-Han pasado 18 meses desde que se conociera públicamente el problema del depósito de DDT del SENASA en Alta Córdoba y todavía no hay ni planes para la remediación del terreno.
-Desde la Defensoría planteamos una denuncia que terminó con imputaciones penales para funcionarios del SENASA, de la Provincia y del municipio ...

-Usted ha estado activo sobre este problema, pero la sensación de los vecinos es de frustración e impotencia. ¿Cree que fueron exitosas sus gestiones?
-Han tenido pleno éxito. Nosotros intervenimos a pedido de la gente de Bouwer, donde habían ido a parar los contaminantes, pero mientras no accionamos, el problema era un barrilete sin cola. No sólo no sabían qué hacer con los tambores sino que, además, resolvieron, de una manera contraria a la ley, transportarlos y depositarlos en un predio sin ninguna autorización, que es el de enterramiento de residuos. Tenerlo allí era tan peligroso como tenerlo en Alta Córdoba, con la única diferencia de que no tenía vecinos al lado. La actuación nuestra permitió que interviniera la Justicia. La única causa es la que planteamos nosotros, a raíz de la cual los químicos ahora están en un lugar seguro y se están haciendo los estudios tóxicos para determinar la deposición final.

-Es cierto. También es cierto que el proceso lleva 18 meses, que los vecinos no tienen solución y que el proceso penal se ha dilatado.
-Es que por una maniobra judicial que hicieron los imputados, buscando de abogados a un pariente de la jueza, ésta se tuvo que apartar. Hoy la causa la tiene el juez federal Ricardo Busto Fierro.

-Fue una maniobra de los funcionarios bastante reprochable, digamos.
-Seguro, pero eso no es responsabilidad de la Defensoría. Hoy la causa se está instruyendo y nosotros seguimos participando. Los estudios que se están haciendo en el marco de la causa son ha pedido nuestro; los primeros informes los dimos a conocer nosotros, porque el juez no los quería dar a conocer; los resultados concluyeron que eran altamente tóxicos; y finalmente estamos pidiendo la deposición final de los contaminantes. Esta se deberá hacer fuera del país o por algunas empresas locales que estén autorizadas. A nuestro entender, la participación de la Defensoría fue la única que tuvo resultados positivos.

-Sí, pero todavía no hay ni noticias de la remediación del terreno.
-Pero sobre ese problema hay otra causa que tiene como autora a la FUNAM. En ésta nosotros no participamos porque había una causa judicial ya iniciada. A veces involucrar un actor más, sin que lo pida el juez, tiene el efecto de complicar aún más el proceso.

-Por los vericuetos judiciales que sean, el predio sigue sin remediación. ¿Qué respuesta hay para los vecinos de Alta Córdoba que siguen viviendo cerca del terreno contaminado?
-La remediación se tiene que hacer por orden judicial ...

-Hay que defenderse del SENASA y también de la Justicia.
-La Justicia es otro poder del Estado. Al defensor del Pueblo no se le puede pedir que interfiera.

-¿Cree que la Justicia está funcionando con la celeridad que reclama la importancia del tema?
-Creo que en ninguna de las dos causas está respondiendo con la celeridad que merecería. Ni en la causa de la remediación ni en la nuestra, en este caso planteada en la Justicia federal.

-Alta Córdoba es el barrio más bombardeado por problemsa medioambientales. Además del DDT, Dioxitek sigue generando muchos reclamos de los vecinos.
-Este tema hay que tomarlo con delicadeza. En primer lugar, la planta se instaló allá por 1956, cuando ésos eran terrenos baldíos y ahora ha quedado enclavada en uno de los barrios más poblados de Córdoba. En la planta se produce la materia prima de las dos centrales nucleares del país, la de Embalse y la de Atucha.

-Y es probable que siga más activa si el gobierno ejecuta sus planes de intensificar la generación de energía a través de más plantas nucleares.
-Nosotros le hemos pedido informes y esta semana funcionarios de la Defensoría se reunieron con la autoridad regulatoria, con el presidente de la CNEA. La información que ellos dicen tener es que, en lo que se refiere a radioactividad, todo está bajo control, que tienen todas las certificaciones necesarias, que el material que está ahí no estaría produciendo ningún daño ambiental. Creo que hay que ser muy prudentes: exigirles que cumplan con todas las normas pero sin sembrar pánico, poniendo en crisis a un barrio que evidentemente ya está bombardeado por problemas ambientales. A estos temas los conozco, he vivido muchos años en Alta Córdoba y mis tres hijos viven a 10 cuadras del depósito del SENASA.

-El pedido de prudencia es muy válido. Lo que pasa es que hay funcionarios que no han sido prudentes para nada. En el depósito del SENASA y en Dioxitek, en donde si tal vez no se corren peligros radioactivos, puede haber contaminación química en las capas freáticas por el chichón de colas de uranio de 32.000 toneladas.
-Nosotros les hemos pedido los informes. Ellos dicen que el famoso chichón ha penetrado dos metros del nivel del piso pero que en ese lugar las napas están a cerca de 40.

-En Córdoba hay un tercer problema de contaminación ambiental con responsabilidades del Estado. La planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo está colapsada y derrama efluentes al Suquía, sin tratamiento.
-Es un problema que merece una financiación extra para la Municipalidad. Lo que pasa allí es lo que les pasa a muchas ciudades argentinas, en donde el crecimiento demográfico y edilicio no ha sido acompañado con la infraestructura de servicios.

-En los casos de Dioxitek, SENASA y Bajo Grande, el agresor del medio ambiente es el Estado. ¿Es éste el principal depredador medioambiental?
-Es uno de los principales, por acción o por omisión. Argentina tiene leyes ambientales importantes e, incluso, los derechos ambientales fueron incorporados a la Constitución en la reforma del ’94. Esto no ocurre en muchos países. Quiero decir que no somos un país sin leyes. Al contrario, tenemos leyes ambientales de avanzada. El problema es de cumplimiento. Esta es la cultura que hay que cambiar y la pelea que a dar desde el lugar que nos encuentren los problemas.

-¿En qué situación es más eficaz su accionar? ¿Cuándo hay un privado generando el problema o cuándo está el Estado?
-Muchas veces cuando está el privado, porque generalmente en esos casos el Estado nos acompaña. Cuando se plantea al revés, la situación se hace más difícil. De hecho, en estos casos casi siempre los conflictos terminan judicializándose. Uno de los problemas ambientales más importante por el impacto sobre el entorno social, es el de la contaminación del Riachuelo, en Buenos Aires. Luego de tres años de exigir un plan, tuvimos que recurrir a la Justicia para que el Estado presente un programa de remediación. Nos cuesta mucho torcer la inercia del Estado.