24 jul 2006
El desmonte no se detiene
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (23/07/2006)
Pese al control, el desmonte no se detiene
Pese al control, el desmonte no se detiene
Hay aspectos ingratos de la realidad que requieren algo más que la sanción o actualización de las leyes y su aplicación para corregirlos, en beneficio de todos.
Un ejemplo claro es lo que sucede en Córdoba con el proceso de destrucción del monte nativo, que amenaza con hacerlo desaparecer de la provincia en unos 20 años.
La expansión de la frontera agropecuaria, los incendios forestales y las extracciones para la subsistencia de las economías de pequeña y mediana escalas, son algunas de las causas del deterioro constante de este recurso fundamental para el equilibrio ambiental, en especial en regiones áridas y semiáridas de la provincia y el país.
Las normas legales, los controles permanentes y la eventual aplicación de sanciones a los infractores no alcanzan para revertir ese proceso de destrucción del bosque natural.
Por caso, Córdoba sancionó en abril del año pasado la ley 9.219 que prohíbe expresamente, por el término de 10 años, el desmonte total de bosques nativos en cada una de las parcelas –públicas o privadas– ubicadas en todo el ámbito de la provincia. La norma tiene por objetivo evitar las extracciones de árboles que se hacen con la finalidad de afectar las superficies ganadas al monte a actividades que imponen cambios sustanciales en el uso del suelo.
El instrumento contempla sanciones que van desde multas al decomiso de bienes, pasando por el arresto, la inhabilitación de establecimientos y la clausura definitiva de emprendimientos, entre otras.
Sin embargo, la Agencia Córdoba Ambiente –organismo que tiene a su cargo la aplicación de la ley– y la Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia, han realizado más de un centenar de operativos de control desde la entrada en vigor de ley 9.219 que ponen de manifiesto que el desmonte sigue constituyendo un problema de graves consecuencias ambientales, económicas y sociales.
Un ejemplo claro es lo que sucede en Córdoba con el proceso de destrucción del monte nativo, que amenaza con hacerlo desaparecer de la provincia en unos 20 años.
La expansión de la frontera agropecuaria, los incendios forestales y las extracciones para la subsistencia de las economías de pequeña y mediana escalas, son algunas de las causas del deterioro constante de este recurso fundamental para el equilibrio ambiental, en especial en regiones áridas y semiáridas de la provincia y el país.
Las normas legales, los controles permanentes y la eventual aplicación de sanciones a los infractores no alcanzan para revertir ese proceso de destrucción del bosque natural.
Por caso, Córdoba sancionó en abril del año pasado la ley 9.219 que prohíbe expresamente, por el término de 10 años, el desmonte total de bosques nativos en cada una de las parcelas –públicas o privadas– ubicadas en todo el ámbito de la provincia. La norma tiene por objetivo evitar las extracciones de árboles que se hacen con la finalidad de afectar las superficies ganadas al monte a actividades que imponen cambios sustanciales en el uso del suelo.
El instrumento contempla sanciones que van desde multas al decomiso de bienes, pasando por el arresto, la inhabilitación de establecimientos y la clausura definitiva de emprendimientos, entre otras.
Sin embargo, la Agencia Córdoba Ambiente –organismo que tiene a su cargo la aplicación de la ley– y la Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia, han realizado más de un centenar de operativos de control desde la entrada en vigor de ley 9.219 que ponen de manifiesto que el desmonte sigue constituyendo un problema de graves consecuencias ambientales, económicas y sociales.
Razones de peso
“El desmonte ha mermado un poco pero sigue y seguirá por mucho tiempo más dado que la agricultura, vía retenciones, representa para el Estado su principal fuente de ingresos económicos, algo que no puede aportarles el bosque nativo”, comentó y presagió Hugo Bertino, presidente de la Asociación de Productores para el Desarrollo Integral (Aprodein), con sede en Villa de María del Río Seco.
Precisamente este departamento del norte cordobés ha sido el más afectado por el desmonte en la última década; la soja, el maíz y el sorgo le arrebataron al bosque nativo alrededor de 100 mil hectáreas en ese lapso, según los registros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Córdoba.
