18 jul 2007
Municipio contra las antenas
9:06 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (18/07/2007)
El municipio intenta revertir un fallo judicial que permite instalar antenas
El juez federal Ricardo Bustos Fierro dictó una medida cautelar a favor de la empresa CTI que declara inconstitucionales dos ordenanzas. Falta que salga la sentencia final. El Ejecutivo ya apeló la resolución.
La Municipalidad de Córdoba intentará revertir una sentencia judicial dictada el 11 de enero de este año por el juez federal N° 1 Ricardo Bustos Fierro, favorable a la empresa CTI, que suspende la aplicación de dos ordenanzas relativas a antenas de telefonía y autoriza a esta compañía a ejercer su actividad con normalidad en la ciudad.
A través de sus abogados, CTI había presentado una acción de inconstitucionalidad de la ordenanza 11.032 y su modificatoria 11.086, sancionadas en mayo y agosto de 2006, respectivamente, con el fin de poner freno a la instalación masiva de antenas.
La medida cautelar de Bustos Fierro ordena al municipio "no innovar" y abstenerse de realizar actos "para suspender, obstaculizar, paralizar o impedir la prestación del servicio de telefonía móvil hasta que se dicte sentencia definitiva". Esto será tarea del Juzgado Federal N° 3 a cargo de Cristina Garzón de Lascano, donde hoy se encuentra la causa.
No obstante, por ahora la Justicia Federal avaló el pedido de CTI para que pueda ejercer su actividad industrial, tanto para las antenas en funcionamiento como para los pedidos de habilitación en trámite o futuros.
A través de Asesoría Letrada, la Municipalidad apeló la medida cautelar el 7 de febrero. Por eso, la causa está "a fallo" de la Cámara Federal de Apelaciones (sala B) desde el 14 de junio, o sea que puede haber un pronunciamiento en cualquier momento.
El asesor letrado del Palacio 6 de Julio, Alfredo Viglione Lara, dijo que el fallo judicial "inhibió el poder de policía municipal", aunque confió en que la apelación prospere. Manifestó que la Municipalidad realiza frecuentes inspecciones para determinar si hay antenas que contravengan las normativas vigentes. "Cuando es así, pedimos a las empresas que paren los trabajos de instalación", sostuvo.
Por su parte, Bustos Fierro expresó que su sentencia es "a favor de la gente", al considerar que "si no hay más antenas desaparecerá la telefonía celular". Además, basó su fallo en informes de la Universidad Nacional de Córdoba que revelan que las antenas de telefonía (no ionizantes) no contaminan el ambiente.
Algo similar plantearon los abogados de CTI, al recordar que la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Nacional de Comunicaciones relativizan los efectos nocivos de las antenas sobre las personas. Entienden, asimismo, que las ordenanzas "son imposibles de aplicar a nivel práctico", por ejemplo, debido a que establecen que las torres deben poseer determinada altura en relación con la superficie de los terrenos donde están montadas.
Suspensión temporaria
En setiembre de 2005, el municipio suspendió por decreto los permisos de instalación de antenas y las obras en marcha en la ciudad durante 90 días, ya que había casi 400 torres sin autorización. En 2006, la vigencia de esa suspensión fue prorrogada.
Esto rigió hasta que se sancionaron las ordenanzas 11.032 y la 11.086, instrumentos jurídicos que pusieron más trabas a las empresas de telefonía celular.
La primera empresa en accionar contra la Municipalidad por estas ordenanzas fue Telefónica Móvil Argentina (Movistar), a fines de 2006. Bustos Fierro dictó una medida cautelar similar a la que consiguió CTI. Aunque el municipio apeló, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la sentencia judicial.
Qué dicen las ordenanzas
Regulación. Las normas 11.032 y 11.086 regulan condiciones de localización, instalación y funcionamiento de equipos de empresas de telefonía y radio. Exigen que las antenas se instalen a 100 metros de escuelas y centros de salud, mediciones de radiación y estudios de impacto ambiental; habilitación de la CNC; y planes de ubicación de torres, con altura determinada en base al terreno.
Quejas. Hay denuncias –y hasta juicios– de vecinos contra firmas de telefonía por la radicación de antenas. Dicen que causan cáncer.
Sentencias similares en otras ciudades cercanas
No sólo en la ciudad de Córdoba hay fallos judiciales que benefician a empresas de telefonía celular, sino también en otras ciudades de la provincia.
El más reciente fue el que se dio en Villa Dolores. Allí el juez federal N° 1 Ricardo Bustos Fierro le ordenó a la Municipalidad local que no obstaculice, suspenda ni paralice el emplazamiento y posterior funcionamiento de una antena de 45 metros perteneciente a CTI Móvil, hasta que se dicte el pronunciamiento definitivo.
La obra se ejecuta en la zona céntrica de Villa Dolores (en la tercera cuadra de calle Belgrano, más precisamente), con marcada oposición vecinal.
Ante esta situación, el municipio ordenó a CTI desmantelar la obra, además de considerar que la compañía no cumplió los requisitos exigidos.
También en Pilar hubo una resolución judicial favorable a una empresa de telefonía que instalaba una torre y contraria al municipio local. El fallo pertenece al juez Bustos Fierro.
