicos del país.
Es decir, en esta cuestión estratégica no cabe la búsqueda del aplauso fácil, sino la ardua tarea de alcanzar consensos amplios sobre el papel de las industrias mineras en el desarrollo del país. Prohibir hoy una actividad prácticamente inexistente en la provincia no tiene mayores costos políticos, pero cierra a la provincia sus posibilidades futuras en una actividad económica legítima y de indudable trascendencia.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) dice que la nueva ley es inconstitucional, ya que subestima la jerarquía jurídica del Código de Minería de la Argentina, que legitima y autoriza la explotación de los recursos mineros de la nación, y que se opone al Plan Energético Nacional que promueve el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, con el más racional aprovechamiento de los recursos naturales del país y el máximo cuidado ambiental.
Es natural que la cámara defienda los intereses de la corporación. Pero sus argumentos son atendibles y deben ser discutidos y, en su caso, rebatidos. Sobre todo en una provincia que prohíbe la minería a cielo abierto, pero descuida otras actividades que son también potencialmente contaminantes.
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