9 sept 2006

Conflicto por el basural

La Voz del Interior (09/09/2006)
Río Tercero y Tancacha, en grave conflicto por el basural

Un serio conflicto que se precipitó ayer entre los municipios de Río Tercero y Tancacha, terminará seguramente en los estrados judiciales. Tancacha resolvió sorpresivamente clausurar el predio en el que Río Tercero arroja su basura desde hace más de cuatro años. Pero la medida no fue acatada, por lo que los residuos domiciliarios riotercerenses se siguen arrojando en ese campo, que el municipio alquila a la vera de la ruta entre esta ciudad y Villa Ascasubi.
Aunque el campo, pegado al cauce del río Ctalamochita y a siete kilómetros de Tancacha, es el basural de Río Tercero desde 2002, la polémica se agudizó en los últimos días cuando el gobierno riotercerense anunció que compraría ese terreno de 33 hectáreas (del que ahora alquila sólo cuatro), para ampliar el basural y mejorar el sistema de tratamiento. Incluso lo propone como sitio para construir un sistema de vertedero controlado de residuos, para lo que contaría con un aval previo de la Agencia Córdoba Ambiente.
Mientras, el Concejo Deliberante de Tancacha sugirió primero y ordenó luego por unanimidad a su intendente que procediera a la clausura del predio, por entender que constituía un riesgo de contaminación y que estaba en jurisdicción de ese municipio. En ese marco, el intendente Ederman Ramondelli y el juez de Faltas tancachense, José Aguirre, procedieron ayer a la clausura, poniendo fajas en los accesos al predio.
Desde el municipio riotercerense se enteraron por los medios y en minutos los funcionarios que se llegaron al lugar argumentaron que “la clausura era improcedente e inválida”.
Daniel Bardella, secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que “el municipio de Río Tercero no fue notificado de esta decisión, como correspondía, pero además la considera ilegal, porque Tancacha no tiene atribuciones para decidirlo”.
Según los funcionarios riotercerenses, sus pares de Tancacha “ingresaron a un predio privado, que Río Tercero arrienda, por lo que de alguna manera es una violación de propiedad y un abuso, sobre un espacio sobre el que no tienen jurisdicción”. Luego, aseguraron que “no se puede acatar una clausura que no es legal”.
Río Tercero genera más de 40 toneladas diarias de basura. Si no pudiera darle un destino se generaría una situación de emergencia sanitaria y ambiental en la ciudad.

Jurisdicción
El tema de la jurisdicción es parte central de la discusión. En el municipio de Tancacha señalan que ese predio corresponde a su ámbito y en Río Tercero se muestran convencidos que es “una zona gris”, que no corresponde a ningún radio urbano.
Mientras, el intendente de Tancacha, Ederman Ramondelli señaló –tras el operativo de clausura– que vienen reclamando desde 2002 por esta situación. “No queremos generar un conflicto pero sí defender los intereses de Tancacha”, dijo.
Ramondelli argumentó que “se constató en el operativo” que el basural a cielo abierto recibía todo tipo de residuos, incluso patógenos” y apuntó que pidió la intervención de la Dipas y la Agencia Córdoba Ambiente.

Reclamos
Vecinos del lugar apuntaron que hace años vienen reclamando porque a 50 metros de donde se arroja basura está el cauce del río, además de haber viviendas rurales, una empresa avícola y una escuela rural a escasa distancia. En base a esos argumentos los concejales tancachenses pidieron la clausura, apurados además por evitar que el municipio riotercerense compre esos campos y amplíe el basural.
Mientras, funcionarios riotercerenses señalaron que la compra de todo el campo es “precisamente para mejorar el sistema de tratamiento y llevar el enterramiento a un área alejada del río”, aunque refutaron a la vez que haya pruebas “de que el río se haya contaminado” por la cercanía actual. “Buscamos una solución para hacer con la basura lo que ningún municipio de la zona hace, con un proyecto sobre este campo que estamos a punto de comprar y que la Agencia Córdoba Ambiente avaló, con un informe favorable de la Universidad Nacional de Córdoba”, señaló Bardella.
La cuestión no parece camino a resolverse por un acuerdo entre municipios e iría por la senda de los despachos judiciales.

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