Un técnico de la Agencia Córdoba Ambiente –que pidió reserva de su nombre para evitar inconvenientes– reconoció que “pese a la fiscalización constante y a la decisión política de aplicar la ley con rigor, el desmonte no se detiene”. El funcionario consideró que en ese proceso de degradación ambiental tiene mucho que ver una cuestión económica insoslayable. “500 hectáreas de monte pagan impuestos relativamente altos y no producen renta alguna o es mínima, mientras que esa misma superficie en soja genera ingresos importantes”, afirmó.
Este diario quiso recabar en Córdoba Ambiente información sobre el problema del desmonte pero un funcionario del área se excusó de suministrar datos argumentando que “el único autorizado para hablar del tema es Horaldo Senn (titular del organismo), quien está reponiéndose de las lesiones que sufrió en un accidente laboral. Retomaría sus actividades en una semana o 10 días”.
No obstante, trascendió que en el directorio de esa repartición existe preocupación porque el desmonte, si bien habría mermado en el último año y medio, sigue practicándose en niveles alarmantes, tal como se infiere de los resultados de los controles que se vienen realizando periódicamente desde la sanción de la ley 9.219 , y pese a la difusión masiva de esos operativos a través de los medios de comunicación.
Precisamente este departamento del norte cordobés ha sido el más afectado por el desmonte en la última década; la soja, el maíz y el sorgo le arrebataron al bosque nativo alrededor de 100 mil hectáreas en ese lapso, según los registros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Córdoba.
Un técnico de la Agencia Córdoba Ambiente –que pidió reserva de su nombre para evitar inconvenientes– reconoció que “pese a la fiscalización constante y a la decisión política de aplicar la ley con rigor, el desmonte no se detiene”. El funcionario consideró que en ese proceso de degradación ambiental tiene mucho que ver una cuestión económica insoslayable. “500 hectáreas de monte pagan impuestos relativamente altos y no producen renta alguna o es mínima, mientras que esa misma superficie en soja genera ingresos importantes”, afirmó.
Este diario quiso recabar en Córdoba Ambiente información sobre el problema del desmonte pero un funcionario del área se excusó de suministrar datos argumentando que “el único autorizado para hablar del tema es Horaldo Senn (titular del organismo), quien está reponiéndose de las lesiones que sufrió en un accidente laboral. Retomaría sus actividades en una semana o 10 días”.
No obstante, trascendió que en el directorio de esa repartición existe preocupación porque el desmonte, si bien habría mermado en el último año y medio, sigue practicándose en niveles alarmantes, tal como se infiere de los resultados de los controles que se vienen realizando periódicamente desde la sanción de la ley 9.219 , y pese a la difusión masiva de esos operativos a través de los medios de comunicación.
Los trucos
También se apuntó desde Córdoba Ambiente que la nueva modalidad de los desaprensivos para evadir las inspecciones consiste en preservar franjas de monte sobre las rutas y caminos y eliminar por completo el que se encuentre campo adentro para afectar el suelo a la siembra de granos. Esta práctica se detectó a partir de la comparación de imágenes fotográficas registradas desde el aire.
“Mientras la preservación del ambiente no sea una actividad rentable va ser muy difícil producir cambios culturales. Todo seguirá quedando en el plano de los discursos y las acciones bien intencionadas pero ineficaces”, señaló un experto en el tema, que trabaja para la Provincia. El profesional planteó la necesidad de definir políticas de incentivos económicos o desgravación impositiva para que los propietarios de campos donde existan recursos forestales naturales no se vean tentados a limpiarlos o venderlos a buen precio, aprovechando el boom de la agricultura.
“Mientras la preservación del ambiente no sea una actividad rentable va ser muy difícil producir cambios culturales. Todo seguirá quedando en el plano de los discursos y las acciones bien intencionadas pero ineficaces”, señaló un experto en el tema, que trabaja para la Provincia. El profesional planteó la necesidad de definir políticas de incentivos económicos o desgravación impositiva para que los propietarios de campos donde existan recursos forestales naturales no se vean tentados a limpiarlos o venderlos a buen precio, aprovechando el boom de la agricultura.
Héctor Brondo
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