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El municipio intenta revertir un fallo judicial que permite instalar antenas
El juez federal Ricardo Bustos Fierro dictó una medida cautelar a favor de la empresa CTI que declara inconstitucionales dos ordenanzas. Falta que salga la sentencia final. El Ejecutivo ya apeló la resolución.
La Municipalidad de Córdoba intentará revertir una sentencia judicial dictada el 11 de enero de este año por el juez federal N° 1 Ricardo Bustos Fierro, favorable a la empresa CTI, que suspende la aplicación de dos ordenanzas relativas a antenas de telefonía y autoriza a esta compañía a ejercer su actividad con normalidad en la ciudad.
A través de sus abogados, CTI había presentado una acción de inconstitucionalidad de la ordenanza 11.032 y su modificatoria 11.086, sancionadas en mayo y agosto de 2006, respectivamente, con el fin de poner freno a la instalación masiva de antenas.
La medida cautelar de Bustos Fierro ordena al municipio "no innovar" y abstenerse de realizar actos "para suspender, obstaculizar, paralizar o impedir la prestación del servicio de telefonía móvil hasta que se dicte sentencia definitiva". Esto será tarea del Juzgado Federal N° 3 a cargo de Cristina Garzón de Lascano, donde hoy se encuentra la causa.
No obstante, por ahora la Justicia Federal avaló el pedido de CTI para que pueda ejercer su actividad industrial, tanto para las antenas en funcionamiento como para los pedidos de habilitación en trámite o futuros.
A través de Asesoría Letrada, la Municipalidad apeló la medida cautelar el 7 de febrero. Por eso, la causa está "a fallo" de la Cámara Federal de Apelaciones (sala B) desde el 14 de junio, o sea que puede haber un pronunciamiento en cualquier momento.
El asesor letrado del Palacio 6 de Julio, Alfredo Viglione Lara, dijo que el fallo judicial "inhibió el poder de policía municipal", aunque confió en que la apelación prospere. Manifestó que la Municipalidad realiza frecuentes inspecciones para determinar si hay antenas que contravengan las normativas vigentes. "Cuando es así, pedimos a las empresas que paren los trabajos de instalación", sostuvo.
Por su parte, Bustos Fierro expresó que su sentencia es "a favor de la gente", al considerar que "si no hay más antenas desaparecerá la telefonía celular". Además, basó su fallo en informes de la Universidad Nacional de Córdoba que revelan que las antenas de telefonía (no ionizantes) no contaminan el ambiente.
Algo similar plantearon los abogados de CTI, al recordar que la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Nacional de Comunicaciones relativizan los efectos nocivos de las antenas sobre las personas. Entienden, asimismo, que las ordenanzas "son imposibles de aplicar a nivel práctico", por ejemplo, debido a que establecen que las torres deben poseer determinada altura en relación con la superficie de los terrenos donde están montadas.
Suspensión temporaria
En setiembre de 2005, el municipio suspendió por decreto los permisos de instalación de antenas y las obras en marcha en la ciudad durante 90 días, ya que había casi 400 torres sin autorización. En 2006, la vigencia de esa suspensión fue prorrogada.
Esto rigió hasta que se sancionaron las ordenanzas 11.032 y la 11.086, instrumentos jurídicos que pusieron más trabas a las empresas de telefonía celular.
La primera empresa en accionar contra la Municipalidad por estas ordenanzas fue Telefónica Móvil Argentina (Movistar), a fines de 2006. Bustos Fierro dictó una medida cautelar similar a la que consiguió CTI. Aunque el municipio apeló, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la sentencia judicial.
Qué dicen las ordenanzas
Regulación. Las normas 11.032 y 11.086 regulan condiciones de localización, instalación y funcionamiento de equipos de empresas de telefonía y radio. Exigen que las antenas se instalen a 100 metros de escuelas y centros de salud, mediciones de radiación y estudios de impacto ambiental; habilitación de la CNC; y planes de ubicación de torres, con altura determinada en base al terreno.
Quejas. Hay denuncias –y hasta juicios– de vecinos contra firmas de telefonía por la radicación de antenas. Dicen que causan cáncer.
Sentencias similares en otras ciudades cercanas
No sólo en la ciudad de Córdoba hay fallos judiciales que benefician a empresas de telefonía celular, sino también en otras ciudades de la provincia.
El más reciente fue el que se dio en Villa Dolores. Allí el juez federal N° 1 Ricardo Bustos Fierro le ordenó a la Municipalidad local que no obstaculice, suspenda ni paralice el emplazamiento y posterior funcionamiento de una antena de 45 metros perteneciente a CTI Móvil, hasta que se dicte el pronunciamiento definitivo.
La obra se ejecuta en la zona céntrica de Villa Dolores (en la tercera cuadra de calle Belgrano, más precisamente), con marcada oposición vecinal.
Ante esta situación, el municipio ordenó a CTI desmantelar la obra, además de considerar que la compañía no cumplió los requisitos exigidos.
También en Pilar hubo una resolución judicial favorable a una empresa de telefonía que instalaba una torre y contraria al municipio local. El fallo pertenece al juez Bustos Fierro.
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